Foto: Alto Comisionado para la Paz

El anuncio estuvo a cargo de “Iván Márquez” y Humberto de la Calle, jefes de las delegaciones de paz de las Farc y del Gobierno, respectivamente. Foto: Alto Comisionado para la Paz

Después de una intensa semana de discusiones, el Gobierno y las Farc anunciaron en La Habana que llegaron a un nuevo acuerdo de paz. Esta vez, el documento incluye algunas de las aclaraciones, precisiones y sugerencias que los voceros del No le entregaron a los negociadores del Gobierno después del plebiscito, cuyo resultado sumió al país en la incertidumbre.

Varias luces dio el jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, sobre las modificaciones que trae el nuevo acuerdo, que se dará a conocer la próxima semana. Entre ellas, que durante el proceso de dejación de armas la guerrilla presentará un inventario de los bienes y activos que están en su poder y que se destinarán a la reparación de las víctimas. El tema hizo parte de las solicitudes del uribismo, pero también de las de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc.

De La Calle también anunció que se mantendrá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, dijo que este segundo texto precisa dónde operarán los mecanismos de restricción efectiva de la libertad con los que los guerrilleros pagarán sus condenas, que tendrán un tamaño igual al de las zonas veredales donde los insurgentes dejarán las armas. En el tema del narcotráfico, se decidió que serán los magistrados de la JEP quienes definan caso a caso si la comisión de ese delito es conexo a la rebelión.

Las partes, además, aceptaron eliminar la posibilidad de nombrar magistrados extranjeros en la JEP y de procesar en esa jurisdicción a los civiles que tuvieron una “participación habitual” en conductas de financiación o colaboración con grupos armados. De esa manera, saldrán de la competencia de la JEP quienes financiaron a organizaciones paramilitares o guerrilleras. No obstante, la Jurisdicción sí podrá procesar a los terceros que “tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves”.

En cuanto al enfoque de género incluido en el acuerdo anterior, uno de los temas que fue objeto de controversia durante la campaña por el plebiscito, las partes dejaron explícito que consiste en reconocer que “el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer”. Asimismo, que “incluye un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, pertenencia a la población LGBTI, o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos”.

En el tema de tierras, el Gobierno y las Farc reiteraron que no se afectará la propiedad privada y que los programas para el desarrollo de la economía campesina “no impiden la puesta en práctica de diversas formas de producción, tales como la agroindustria o el turismo”. Además, que “el acuerdo por sí mismo no crea Zonas de Reserva Campesina”, formas de organización del territorio que han sido duramente cuestionadas por el uribismo.

Finalmente, en el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, se definieron las formas como las Farc cooperarán con el Estado para combatir el narcotráfico y se acordó que “la familia y los grupos religiosos” tendrán un papel protagónico en la puesta en marcha de las políticas para superar el consumo.

Pero quizá la modificación más sustancial es la eliminación de la idea de incorporar el acuerdo al bloque de constitucionalidad, que comprometía a todos los gobiernos futuros con la implementación e impedía que el acuerdo fuera alterado. Desde el punto de vista de las Farc, esa era la mayor prenda de cumplimiento de lo acordado. Sin embargo, el uribismo la calificaba como un “golpe de Estado” y una sustitución de la Constitución. Por eso, las partes la eliminaron y, a cambio, acordaron que “la garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado”.

Frente a esa modificación, “Iván Márquez”, jefe de la delegación de paz de las Farc, dijo que “el principal garante de la implementación de los acuerdos es el propio pueblo y sus organizaciones”.

De momento, el expresidente y senador Álvaro Uribe pidió que el nuevo documento no sea definitivo y que se les permita a los voceros del No y a las víctimas presentar observaciones y solicitudes de modificación. La exministra conservadora Marta Lucía Ramírez, otra de las líderes del No, declaró vía Twitter que “esperamos que los avances logrados no se presenten a opinión pública ni a la comunidad internacional como texto definitivo y permitan reacción constructiva”.

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