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Si el origen de nuestro actual conflicto pudiera ubicarse en una fecha exacta, esa sería el 9 de abril de 1948. Ese día permanece como una estampa en la memoria del país. No en vano, el 9 de abril es el Día de las Víctimas.

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Así como en aquel año que se tiñó de sangre con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, las décadas siguientes han visto morir a otros líderes políticos y periodistas en el mes de abril. Por eso, recordamos las vidas de cinco hombres que también se apagaron en el mes de las “lluvias mil”.

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Rodrigo Lara Bonilla

Lara Bonilla como Ministro de Justicia. Foto: CC.

Lara Bonilla como ministro de Justicia. Foto: CC.

En la noche del 30 de abril de 1984 el luto invadió al país: un ministro acababa de ser asesinado. Rodrigo Lara Bonilla, jefe del gabinete de Justicia del gobierno de Belisario Betancur, fue acribillado por un sicario: Iván Darío Guisado le disparó con una ametralladora. El verdugo y su acompañante, Byron de Jesús Velásquez se movilizaban en una moto y fueron enviados por el Cartel de Medellín. Los ‘narcos’ quería vengarse por las luchas que el ministro había emprendido para desmantelarlos.

Además, le querían “cobrar” el allanamiento de la Policía a Tranquilandia, el vasto complejo de producción de cocaína que tenía el Cartel de Medellín entre Caquetá y Meta. En ese entonces, la Fuerza Pública encontró 13,8 toneladas de cocaína avaluadas en 1.2 billones de dólares.

Después del atentado, el cuerpo de seguridad de Lara Bonilla emprendió la persecución contra los sicarios. Velásquez perdió el equilibrio en la huida, cayó de la moto, fue capturado y terminó pagando una condena de 11 años de cárcel. Guisado murió con el golpe.

La respuesta del gobierno de Betancur a este asesinato fue aprobar la Ley de Extradición. Una decisión que terminó por recrudecer la guerra entre el Estado y los narcotraficantes.

 

Carlos Pizarro

Carlos Pizarro, comandante del M-19. Foto: Pizarro, la película.

Carlos Pizarro, el último comandante que tuvo el M-19. Foto: Pizarro, la película

El 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro tomó un vuelo a Barranquilla. Llevaba mes y medio de vuelta a la vida civil, después de haber fungido por años como comandante del M-19. Era el candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19 para las elecciones de 1990.

Pero cuando el avión estaba en el aire, un sicario se levantó de su silla y descargó las balas de una metralleta. Gerardo Gutiérrez Uribe, alias “Jerry”, fue el hombre encargado del crimen.

Gravemente herido Pizarro, el asesino soltó el arma y fue neutralizado por los escoltas del candidato. Segundos después, otro agente de este organismo le disparó en la cabeza.

En principio el asesinato se el atribuyó a Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín. Sin embargo, las declaraciones de Alberto Romero, el entonces director del DAS, apuntaron a que el autor intelectual fue el comandante paramilitar Carlos Castaño, que siete años crearía las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dejaría una estela de sangre por todo el país.

 

Eduardo Umaña Mendoza

Eduardo Umaña Mendoza en su despacho. Foto: Cromos

Eduardo Umaña Mendoza en su despacho. Foto: Cromos

Haciéndose pasar por periodistas, tres miembros de la banda La Terraza, que trabajaba para la casa Castaño, entraron el 18 de abril de 1998 a la oficina del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, y le dispararon. Después huyeron en un taxi.

Desde entonces, la investigación judicial ha estado sumida en la lentitud. De hecho, a principios de este mes los abogados Jorge Molano y Germán Romero presentaron una solicitud ante la Fiscalía para que el crimen sea declarado de lesa humanidad.

Molano y Romero argumentan que el homicidio de Umaña fue parte de los ataques sistemáticos que ejecutaron los grupos paramilitares contra defensores de derechos humanos, representantes de víctimas y líderes de izquierda.  Según los juristas, el asesinato tenía el objetivo de acallar las denuncias sobre la relación que habían tejido paramilitares y agentes del Estado, así como su participación en ataques contra las poblaciones de varias regiones. De ahí que, según ellos, la investigación ha sido desviada por la Fuerza Pública y otros funcionarios.

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, hoy extraditado, aseguró en 2009 durante una audiencia de Justicia y Paz que el asesinato de Umaña fue ordenado por el jefe de las AUC, Carlos Castaño. Dos años después, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Enrique Low Murtra

Enrique Low. Foto: Archivo.

Enrique Low. Foto: Archivo

Este catedrático y político bogotano fue asesinado el 30 de abril de 1991 mientras salía de la Universidad de La Salle, donde era decano y docente.

Desde que era ministro de Justicia, en 1987, las amenazas de los carteles del narcotráfico empezaron a pesar sobre su cabeza. Entonces, esa cartera ministerial estaba marcada por la desgracia; los dos antecesores de Low, Rodrigo Lara Bonilla y Enrique Parejo, sufrieron atentados por parte de sicarios.

Con todo y eso, Low tomó el cargo, desde donde pronunció su famosa frase contra el narcotráfico: “Me podrá temblar la voz, pero no la moral”. Sin embargo, el 18 de julio de 1988 entregó el cargo por la cantidad de intimidaciones que había recibido. Fue designado embajador de Colombia en Suiza en un afán del gobierno de Barco por protegerlo. Hasta enero de 1991, cuando el presidente César Gaviria lo sacó del cargo y Low Murtra debió regresar a Colombia.

El asedio de los narcotraficantes nunca paró. En mayo de 1990 la brigada IV del Ejército encontró las grabaciones de una conversación entre Pablo Escobar y el abogado Guido Parra, en la cual el líder del Cartel de Medellín aseguraba haber realizado un contrato con ETA (grupo armado ilegal que luchaba por la independencia del País Vasco) para asesinar a Enrique Low en Europa.

Sin embargo, la protección por parte del Estado nunca llegó. Al día siguiente de su regreso al país, el exministro fue a la Cancillería a solicitar un vehículo de seguridad, que le fue negado por la “escasez de carros”. Tres meses después fue asesinado.

Por ese hecho, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación. La sentencia fue ratificada en 1997 por el Consejo de Estado.

 

Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres

Julio Daniel Chaparro a la izquierda y Jorge Enrique Torres a la derecha. Foto: Archivo.

Julio Daniel Chaparro (izq.) y Jorge Enrique Torres. Foto: Archivo

La noche del 24 de abril de 1991 fueron asesinados el periodista Julio Daniel Chaparro y el reportero gráfico Jorge Enrique Torres en el municipio de Segovia, Antioquia, mientras regresaban a su hotel. Ambos trabajaban para El Espectador. Han pasado 25 años y aún se desconoce quiénes fueron los autores del crimen.

Chaparro se encontraba realizando una serie llamada “Lo que la violencia se llevó”, en la que reconstruía la violenta cotidianidad a la que se enfrentaban varios pueblos del país a finales de los 80. Hasta entonces había visitado Carmen de Chucurí (Santander), Tacueyó (Cauca) y Tierralta (Córdoba). A esta serie se sumaría Segovia.

Al principio corrió el rumor de que habían sido atacados por las Farc, pero la guerrilla expidió un comunicado negando la autoría del crimen.

En diciembre de 1991 fueron llamados a juicio dos personas que, supuestamente, participaron en el crimen. Sin embargo, en 1994 fueron liberadas por falta de pruebas.  Tiempo después, ambas fueron asesinadas en Antioquia. Desde entonces, no se tiene ninguna pista de quiénes pudieron ser los culpables.

 

José Raquel Mercado

El busto al líder sindicalista José Raquel Mercado en el cementerio central de Bogotá. Foto: Blogspot.

El busto al líder sindicalista José Raquel Mercado en el cementerio Central de Bogotá.

El 19 de abril de 1976 fue encontrado el cuerpo sin vida de José Raquel Mercado, después de 64 días de haber sido secuestrado por el M-19. Mercado, que era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), fue asesinado por esa guerrilla, que lo acusaba de “traicionar” a los trabajadores. En la última conmemoración de su asesinato, los dirigentes sindicales de la CTC y de otras centrales obreras rechazaron el crimen y pidieron que se esclarezca la verdad.

 

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