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Con la entrega de armas de las Farc llegó el fin de esta guerrilla. De esta manera, Colombia avanza en la desactivación del conflicto armado; sin embargo, nos queda mucho trecho para desactivar la violencia letal. Un asunto fundamental es qué vamos a hacer con las armas que quedan, no solo en manos de actores ilegales, sino también en civiles, ciudadanos que efectivamente las usan. En 2016 cada día ocurrieron en el país 33 homicidios, de los cuales el 71 por ciento fue cometido con un arma de fuego.

La guerrilla de las Farc entregó 7.130, con una proporción de un arma por hombre —habría que recordar que en el proceso con las AUC está relación fue de 1 a 2 y en el caso del M-19 de 1 a 3—. Los críticos del proceso han abierto la pregunta sobre si fueron entregadas todas las armas, basados en cálculos inciertos, imposibles de estimar. Aún quedan las armas, municiones y los explosivos almacenados en al menos 850 caletas, cuyas coordenadas ya fueron entregadas por la guerrilla a la ONU.

Respecto a las disidencias, se ha ido revelando su presencia en las regiones, anticipando la violencia que nos queda, a la cual hay que sumar organizaciones criminales de distinto pelambre que continúan afectando la seguridad en el nivel local. Es indudable que estas agrupaciones cuentan con poder armado y afectan de manera cotidiana a las comunidades y que todavía tenemos una larga tarea para desarmar a la ilegalidad.

No contamos con datos actualizados sobre cuantas armas legales están circulando en Colombia y muchos menos de cuántas han ido a parar al mercado ilegal. Según la encuesta Small Arms Survey 2011, hay más de 2.700.000 armas en manos de civiles. En 2014, el Comando General de las Fuerzas Militares, reportó 560.667 armas de fuego amparadas que están en poder de 419.279 tenedores legales. De ellos, 264.736 corresponden a empresas y departamentos de seguridad (el 47 por ciento).

Ahora que las Farc se desarmaron, nos queda desarmar a la sociedad.

En contextos de baja regulación, presencia activa de organizaciones criminales y ausencia de mecanismos de resolución pacífica de conflictos, las armas en poder de los civiles constituyen un riesgo para las personas. Si bien la prevalencia en Colombia es baja, su uso es frecuente. Observando las cuatro ciudades principales, sabemos que en Cali la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego (83 por ciento). Le sigue Barranquilla con el 81,2 por ciento, Medellín con el 59,5 por ciento y Bogotá con el 57,3 por ciento. Una tendencia preocupante, revelada por el Instituto de Medicina Legal, es que hace una década el arma de fuego estaba en cuarto lugar de violencia contra la mujer; hoy está en primer lugar.

Dada esta realidad, para el país debe ser una prioridad avanzar en una política pública de desarme y de estricta regulación de las armas de fuego y municiones. Si bien desde los noventa se han desarrollado iniciativas para reducir la circulación de armas de fuego en manos de los civiles, el problema persiste. El más reciente esfuerzo es la prohibición al porte establecida por el actual Gobierno  —con excepciones contempladas para las empresas de vigilancia, los esquemas de seguridad del sector público y ciudadanos que demuestran que la necesitan para garantizar su seguridad—, el cual presuntamente ha tenido un impacto en la reducción de los homicidios, aún con evaluaciones al respecto.

Como señala el informe “Latinoamérica puede bajar el homicidio en un 50 por ciento en 10 años ¿Cómo hacerlo?”, de la campaña “Instinto de Vida”, medidas como esta son importantes pero insuficientes si no se avanza en un mayor control de las armas que tienen las empresas de seguridad, en el control estricto de las armas y municiones de las Fuerzas Militares —para evitar su filtración a las organizaciones criminales— y si no se cuenta con un estricto sistema de control del porte y la tenencia. Además, como lo ha señalado la FIP, es clave contar con un sistema de registro y seguimiento unificado para las armas ilegales incautadas en Colombia.

Dentro de las medidas a aplicar, “Instinto de Vida” identifica las campañas de recolección y destrucción de armas, así como la sensibilización dirigida a cambios de comportamientos en la ciudadanía. Expertos como Jorge Restrepo y Katherine Aguirre vienen insistiendo desde hace una década en la necesidad de que Colombia avance en un plan de desarme integral que cuente, entre otros elementos, con campañas pedagógicas para cambiar la percepción de que las armas proveen seguridad. La evidencia ha desmontando una y otra vez el mito de que las armas en manos de los civiles hacen a las sociedades más seguras.

Hoy, un día después del acto de dejación de armas individuales de las Farc, una parte de los colombianos está preguntándose si la guerrilla sí habrá entregado todas las armas. Deberíamos estar igualmente preocupados por los miles de armas de fuego que circulan y que son efectivamente usadas no solo por los actores ilegales, sino también por los ciudadanos. Ahora que las Farc se desarmaron, nos queda desarmar a la sociedad y especialmente a aquellos que tienen más probabilidad de usarlas, es decir, a las organizaciones criminales que se siguen beneficiando de los vacíos de regulación y control. De lo contrario, será muy difícil disminuir la violencia.

 

*Juan Carlos Garzón es investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz y asesor regional del Instituto Igarapé.

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