Los consejos comunitarios afro y los resguardos indígenas han perdido su autonomía territorial por las confrontaciones entre grupos como el ELN y el Clan del Golfo.

Juradó, un municipio enclavado en el norte del Chocó, padece los estragos de lo que sus comunidades y resguardos consideran una más de las violencias que como pueblo han sufrido históricamente. Tan sólo entre el mes de julio y agosto se han presentado retenciones y amenazas a contra 40 personas del corregimiento de Patajoná, el posterior secuestro de seis pescadores –hoy ya en libertad–, las intimidaciones a 20 indígenas del resguardo de Santa Marta de Curiche –en el corregimiento de Guarín– y la infortunada muerte de un bebé embera dóbida en medio de las confrontaciones entre el Clan del Golfo y el Eln.

La afectación más contundente que se percibe en este municipio es el riesgo inminente de desplazamientos masivos y el confinamiento al que ya están sometidos los juradoseños. Según la última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, presentada el 21 de agosto, son más de 300 las familias indígenas y afrodescendientes que literalmente están viviendo “encerradas”. En zonas rurales de Juradó como Playa Octavia ya han ocurrido desplazamientos hacia la cabecera municipal.

Entre tanto, son los pueblos indígenas que habitan la subregión norte del departamento, es decir, los embera dóbida, los wounáan, los katíos e indígenas zenú, los que están más vulnerables a violaciones de derechos humanos. “Los indígenas tienen un confinamiento más claro, ellos han elevado varias alertas, en diferentes fechas se han desplazado más a cabeceras municipales, a veces no pueden volver porque tienen situaciones de hambre extrema y los hostigamientos siguen” asegura José de la Cruz Valencia, líder del Comité de Derechos para las Víctimas de Bojayá, quien reside en la cabecera municipal de Bojayá, Bellavista.

El conflicto latente ha generado también ciertas rupturas en las relaciones de los pueblos indígenas y comunidades afros, ya que los grupos armados al margen de la ley se están infiltrando en sus comunidades y han logrado quebrantar la confianzas interétnica. “Desde los años noventas hasta 2005, la confianza era total y prueba de ello es que se movió la titulación colectiva afro, pero también la de los resguardos estaba avanzado. Hoy la confianza es mínima”, dice Plácido Bailarín, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó (ASOREWA).

Sin embargo, esta crisis originada por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan territorios no es reciente ni es paisaje exclusivo de la subregión del norte del Chocó. La situación que se vive en otras subregiones del departamento como el Atrato, y en las poblaciones que habitan las riberas del Río San Juan, es igualmente preocupante. Por ejemplo, en Bojayá, municipio que hace parte del Medio Atrato y que tiene una gran presencia de Fuerza Pública en su cabecera municipal desde que ocurrió la masacre del 2002, ha vuelto a aparecer un alto temor por la posibilidad de ser desplazados, tal y como ocurrió hace dos meses en los corregimientos que circundan a Bellavista.

En palabras de Plácido Bailarín, “hay un confinamiento total de las comunidades indígenas desde hace seis meses, desde que el año pasado se registró en octubre la muerte del gobernador indígena Aulio Isaramá. Desde ahí están los resguardos en una zozobra y miedo muy fuerte”. En este mismo sentido, la violencia ha modificado ya la corporalidad y el espacio, pues la forma natural de alimentarse de pueblos como los embera proviene de la caza y del aprovechamiento del entorno. Al dejarse de cazar se disminuyen las posibilidades de alimentarse de la comunidad y eso ha generado un fenómeno serio de casos de desnutrición infantil y hambre generalizada.

Johanna Herrera, directora del Observatorio de territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana y que primordialmente trabaja con el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan) y con el Consejo Comunitario Mayor del Alto Atrato (COCOMOPOCA), hace énfasis en los impactos cada vez más palpables que dejan la minería ilegal, la disputa por las rutas del narcotráfico, e inclusive la minería que se mueve en una delgada línea entre la legalidad e ilegalidad. “Lo que pasa en el ecosistema repercute en las prácticas culturales. Esos cambios abruptos en los ciclos del ecosistema cambian las prácticas de vida colectiva. La pesca en el Pacífico es nocturna, pero ya no se puede por la inseguridad. Se pierde la actividad y se pierde el conocimiento, se pierde el sujeto colectivo y sujeto étnico. Este es otro tipo de despojo que se nota mucho con las nuevas generaciones del Chocó”, dice.

Actualmente la confianza de la población civil hacia el Estado se encuentra fracturada. Las comunidades señalan estar más vulneradas en sus derechos fundamentales luego de que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, el mismo que supondría mayor tranquilidad de sus pueblos tras la dejación de armas de la estructura armada con mayor presencia en el departamento. “En el Chocó, el gobierno tenía bien documentadas las realidades de las zonas y primero llegaron actores como el Clan del golfo y el Eln para copar los espacios que le son útiles para el negocio del narcotráfico y minería ilegal. Hay una lucha territorial que se traduce en amenazas, confinamientos, desplazamiento”, revela José de la Cruz Valencia.

Ahora bien, un aspecto que ha sido poco discutido ante la opinión pública es la forma en la que se están “administrando” los territorios en municipios que ahora tienen al interior de sus comunidades a excombatientes que quieren reincorporarse, pero que son blanco de hostigamientos de nuevos grupos armados ilegales. “Hemos hecho seguimiento a la vida civil de los excombatientes y hay desacuerdos con los consejos respecto al manejo del territorio en el Atrato, por ejemplo en cómo se toman las decisiones en las cuencas, qué se tala y qué no. Considero que lo que tienen que hacer los excombatientes es aceptar y comprender que hay unas formas de manejo del territorio construidas históricamente por los consejos comunitarios y resguardos indígenas”, asegura Johanna Herrera.

Finalmente, las formas de vida cotidiana han sido modificadas o hasta suprimidas por manifestaciones de la violencia como la instalación de minas antipersona en corredores naturales para estos pueblos. Las comunidades al no tener una libre movilidad se han visto obligadas a comprar lo que esté a su alcance en las cabeceras, pero inclusive están teniendo restricciones para ingresar cualquier tipo de mercado. “Si la situación sigue así, en seis meses puede haber un gran desplazamiento de pueblos indígenas de todas las subregiones del departamento del Chocó hacia otros departamentos”, acota Plácido Bailarín.

Intervención del Estado

Luego de que el pasado lunes se produjera la muerte de un bebé Emberá de dos años, en el que resultaron heridas su madre y otra persona, el gobernador Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, convocó a un consejo de seguridad en el que se reforzó el Plan de choque de 100 días “El que la hace la paga, seguridad con legalidad”; una iniciativa que se estableció a inicios de agosto y que busca “fortalecer la convivencia y seguridad” de Juradó, Nuquí, Pizarro y Bahía Solano. ¿Cómo? incrementando el pie de fuerza en esos municipios en un 50 %. La política ya habría mostrado resultados al producirse capturas como la del cabecilla del Clan del Golfo, alias ‘Ernesto Henao’ quien hasta hace dos semanas tenía bajo su mando a 150 hombres.

Ahora bien, pareciera que la llegada de dos pelotones más del Ejército al casco urbano y zonas rurales de Juradó, como la captura de líderes de estructuras armadas ilegales, no son la fórmula con la que la institucionalidad del Estado podrá garantizar días más pacíficos para los habitantes del Chocó.

De hecho, ya en 2017 cuando la situación de confinamiento no era tan crítica para los resguardos y comunidades negras, se capturó a alias ‘Harrison’, cabecilla del Frente de Guerra Occidental del Eln, que delinquía desde hace 20 años en municipios como Juradó, Lloró y Tadó y esto no se vio traducido en el bienestar de los pueblos hoy vulnerados.

Los jefes de estas guerrillas y grupos criminales están siendo removidos sin problema. Si bien la esperanza flaquea entre la población, la gente considera –aún con las decepciones que ha dejado la implementación del acuerdo del Teatro Colón–, que lo más conveniente es que el gobierno siga los diálogos con el Eln y que el Clan del Golfo finalmente muestre voluntad de someterse a la justicia.

Queda la impresión que la Fuerza Pública y otras instituciones que representan el Estado no se han replanteado los roles que hasta el momento han desempeñado en una problemática que, según las comunidades es a todas luces deshumanizante por su proceder también.  “Por ejemplo, el gobierno departamental y otras autoridades del Estado no le están dando a las víctimas de desplazamiento, comida cercana a lo que se establece como alimentación cultural. Además, son ayudas que no se mantienen en el tiempo”, dice José de la Cruz Valencia.

Otra de las denuncias que ha tomado resonancia es que el Ejército va a los resguardos, pero no tiene en cuenta a las autoridades indígenas de los mismos, de tal manera que, en vez de proteger a los cabildos, los están vulnerando con su presencia. Según señalan miembros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó (ASOREWA), integrantes del Ejército han retenido indígenas y los han indagado para que, obligados, les digan dónde están los grupos contrarios que persiguen, ofreciéndoles de paso dinero para que les sirvan de informantes, pero en últimas desmejorando y empeorando la situación. En territorios donde confluyen más de un actor armado, es fácil que uno de estos los declare objetivo militar por tener “cercanía” con x o y grupo.

La discusión tiene tanto de largo como de ancho y atraviesa aristas tan sensibles y estructurales como los mecanismos para llevar inversión y generación de ingresos para las comunidades, y la cobertura de necesidades básicas insatisfechas. “Nosotros valoramos lo que hace la Defensoría, el problema es de la institucionalidad que tiene competencia sobre el tema, no hay voluntad política de la institucionalidad del Estado, los programas no llegan a las comunidades, a los indígenas. Si no llegan a las cabeceras municipales pues menos a las comunidades que viven con lo que la naturaleza les brinda. Además, debe haber un mecanismo o estrategia para que ellos nos consulten las actividades en el territorio, generarían más confianza y habría más avance”, sostiene Plácido Bailarín.

Para José de la Cruz Valencia, miembro del Comité por los Derechos de las Victimas de Bojayá, la presencia efectiva de un Estado real consiste en inversión en educación, salud y generación de oportunidades económicas. “Estamos rodeados de agua, pero no hay buenos acueductos ni sistema de alcantarillado, queremos seguridad como bienestar”, concluye.

El problema del territorio

Uno de los proyectos que sobre el tapete traerán más oportunidades de desarrollo para las zonas más golpeadas por el conflicto interno armado, los Planes con Enfoque de Desarrollo Territorial (PDET), ha tenido serios reparos para llevarse a buen termino en el Chocó. La ausencia de un enfoque diferencial y étnico en este plan de intervención es una de las razones del retraso en la definición de este, pero también de la generación de nuevas tensiones en el territorio.

Los funcionarios de la Agencia para la Renovación del Territorio tuvieron problemas en sus primeras reuniones con las comunidades para socializar los PDET que podrían realizarse en el departamento. “Aquí lo que está en juego es cómo se entiende el criterio de participación en estos nuevos escenarios transicionales. Las comunidades negras del Pacifico son ejemplo histórico de organización colectiva y sus planes iniciales homogeneizaban en sus categorías a la población rural, suprimían su componente étnico y no consideraban la diferencia cultural, generando desconfianza de las autoridades y comunidades étnicas. En el espíritu de los PDET hay muchas potencialidades si nos le medimos a conciliar agendas de abajo a arriba y no de arriba a abajo” dice Johanna Herrera del Observatorio de Territorios Étnicos de la Universidad Javeriana.

Quizás, la potencialidad a la que deberían aproximarse estos planes –al menos en su etapa de instauración– van más por el rumbo que han tomado proyectos en los que el gobierno nacional no ha sido el principal aportante, pero en los que sí ha contribuido. Ese es el caso del contrato entre la Unión Europea (UE) y el Instituto de Investigaciones del Pacífico (IIAP), en conjunto con los municipios de Bahía Solano, Juradó y Nuquí. Este sólo fue aprobado luego de 19 reuniones de consulta con las comunidades. El proyecto, por un valor de cuatro millones de euros (3,2 aportados por la Unión Europea y 800 por Colombia), busca algo que los chocoanos vienen exigiendo desde que sus ancestros llegaron provenientes de África: fortalecer las economías locales, ordenar el territorio, contribuir al cierre de las brechas sociales y culturales, y promover la cohesión social.

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