El desparecido jefe paramilitar Carlos Castaño alegó siempre que las AUC tenían un mando nacional unificado. 

¿De verdad existieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)? ¿Tenían un mando nacional encabezado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño? ¿Los comandantes paramilitares tenían la capacidad de castigar la indisciplina de los reclutas? Esas son las preguntas que se hizo la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá en su más reciente sentencia, contra el exjefe financiero del bloque Tolima de las AUC Indalecio Sánchez.

Los cuestionamientos, surgidos de la historia de peleas internas del bloque Tolima, tuvieron una respuesta contundente por parte del mismo Tribunal: “Las AUC no deberían ser catalogadas como una organización criminal con un mando nacional responsable, sino como una alianza temporal e inestable de diferentes dueños de ejércitos privados regionales y narcotraficantes (…) que por separado terminaron negociando con el comisionado de paz Luis Camilo Restrepo”, en el gobierno de Álvaro Uribe.

La conclusión no es de poca monta. Se trata de una determinación que, 11 años después de que terminara la desmovilización de los ‘paras’, pone en jaque la “historia oficial” de las AUC y la verdad judicial que sustenta el proceso de Justicia y Paz: que las Autodefensas eran una confederación nacional que actuaba de acuerdo a directrices generales, estructurada jerárquicamente, cuyo único objetivo era combatir a las Farc y al ELN, así como a sus bases sociales y redes de apoyo.

Dos son las razones fundamentales que expuso el Tribunal para llegar a la conclusión de que las AUC no existieron en la práctica: que no eran una confederación nacional, y que no tenían un mando general responsable de las acciones de bloques y frentes.

Estos son los hechos en los que se basó el magistrado Eduardo Castellanos, ponente del fallo, para cuestionar la visión de las AUC que difundieron los Castaño por más de una década.

Las peleas a muerte entre ‘paras’

Dice la sentencia que, si las AUC realmente hubieran sido una confederación, los jefes paramilitares no se habrían peleado a muerte por territorios y fuentes de recursos, que en teoría debían estar definidos y ser respetados.

Según el conteo del Tribunal, entre 1993 (cuatro años antes del nacimiento de las AUC) y 2005 (un año antes de la desmovilización total) distintas organizaciones paramilitares se enfrascaron en casi una treintena de “disputas violentas”. Al menos 14 de esas peleas ocurrieron por intereses sobre los mismos territorios. Por ejemplo, la invasión del bloque Tolima a las áreas dominadas por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el intento del bloque Centauros de controlar a las autodefensas de la familia Buitrago en Casanare y las incursiones del poderoso bloque Central Bolívar sobre áreas estratégicas del frente Héctor Julio Peinado Becerra. Para el Tribunal, esos casos “ejemplifican las ideas expansionistas y de irrespeto a la autonomía de mando que caracterizó el comportamiento de unos bloques con respecto a otros”.

Pero, además de disputas por tierras, los ‘paras’ se enfrentaron a muerte por plata. De acuerdo con el fallo, en la Costa Caribe, el Urabá antioqueño y el suroriente del país distintos grupos paramilitares libraron guerras intestinas por el control de las rutas del narcotráfico o la extorsión al comercio. Por ejemplo, el Tribunal contó cómo ‘Jorge 40’, jefe del bloque Norte, amenazó de muerte a Raúl Hasbún, jefe del bloque Bananero, “por haber acaparado las rentas provenientes de las multinacionales y comercializadoras nacionales de banano” en el Urabá. De haber sido una organización regida por las mismas directrices, dice la sentencia, las finanzas habrían estado centralizadas.

Foto de una reunión de comandantes paramilitares en Urabá el 18 de abril de 1997. Imagen: Sentencia del Tribunal de Bogotá

Como si fuera poco, los ‘paras’ también se rebelaron contra los que, en teoría, eran sus máximos comandantes: los hermanos Castaño. Lejos de tratarse de pequeñas disidencias, como ha ocurrido con las Farc, las divisiones en las AUC se contaron por bloques y varios cientos de hombres. Entre 2002 y 2004, en pleno proceso de desmovilización, los comandantes regionales de las AUC alias “Macaco”, “Rafa Putumayo”, “Jorge 40” y “Doble Cero” se separaron de las AUC por diferencias con los Castaño y, en ocasiones, les declararon la guerra.

Por esas razones, la Sala concluyó que es posible “contradecir la idea de una confederación nacional de grupos de autodefensa, pues el elevado número de disputas y las frecuentes insubordinaciones en las que se rechazó el mando de los Castaño así lo demuestran”.

‘El Estado Mayor Conjunto era una mentira’

Las negociaciones de paz entre distintos gobiernos y guerrillas en Colombia ha estado marcada, hasta nuestros días, por una característica elemental: que los comandantes de las organizaciones insurgentes son quienes negocian en la mesa, en representación de todas las estructuras que dirigen. No pasó lo mismo con la desmovilización de los paramilitares.

De acuerdo con los cálculos del Tribunal, la dejación de armas de las Autodefensas ha sido la más larga de la historia del país: tardó 32 meses, en parte porque se acordó en ocho mesas distintas como consecuencia de las fracturas en la organización. Las demoras son un claro síntoma, según la Sala, de que “el mando estuvo disperso en una serie de ‘señores de la guerra’ que negociaron por separado”; mejor dicho, de que no había “un mando nacional responsable”, como pretendió públicamente Carlos Castaño al alegar que existía un Estado Mayor Conjunto.

Foto: Alto Comisionado para la Paz

El exjefe paramilitar Ramón Isaza durante la ceremonia de desmovilización de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Los paras empezaron a entregar sus armas en 2003 y terminaron en 2006. Foto: Alto Comisionado para la Paz

Pero no solo se separaron para negociar según sus propias conveniencias. También se mataron unos a otros en plena negociación con el gobierno, sin que eso trajera consigo la suspensión de los diálogos. En ese proceso, pugnas por quiénes debían estar en la mesa, así como por las rentas y los poderes locales que se heredarían después, acabaron con la vida de los propios Carlos y Vicente Castaño, de Miguel Arroyabe y de alias ‘Cadena’. Este último, por ejemplo, fue asesinado por orden de ‘Jorge 40’ luego de negarse a ceder “los contactos con políticos y los recursos de las administraciones públicas en el departamento de Sucre”.

El Tribunal también cuestionó el hecho de que los Castaño les vendieran a narcotraficantes “una cantidad elevada de armas y hombres entrenados militarmente” para que los manejan “de manera autónoma”.

Por todas esas razones, los magistrados concluyeron que “las AUC, concebidas como una organización paramilitar jerárquica, con un mando nacional unificado y responsable, fue tal vez una intención genuina y un proyecto idealizado por Carlos Castaño Gil, que tuvo varios obstáculos para implementarse en terreno”.

La consecuencia directa de esa conclusión, al menos en el ámbito de Justicia y Paz, es que los delitos y los modos de operar de las distintas estructuras no pueden entenderse de la misma manera. Asumir a las AUC como una confederación, dicen los magistrados, “oculta” la forma como funcionaban los paramilitares en terreno.

De ahí que la sentencia proponga derrumbar el mito de las AUC para estudiar por separado los repertorios de violencia, las fuentes de financiación y las relaciones con agentes estatales que sostuvieron de manera diferenciada los comandantes de origen campesino, los narcotraficantes y los oficiales retirados del Ejército. También de los políticos y empresarios del campo que dirigieron las organizaciones paramilitares que azotaron el país por más de una década. Así planteada, es una deuda con las víctimas y la verdad.

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