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Justicia y Paz decidió juzgar colectivamente al bloque Metro de los paramilitares. Foto: Indepaz

Han pasado 21 años desde que alias ‘Filósofo’, un paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), viajó en moto entre Puerto Berrío y San Roque (Antioquia) haciéndose pasar por vendedor de frutas para identificar guerrilleros del ELN. Esa labor de inteligencia, más tarde se supo, fue el primer paso en la creación del bloque Metro de las AUC.

El pasado 15 de diciembre, después de ocho años de operación, el sistema transicional de Justicia y Paz anunció que juzgará a los excombatientes de esa estructura. Por solicitud de la Fiscalía, los magistrados del Tribunal Superior de Medellín determinaron que, pese a que no negociaron con el Gobierno ni se desmovilizaron en grupo, los exintegrantes del bloque Metro serán procesados colectivamente. La decisión le permitirá al ente acusador investigar con mayor celeridad cómo operó esa organización paramilitar, quiénes la financiaron y cuáles fueron sus víctimas.

La historia del bloque Metro empezó en 1996, cuando, ya enterado de cómo se movía el ELN en San Roque, el ‘Filósofo’ le entregó información de inteligencia a su jefe Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero”, abogado y antiguo teniente del Ejército. “Doble Cero” le transmitió los datos a Carlos Castaño —comandante y fundador de las AUC—, quien le pidió que incursionara en esa zona con 12 hombres, algunos provenientes del Urabá antioqueño, donde las AUC tenían escuelas de entrenamiento militar.

Según la Fiscalía, el pequeño grupo recibió armas, municiones y una camioneta, que usó para desatar una oleada de masacres en Providencia, San José del Nus y Cristales, todos corregimientos de San Roque. El 30 de julio de 1996 —en zona rural del pueblo y delante de campesinos— los paramilitares amarraron, asesinaron y descuartizaron a un hombre que trabajaba en la construcción de una carretera.

Poco a poco, la estela de muerte se fue extendiendo. En 1997, el grupo ejecutó asesinatos en los municipios antioqueños de Vegachí, Anorí, Cisneros, Santo Domingo, Yalí, Yolombó, Maceo, Caracolí y Puerto Berrío. Un año después, los ‘paras’ de “Doble Cero” llegaron a barrios periféricos de Medellín, donde había células urbanas de las guerrillas. Entre 1998 y 2002, el bloque incursionó en 15 municipios del Oriente de Antioquia, cuatro municipios del Norte y tres municipios del Sur. La Fiscalía dice que, “en el máximo de su esplendor”, tuvo más de 1.500 combatientes, y que fue uno de los “más militaristas y sanguinarios”.

Los 10 paramilitares que serán juzgados colectivamente por Justicia y Paz son algunos de los sobrevivientes de la lucha intestina que las AUC le declararon a “Doble Cero” en 2003, en plena negociación con el gobierno de Álvaro Uribe. Una pelea a muerte que se desató luego de que el bloque Metro denunciara que las Autodefensas se habían “narcotizado”, se declarara en disidencia y pidiera una mesa de negociación paralela. La confrontación empezó en Medellín, con el bloque Cacique Nutibara, y luego se extendió a zona rural de Antioquia.

Preocupadas por las posibles consecuencias de las acusaciones de “Doble Cero”, las AUC decidieron exterminar al bloque Metro. Durante 2003, paramilitares de los bloques Cacique Nutibara, Central Bolívar y Calima combatieron y asesinaron a sus antiguos compañeros de armas, hasta que les pusieron fin en San Roque. La cacería terminó en mayo de 2004 con el asesinato de “Doble Cero”, en Santa Marta.

El juicio en masa del bloque Metro facilitará la reparación de al menos 900 víctimas de 298 hechos delictivos de esa estructura paramilitar

Es por esa persecución que el bloque Metro no pudo negociar con el Gobierno ni someterse a la justicia, tal como tenía planeado su comandante. Algunos de los sobrevivientes, por distintas razones, se vincularon a otros bloques paramilitares, como el Héroes de Granada, el Cacique Nutibara y el Calima. Todos ellos se desmovilizaron como parte de esas estructuras para acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, pero es poco o nada lo que delinquieron con ellas.

De acuerdo con la Fiscalía, el juzgamiento en masa del bloque Metro permitirá que esos excombatientes —al fin— hagan aportes a la reconstrucción de la verdad, y facilitará la reparación de al menos 900 víctimas de 298 hechos delictivos que tiene este bloque y que, hasta ahora, estaban en el limbo.

En su pronunciamiento sobre el caso, el magistrado Juan Guillermo Cárdenas coincidió con la Fiscalía y dijo que “al efectuar el recuento histórico donde se devele el origen, ideología, modus operandi, prácticas, patrones, métodos de financiamiento, aprovisionamiento de armas, principales colaboradores, y daños individuales, plurales y colectivos del extinto bloque Metro se podrán conocer aspectos que no han sido dilucidados del conflicto armado”.

Según Cárdenas, otros dos temas podrían salir a la luz. El primero es la participación que tuvieron antiguos agentes estatales en las guerras que libró el bloque Metro. El magistrado asegura que “se trata de una agrupación paramilitar que contó con la presencia de un significativo número de exmilitares y expolicías, quienes una vez retirados y/o expulsados de las instituciones a las que pertenecían decidieron engrosar las filas ilegales”.

El otro tema tiene que ver con la financiación del bloque, que se distanció del narcotráfico. Para Cárdenas, el proceso colectivo develaría “quiénes, desde la sociedad civil (comerciantes, ganaderos, políticos, empresarios), brindaron ayuda y confluyeron en el auge y fortalecimiento de esta estructura”.

Los ‘exparas’ serán procesados por homicidio, tortura, secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado, tráfico de armas, extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes y hasta fuga de presos. Además de decenas de personas, entre las víctimas se encuentran organizaciones como Terpel, Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco), Cementos del Nare (hoy Argos) y la Cooperativa de Transportadores de Santa Rosa (Coopetransa). Los crímenes ocurrieron en municipios de Antioquia como Medellín, Marinilla, Guarne, Barbosa, Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Maceo.

Por cuenta de la lentitud de la justicia en el juzgamiento del bloque Metro, cuatro de esos 10 exparamilitares están libres sin condena: cumplieron los ocho años de prisión, la pena máxima que contempla la Ley de Justicia y Paz, y tuvieron que ser excarcelados.

El lío por otros 12 ‘exparas’

Aunque también pertenecieron al bloque Metro, el Tribunal de Medellín negó la vinculación de otros 12 excombatientes al nuevo proceso. La razón de dos de los tres magistrados que integran la Sala es que esos 12 sí delinquieron con los bloques con los que se desmovilizaron, por lo que deben ser juzgados con los exintegrantes de esas organizaciones.

El magistrado Cárdenas, los abogados de los ‘paras’ y los defensores de las víctimas estuvieron en desacuerdo con la decisión, por lo que el caso deberá resolverse en la Corte Suprema de Justicia. La razón de la oposición es que, a juicio de las partes, separar a los 22 exparamilitares impediría conocer la verdad completa y obligaría a las víctimas a acudir a múltiples juicios cuando los crímenes hayan sido cometidos por varios excombatientes.

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