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El alcalde Enrique Peñalosa. Foto: Flickr-Dodo

Este artículo fue publicado originalmente en VICE Colombia

Por Sebastián Serrano

Para los marihuaneros bogotanos el sonido de una moto es, a veces, el peor augurio. Cuando están fumando por en la calle, el motor de la Yamaha 250 que montan los patrulleros de la Policía es sinónimo de pedida de papeles, requisa y, finalmente, una mala noticia: “Se va para la UPJ” (Unidad Permanente de Justicia). Le pedimos a la Policía las cifras de personas trasladas a la UPJ (hoy llamada Centro de Traslado por Protección) desde enero 2012 hasta marzo de 2017 y este fue el resultado:

Según la Policía, en 2016 fueron 114.277 los bogotanos llevados a la UPJ, lo que significa unos 300 al día y un 41% más de los que la Unidad recibió en 2015, cuando el total fue 80.558. Cada día se llevan más gente: solo entre el primero febrero y el 31 de marzo de 2017 la Policía se llevó a 23.193 personas, o sea 93 personas más al día de las que se llevó en 2016.

La cifra era mucho más alta en 2012, cuando la cantidad de personas trasladadas (y retenidas durante 24 horas) era el doble. Luego fue bajando cada año hasta que, el primero enero de 2016, Enrique Peñalosa se posesionó en la Alcaldía de Bogotá. Y desde entonces se disparó, otra vez.

“Eso es muy grave”, dice Julián Quintero, director de Acción Técnica Social, una corporación que trabaja por la reducción del daño entre los consumidores. Para Quintero, las cifras “significan que mientras el resto del mundo se va alejando de la persecución al consumidor, en Bogotá lo que están haciendo es ofrecerles más represión y UPJ”. Eso, en caso de que buena parte de los traslados estén asociados a temas de consumo.

En teoría, con el nuevo Código de Policía deberían estar llevándose menos consumidores a la UPJ. Al redactarlo, los congresistas agregaron un asterisco en el que aclaran que “cuando se trate de un traslado por alteración del estado de conciencia la persona no podrá ser trasladada por el simple hecho de estar consumiendo”. Pero el Código también dice que cuando ocurra un traslado “deben existir motivos fundados y el agente de Policía (…) determinará si existen las razones objetivas”.

Para prevenir que los policías abusen de la facultad de llevarse a cualquier persona por 12 horas solo porque determinaron que “existen las razones objetivas” para hacerlo, la Personería de Bogotá cuenta con un delegado en la UPJ, ahora CTP. En lo corrido de 2017 este delegado ha devuelto a 6.432 personas que no tenían por qué estar allá.

En sus informes, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, una entidad que la Alcaldía de Peñalosa creó a mediados del año pasado, no ha ofrecido ninguna explicación para el considerable aumento de personas llevadas por la policía a la ex UPJ. Sin embargo, la jefe de prensa de la Secretaría asegura que las personas no están siendo retenidas, sino trasladas al CTP “para evitar que se hagan daño y que hagan daño a los demás”.

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