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Los indígenas wayuu habitan la zona desértica de La Guajira. Foto: Flickr-Carolina Correa Mosquera

La indignación se toma la voz de Erminia Granadí Uriana, una aguerrida autoridad indígena wayuu de Uribia, en La Guajira. Habla con rabia y dolor. Se siente humillada porque hace varios días el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía le echó gases lacrimógenos a los cerca de 200 indígenas que bloqueaban la línea férrea con la que El Cerrejón transporta carbón hasta Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, para protestar por el cambio de operador que les suministra los alimentos a los niños de la comunidad. Fue la última de una serie de agresiones que, dicen los indígenas, golpearon su dignidad.

Los wayuu arrancaron los bloqueos el pasado 31 de enero y, según ellos, fue la única forma de llamar la atención del Gobierno. Erminia dice que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) “cambió el operador de la noche a la mañana, sin hacer una concertación con las autoridades”. Pero el Instituto no quiere dar el brazo a torcer, porque no está obligado a hacer consultas para elegir a sus operadores.

Sin embargo, en las condiciones en las que viven los wayuu, la forma como el Gobierno entrega los subsidios de alimentación es un tema de vida o muerte. En su informe de 2014 titulado “Crisis humanitaria en La Guajira”, la Defensoría del Pueblo dijo que en todas las rancherías que visitó en sus labores de verificación encontró que los wayuu solo pueden darles a sus hijos dos sopas del maíz al día.

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En ese entonces, la Defensoría contó que “en las escuelas donde se recibe apoyo nutricional del Estado para el desayuno o almuerzo, la ración es insuficiente, hasta el límite que muchas se ven obligadas a dividir un huevo para dos niños, (así como) el pan y otros víveres”. También concluyó que en las escuelas no hay neveras, por lo que la carne y la leche se pudren y “son consumidos en mal estado por los niños, lo cual origina infecciones intestinales y enfermedades”.

En 2015, el propio presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente que desde 2007 habían muerto de desnutrición 294 niños en La Guajira. Según cifras oficiales, el año pasado murieron 89 menores por desnutrición y en lo que va de 2017 se han reportado siete fallecidos.  Por eso, los wayuu son celosos con la selección de los operadores.

Foto: Flickr- Michael McCullough

Así es una escuela wayuu. A la derecha, un letrero del Icbf.  Foto: Flickr- Michael McCullough

Ya desde diciembre de 2016, las comunidades de la Alta Guajira le habían manifestado al Gobierno su inconformidad por los cambios. A mediados de enero, el alto consejero para las Regiones, Carlos Correa, llegó a Uribia para enterarse del tema de boca de una asamblea de autoridades wayuu. Allí, Correa se comprometió a llevar las solicitudes “a una mesa de trabajo interna” y prometió resultados.

Pero pasaron dos semanas y los indígenas no volvieron a tener noticias. Por eso, decidieron bloquear la línea férrea de 150 kilómetros que conecta la mina que explota Cerrejón en Albania, Barrancas y Hatonuevo con el puerto Bolívar, considerado por esa compañía como “el terminal carbonífero más importante de América Latina y uno de los de mayor tamaño del mundo”. Por la línea que taponaron los indígenas pasan 562 vagones que sacan entre 96 y 110 toneladas de carbón cada uno, así como trenes que llevan suministros a la mina.

“Llegaron a sacarnos como animales y se llevaron chinchorros, ollas, teléfonos y plata que teníamos en la mochilas”

María del Rosario Ruiz es otra autoridad wayuu. Casi no habla español, pero cuenta que después de que le plantearon sus inquietudes al Gobierno “les echaron unos papeles a las puertas de los voceros en Riohacha. Y ahora, cuando estamos en la carretera, echaron otros”. Los “papeles” de los que habla María del Rosario son panfletos amenazantes. Nirba Ipuana, una de las indígenas que participan en la protesta, confirma la historia: “El miércoles pasado, desde Manaure a Riohacha, nos echaron puros papeles con amenazas. Decían que nos daban 24 horas para desalojar la vía férrea y, que si no, nos mataban”. Pero los indígenas no se fueron.

El sábado antepasado, luego de un consejo de seguridad en el que participaron los wayuu, la policía llegó a la comunidad Katsaliamana —donde se concentra la manifestación— y capturó a siete hombres, casi todos autoridades indígenas. Erminia alega que “los sacaron de aquí a media noche, como a unos delincuentes”. El domingo, cuentan los manifestantes, el Esmad liberó la línea a punta de gas: dos ancianas wayuu se cayeron y se lastimaron mientras huían. Nirba dice que los policías “llegaron a sacarnos como animales y se llevaron chinchorros, ollas, teléfonos y plata que teníamos en la mochilas”.

Y aunque el mismo domingo fueron liberados los siete capturados, los wayuu aún no se recuperan de lo que consideran un “maltrato a las autoridades”. Por eso, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) declaró que “al llamado al diálogo de los pueblos indígenas, el Gobierno y el Estado de la paz responden con vientos de guerra”. Cerrejón, por su parte, emitió un comunicado de prensa en el que declaró que “rechaza las vías de hecho como mecanismo de protesta”.

Con todo, los wayuu dicen que no abandonarán la manifestación y que seguirán esperando resultados por parte del Gobierno.

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