Foto: CIDH

En 2013, los dirigentes de Afrodes Bernardo Cuero (izq.), Erlendy Cuero (centro) y Marino Córdoba (der.) asistieron a la CIDH para exponer la situación de los líderes afrodescendientes en Colombia. Foto: Eddie Arrossi Photography-CIDH

La preocupación por el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos e integrantes de movimientos sociales y políticos llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una audiencia realizada el pasado martes en Washington, la vicefiscal María Paulina Riveros nombró una a una las dificultades que enfrenta el Estado para juzgar a los responsables de los ataques contra líderes y para garantizar la seguridad en los territorios. Una intervención que fue cuestionada por los tres dirigentes sociales que participaron en la audiencia, entre los que se encontraba Pedro Cortés, del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Cortés, que iba en representación de varias coaliciones de organizaciones afrocolombianas, le contó a la Comisión un dato alarmante: dijo que tres dirigentes de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) estaban en riesgo de ser asesinados y que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no había hecho nada para protegerlos, porque consideraba que su situación de riesgo era ordinaria. En respuesta a ese reclamo, el director de la UNP, Diego Mora, declaró en la audiencia que 187 afrodescendientes tenían algún tipo de protección y que el sistema de selección de los beneficiarios era eficaz.

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Más allá de la pelea pública, lo cierto es que las personas de las que habló Cortés alegan ser víctimas de atentados y amenazas. En el fondo, según sus propios relatos, hay complejas disputas por la defensa de los derechos humanos en barrios pobres de Barranquilla, Cartagena y Cali. La situación es de tal gravedad que los amenazados pasan la mayor parte del tiempo confinados en sus casas y han reducido notablemente su trabajo comunitario.

Erlendy Cuero es la vicepresidenta de Afrodes y una de las amenazadas. Llegó a Cali en 2000, cuando las Farc la desplazaron de Buenaventura (Valle del Cauca) para resolver por la fuerza una disputa por la propiedad de una finca. “Como me rehusé a dejar lo mío, fui abusada sexualmente por personas enviadas por las Farc para presionar definitivamente mi salida”, cuenta ella, que por entonces se dedicaba a comercializar chontaduro. En su nueva condición de desplazada, Erlendy se vinculó a los procesos barriales de la comuna 14 de Cali y creó la organización “El camino propuesto” para trabajar con desplazados.

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Desde allí, evidenció casos de microtráfico y reclutamiento de afros pobres por las pandillas locales, lo que le valió un segundo desplazamiento: tuvo que abandonar la comuna e irse al barrio Llano Verde, de Cali, donde denunció múltiples asesinatos de personas afro a manos de pandillas y bandas criminales. En ese lugar vivió hasta 2014, cuando huyó de su casa luego de que, según ella, dos personas intentaran asesinarla.

Pero todo empeoró en marzo de 2016, cuando el hijo de Erlendy se salvó de una atentado con pistola. Desde entonces, ambos viven en “un conjunto residencial, con seguridad 24 horas y cámaras”. El miedo a que ella o su hijo sean asesinados ha truncado el trabajo de Erlendy en los barrios de Cali, así como sus viajes a otras regiones del país para recoger información sobre violaciones de derechos humanos y acompañar a las víctimas.

En diciembre de 2016, y contrario a las negativas de la UNP para suministrar medidas de protección, la CIDH reconoció que Erlendy y su hijo “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal enfrentan un riesgo inminente”. Por eso, la CIDH le pidió al Estado que protegiera a esa líder comunitaria. Sin embargo, la UNP aún no le ha asignado un esquema de protección, con el argumento de que debe hacer un nuevo estudio de riesgo.

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El otro dirigente de Afrodes que asegura estar en peligro de muerte es Bernardo Cuero, fiscal nacional de esa organización. Bernardo es uno de los militantes de izquierda que fueron desplazados de Tumaco (Nariño) por paramilitares del bloque Central Bolívar a comienzos del 2000. En ese municipio, desde finales de los 80 y hasta 1991, fue secretario del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, y dirigente del Movimiento Comunal y Comunitario, con el que alcanzó una curul en el concejo. Trabajó, además, con la religiosa Yolanda Cerón, asesinada por paramilitares en 2001 y una de las figuras más destacadas del amplio movimiento cívico de Tumaco que se oponía a la presencia de paramilitares, a la aspersión aérea y a la siembra extensiva de palma africana en territorios de comunidades negras.

Foto: CIDH

A la izquierda, Pedro Cortés, quien denunció las amenazas contra tres líderes de Afrodes en la última audiencia de la CIDH sobre agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia. Foto: CIDH

A finales de 2000, luego de sobrevivir a dos atentados, Bernardo salió de Tumaco con ayuda de la Fiscalía. Viajó a Barranquilla, y más tarde se asentó en Malambo (Atlántico), donde se convirtió en presidente de la junta de acción comunal del barrio Villa Esperanza. Desde esa posición, buscó generar entornos seguros para los jóvenes pobres. Asegura que “nosotros empezamos a quitarle terreno a la delincuencia, solo en este barrio logramos sacar alrededor de 350 niños y niñas”. Al igual que Erlendy, Bernardo dice que “ese trabajo me ganó muchos enemigos. Los microtraficantes empezaron a decir que yo los estaba denunciando, que les estaba quitando vendedores y consumidores, y que les había bajado las ventas”.

En 2013, luego de que Bernardo recibiera varias amenazas y sobreviviera a un atentado de homicidio, la UNP le asignó un celular y un chaleco antibalas. Pero el 6 de junio de 2016 ocurrió un nuevo atentado, en el que un sicario disparó repetidamente contra su casa. Pese a ello, en agosto de ese año, la UNP le pidió a Bernardo devolver las medidas otorgadas. En un análisis de la situación de seguridad de ese dirigente, la Unidad Nacional de Protección concluyó que “el evaluado presenta conflicto con algunos residentes del barrio. La situación de seguridad que argumenta se origina por un evento de intolerancia, donde la mayoría de los habitantes del barrio no apoyan la gestión que realiza, razón por la cual se presentan señalamientos, agresiones verbales e incluso físicas”.

Vea aquí: Decisión de la UNP sobre el caso de Bernardo Cuero

Sin embargo, Bernardo insiste en que las pandillas no le perdonan su trabajo con los jóvenes, que sus hijas han recibido llamadas amenazantes para presionar su salida de Malambo, y que su trabajo comunitario se ha limitado “a la más mínima expresión”.

El tercer amenazado al que se hizo referencia en la audiencia de la CIDH es Arnaldo Hernández, líder de Afrodes en Cartagena. Arnaldo es desplazado del Urabá antioqueño y representa a los afro en la Mesa Departamental de Víctimas de Bolívar. Como los demás, ha recibido amenazas y atentados. Aunque la UNP le asignó un teléfono y un chaleco, su situación de seguridad es tan grave que abandonó Cartagena, donde vivía, y se marchó a un pueblo de la zona rural del departamento.

Marino Córdoba, coordinador nacional de Afrodes, asegura que desde 2012 tiene documentadas más de 145 amenazas contra los integrantes de esa organización. Las alertas buscan impedir que, como ha ocurrido recientemente con líderes de distintas organizaciones, los dirigentes de Afrodes sean asesinados.

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