Nury fue beneficiaria de la atención psicológica proporcionada por Médicos Sin Fronteras. Foto: Marta Soszynska | MSF

Hace 16 años, a Nury, una vendedora de pescado de Buenaventura, le mataron a su hijo. Lo decapitaron y le prendieron fuego. Después de lo ocurrido, la mujer sufrió de ataques de pánico y algunos síntomas de esquizofrenia.  “No hay una sola persona en Buenaventura que no haya presenciado la violencia”, dice ella. Y es que el conflicto armado, aparte de las muertes, ha causado heridas invisibles como trastornos psicológicos y enfermedades mentales.

Estrés postraumático, depresión y ansiedad son solo algunas de las secuelas que la guerra causó en esa región del país, secuelas de las que Nury y otras 6.000 personas han intentado recuperarse con la ayuda de Médicos Sin Fronteras (MSF) durante 2015 y 2016.

El testimonio de Nury hace parte de A la sombra del proceso: impacto de otras violencias en la salud de la población colombiana, un informe elaborado por la ONG Médicos Sin Fronteras, en el cual se revelan datos sobre las problemáticas relacionadas con salud mental en Buenaventura y Tumaco, regiones duramente golpeadas por la violencia.

Según el documento, aunque el conflicto con las Farc cesó entre 2015 y 2016, los habitantes de esas dos regiones continuaron siendo víctimas de amenazas, desplazamiento forzado, asesinato o desaparición de familiares, entre otros flagelos. Esa exposición constante a la violencia causó que el 38 % de las 6.000 personas tratadas por esa organización en ese periodo presentaran enfermedades como ansiedad y depresión.

Porcentajes extraídos a partir de las 6.000 personas atendidas por Médicos Sin Fronteras. Gráfico: MSF

“La depresión se vincula con la exposición repetida y prolongada a escenarios de violencia, y se manifiesta a través de sentimientos de desesperanza, de incertidumbre por el futuro y de que la lucha por una vida mejor ya no tiene sentido. La ansiedad aparece por la incertidumbre y el miedo de volver a pasar por este tipo de eventos y en la mayoría de los casos ya no desaparece si hay nuevas exposiciones a la violencia, generando en la persona un estado constante de alerta y necesidad de protección”, advierte MSF en el informe.

Pese a que la presencia de MSF contribuyó a la mejoría del 66 % de las personas tratadas durante ese lapso, esa organización denunció la falta de atención oportuna a la población y al seguimiento riguroso de los casos. Según el documento, el sistema de salud es insuficiente: “Los servicios que ofrece se basan principalmente en la disponibilidad de algunos psicólogos en la atención primaria y estos no realizan procesos terapéuticos, sino que se enfocan en actividades de sensibilización y solo atienden algunos casos de forma puntual”, señaló MSF. Frente a este punto, Juan Matías Gil, jefe de misión de MSF en Colombia le dijo a ¡Pacifista! que durante este año, la organización continúa enfrentándose a un vacío institucional. “El Estado se enfoca en procesos de promoción y prevención pero no hay muchos psicólogos que se dediquen a la atención clínica” afirmó Gil.

Adicional a esto, MSF manifestó su preocupación con respecto a la inestabilidad laboral de los psicólogos de la región. Según esa ONG, entre 2015 y 2016 se presentó una rotación abrupta de ese personal debido a que todos tenían contratos de prestación de servicios. Esa rotación desencadenó en interrupciones a la atención. “Las consecuencias más graves de esa inestabilidad las sufren los pacientes. Por ejemplo, un psicólogo determina que un paciente necesita ocho sesiones y el paciente asiste a las primeras, en ellas se abren temas muy delicados. Si se interrumpe el proceso debido a esos problemas estructurales, puede resultar muy peligroso para su salud mental”, advirtió Gil.

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Otra de las preocupaciones de MSF radica en la precariedad de la atención psiquiátrica en Tumaco y Buenaventura. Según la organización, quienes requieran ese tipo de atención deben hacer largos trayectos hacia grandes ciudades como Pasto y Cali, pues los servicios de salud mental no están disponibles en esas regiones. Gil explicó que “los casos psiquiátricos requieren de atención urgente para que se realicen procesos psicoterapéuticos. En esas regiones no hay psiquiatras y eso supone varios problemas: primero, las EPS suelen poner trabas a la hora de autorizar translados de los pacientes y segundo, hay enfermedades que requieren de medicamentos, los cuales solo pueden ser autorizados por un psiquiatra”.

Según Gil, la situación no parece haber cambiado durante este año. El jefe de misión aseguró que las disputas entre grupos armados no identificados tras la salida de las Farc de esas regiones continúan poniendo en riesgo el bienestar mental de la población. Además de la violencia latente, Gil afirmó que la presencia estatal tampoco ha mejorado durante el posconflicto. “Seguimos atendiendo a la misma cantidad de personas. En lo que va del año, hemos tratado a 1.608 habitantes de esas regiones”, concluyó.

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