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Cultivos de coca. Foto por: Jaime Barbosa.

Cultivos de coca. Foto: Jaime Barbosa

Aunque la sustitución y la erradicación de los cultivos ilícitos no es una solución definitiva al problema de las drogas, sí es una de las medidas en las que el Gobierno enfoca sus esfuerzos para acabar el narcotráfico. Los cultivos son la materia prima del negocio y los cultivadores el primer eslabón de la cadena. Sin ellos no hay negocio, pero ellos, en muchos casos, no tienen más que la coca como fuente de ingreso.

Colombia, a lo largo de los años, ha demostrado avances en materia de reducción de las áreas sembradas y del potencial de producción de cocaína. Según el Reporte de Drogas 2016 realizado por el Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia (ODC), en 2000 el país alcanzó su récord histórico de área sembrada: 163 mil hectáreas. En 2011, bajó a 64 mil, y en 2012 continuó en descenso, hasta llegar a 48 mil, aunque algunas zonas se mantuvieron estables.

A pesar de esa tendencia hacia la reducción, los dos últimos años mostraron un incremento de los cultivos. En 2015, el área sembrada tuvo un aumento del 39% en relación con el año anterior, pasando de 69 mil hectáreas a 96 mil y alcanzando una producción de base de cocaína equivalente a 646 toneladas de clorhidrato de cocaína pura.

Un reporte de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) y del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos planteó cuatro explicaciones al incremento de las áreas sembradas durante estos dos años. La primera se centra en las posibles expectativas que se crearon para los cultivadores por los beneficios que podrían recibir como contraprestación por la futura eliminación de los cultivos. La segunda, en la transformación del mercado de la cocaína, pues Colombia ha pasado de ser un país exportador a uno exportador-consumidor, enfocando su mercado también en las ciudades. La tercera, en la devaluación del peso y, la cuarta, en elementos coyunturales que afectaron actividades lícitas en las regiones, como la crisis del petróleo y la sequía en Antioquia y el sur de Bolívar.

Este año, el Gobierno se propuso erradicar 100 mil hectáreas de coca. Una decisión que no cayó bien entre los cultivadores, que defienden la sustitución. Sin embargo, la estrategia del Gobierno contra los cultivos ilícitos y producción de droga incluye ambas medidas y no descarta la aspersión aérea. El reporte del ODC dice que “los cultivadores solo reciben el 1,4% de los ingresos totales de todos los niveles del tráfico de la cocaína, y en la cadena del negocio son los más vulnerables”.

El futuro de la coca en 2017

Este viernes entró en vigencia el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que fue acordado en la mesa de conversaciones de La Habana. El programa será liderado por la Alta Consejería para el Posconflicto, contará con la participación de las Farc y busca sustituir 50 mil hectáreas en más de 40 municipios durante su primer año de implementación.

Una de las condiciones que determinará el éxito del programa, cuya esencia es el abandono de forma inmediata de los cultivos de uso ilícito, es el consenso que se logre entre el Gobierno y los campesinos. Todo dependerá de las garantías que ofrezca el primero, y de la voluntad de los segundos. Pero hay una condición: no se atenderá a los cultivadores que hayan sembrado después del 10 de julio de 2016, cuando se puso en marcha el esfuerzo de sustitución voluntaria entre el Gobierno y las Farc en Briceño (Antioquia).

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Los recursos contemplados para el programa son superiores al billón de pesos y se distribuirán así durante el primer año: un millón de pesos mensuales hasta por 12 meses por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario; un millón 800 mil pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria, por una sola vez —tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores— y nueve millones de pesos, por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de piscicultura y avicultura.

A partir del segundo año, el Gobierno invertirá por familia hasta 10 millones de pesos en proyectos productivos y mano de obra. Adicional a eso, creará una línea de crédito especial. El programa contará con la asistencia de más de 660 técnicos agropecuarios que prestarán asesoría.

El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, anunció que el programa se centrará en los 40 municipios que producen más del 50% de la coca de Colombia, y que ya hay acuerdos con comunidades de Vichada y Caquetá. El municipio con más cultivos es Tumaco (Nariño), con 16.960 hectáreas.

Fumigación aérea y erradicación forzada no se descartan

En La Habana, el Gobierno y las Farc acordaron priorizar la sustitución voluntaria, pero también que no se renunciaría a la erradicación forzada. Los campesinos se oponen a esa opción y a la aspersión aérea, que de momento se encuentra suspendida. Sin embargo, el Gobierno, para dar vía libre a estos métodos, parte de pensar que no todos los cultivadores son campesinos que tienen como sustento la hoja de coca. “Quienes cultivan coca no son solamente pequeños campesinos, también hay narco cultivadores y el Gobierno no ha renunciado a la sustitución forzosa de los cultivos”, dijo Pardo.

En 2015, el último año que se asperjó con glifosato, se fumigaron entre enero y septiembre 37.199 hectáreas. La aspersión se realizó en Putumayo, Nariño, Caquetá, Meta y Guaviare. En cuanto a erradicación manual, ese mismo año se eliminaron 13.445 hectáreas de cultivos de coca en 25 departamentos.

Pero la erradicación forzada no es tan viable como parece. Según Pardo, fumigar una hectárea de coca cuesta alrededor de 20 millones de pesos. El problema es que “para que una hectárea deje de producir hay que fumigarla cuatro o cinco veces. Estamos ante un programa (el de sustitución voluntaria) que es mucho mejor en términos de costo efectividad, porque además asegura la transformación del territorio y una nueva vida para las personas que hoy se han visto volcadas al cultivo de coca”, aseguró el alto consejero.

La idea, a fin de cuentas, es encontrar una solución definitiva. Por eso, antes que erradicar de manera forzada, se buscará que la sustitución sea voluntaria y que los territorios afectados se conviertan en un potencial para la economía del país.

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