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El asesinato de líderes sociales se está convirtiendo en una tragedia. El pasado dos de marzo, hombres encapuchados acabaron con la vida de otro dirigente comunitario, en Bello, Antioquia. Se trata de Fabián Rivera, presidente de la Junta de Acción Comunal Rosalpi, que fue interceptado por varios hombres encapuchados mientras viajaba en su moto. Los sicarios le dispararon y le causaron la muerte.

El hecho, según medios de comunicación regionales, sucedió “en cercanías al cementerio San Andrés, en la diagonal 61 con la avenida 49, en el barrio Niquía Camacol, sector que está bajo el control de la banda que lidera alias el Tío y que está aliada con la banda El Mesa”.

En un comunicado público, la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Bello rechazó “el vil crimen de este líder comunal” y le solicitó a “las autoridades competentes hallar a los responsables del hecho”.

Antioquia se ha convertido, desde el inicio de la implementación de los acuerdos de paz, en el segundo departamento que más líderes asesinados ha puesto. Desde el primero de diciembre del año pasado, han matado a cinco dirigentes comunitarios y, según las denuncias, todos han sido asesinados de la misma forma.

En varios de los hechos reportados ocurre el mismo modus operandi: hombres encapuchados se bajan de una moto, preguntan el nombre de la víctima y disparan. Las organizaciones sociales de las regiones afectadas han señalado a las Autodefensas Gaitanistas como perpetradores de esos crímenes.

En diciembre del año pasado, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo en medios que los homicidios de líderes sociales no son sistemáticos. “Hay una multicausalidad en el origen de las amenazas, de las muertes y de las afectaciones a la integridad de estos líderes sociales”.

Desde entonces, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre el asesinato de dirigentes comunitarios en el país.

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