Foto: Cortesía Farc

Los guerrilleros presos arrancaron la huelga de hambre el pasado 26 de junio, el mismo día en que las Farc dejaron las armas. Foto: Cortesía Farc

Veinticinco días en huelga de hambre duraron más de 1.500 guerrilleros que están presos en cárceles de 18 departamentos del país. La protesta, que incluyó cosidas de boca, se levantó en la noche de este jueves, luego de que el gobierno expidiera un decreto para ayudar a resolver el problema que desató la desobediencia: la demora en la liberación de los insurgentes que no pueden ser indultados ni amnistiados, pero que el acuerdo de paz prometió excarcelar mientras arranca la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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El nuevo decreto es producto de reuniones entre las organizaciones de abogados que defienden a los guerrilleros y distintas entidades del gobierno, y detalla la manera como deben adelantarse las excarcelaciones. La medida busca resolver las dudas de los jueces del país, temerosos de liberar a los guerrilleros procesados por delitos que no se consideran políticos, así como a los que enfrentan procesos judiciales en distintos despachos.

El documento, expedido por el Ministerio de Justicia, incluye varios cambios en el trámite. Entre ellos, que la decisión judicial no deberá tardar más de 10 días, que los guerrilleros podrán solicitar que se reconsideren las decisiones que les sean adversas y que la información entre las autoridades deberá circular por correo electrónico.

El decreto también incluyó una medida clave que promete agilizar las excarcelaciones: en adelante, las personas condenadas o procesadas por pertenecer o colaborar con las Farc no deberán presentar la acreditación de pertenencia a ese grupo guerrillero. Documento que, hasta ahora, estaba expidiendo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp). La decisión pretende liberar el cuello de botella que se había armado en la Oacp, que no daba abasto para entregar los certificados y responder las solicitudes de autenticidad elevadas por los jueces.

Foto: Twitter - Jesús Santrich

Durante la huelga, Santrich (der.) se reunió con distintos políticos y activistas. A su izquierda, Gloria Gaitán, la hija del desaparecido caudillo Jorge Eliécer Gaitán, y una fotografía en tamaño real del guerrillero Simón Trinidad, preso en Estados Unidos. Foto: Twitter – Jesús Santrich

La nueva medida también resolvió otra de las trabas para la libertad de los guerrilleros: la firma de las actas de compromiso ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP, en las que aceptan que, una vez liberados, comparecerán ante esa jurisdicción. El decreto le ordena a la Secretaría suscribir esas actas en un plazo máximo de siete días después de que se haya tomado la decisión de fondo sobre la libertad, y le permite delegar la tarea en otras autoridades. A la fecha, según la propia Secretaría, se han firmado 2.817 actas de las 3.336 que deben completarse.

Por último, el documento busca resolver otra dificultad que, aunque no hacía parte de las solicitudes de los reclusos, sí tenía muy molestas a las Farc. Se trata de la falta de circulación de información entre las distintas entidades del Estado, que ha permitido la recaptura de guerrilleros recién salidos de la cárcel.

Esta semana, por ejemplo, los insurgentes agrupados en la zona veredal de Mesetas (Meta) protestaron por el traslado del guerrillero Conrado Ochoa desde esa zona hasta la cárcel La Picota, de Bogotá, donde le notificaron que debía responder “por otro requerimiento judicial” distinto al proceso por el que fue liberado. El jueves, la Corporación Solidaridad Jurídica, que defiende presos políticos, también alertó por la captura con fines de extradición del miliciano Francisco Pineda, que reside en la zona veredal de San José del Guaviare (Guaviare) y andaba de permiso en Cali.

Para resolver ese lío, el Ministerio le pidió a jueces y fiscales cancelar las órdenes de captura y comunicar las decisiones a la Registraduría, la Procuraduría y todas las entidades que tengan funciones de policía judicial. El incumplimiento de esta y las otras medidas, dice el decreto, les acarreará sanciones disciplinarias a los funcionarios judiciales.

La firma de ese decreto, que promete agilizar las libertades, fue suficiente para que los presos levantaran la huelga de hambre. Una decisión que vinculó al integrante del Estado Mayor Central de las Farc “Jesús Santrich”, que se había sumado a la protesta pese a tener que participar de las tareas de la Comisión de Seguimiento a la Implementación, donde fue delegado por la guerrilla.

Este jueves en la noche, ‘Santrich’ declaró que “con este paso es posible levantar la huelga carcelaria (…), pero se mantiene la desobediencia esperando ver hechos concretos, sin más obstrucciones”. El ministro de Justicia, Enrique Gil, dijo que “el gobierno ha estado trabajando de todas las formas para apoyar a los jueces para que puedan hacer más rápida su labor y se surtan de manera expedita las libertades pendientes”.

Aparte de los presos de las Farc, más de 1.400 integrantes de la Fuerza Pública procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad están a la espera de ser excarcelados o trasladados a unidades militares y policiales hasta que sus casos pasen, si es posible, a la JEP.

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