A Harold Ruiz lo reconocen en las fincas cocaleras de Nariño. Es un hombre de baja estatura, conversador y activista político. Hace tres décadas militó en el ELN, recorriendo las veredas del sur del departamento. Hoy transita por  los mismos caminos, solo que en lugar de un arma lleva un cuaderno y en su espalda luce un chaleco de la Gobernación. Desde septiembre de 2016 tiene que recorrer 31 municipios en donde hay cultivos de uso ilícito. Su trabajo consiste en convencer  a 40.000  familias que viven de la hoja de coca de cambiar sus cultivos por otros, como el cacao. En suma, de que se unan al programa de sustitución voluntaria de cultivos, contemplado en el Acuerdo de La Habana.

El pasado 6 de octubre, cuando asesinaron a seis campesinos en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, Harold sintió que su trabajo no valía la pena. Pasó el último año visitando a miles de familias, representando al Estado, buscando acuerdos, explicando las bondades de la sustitución de cultivos. Cuando le  dijeron que la Fuerza Pública había asesinado a los campesinos, su credibilidad frente a la población quedó en el piso.  Y lo más grave, como él cuenta, es que quedaron en vilo  23 acuerdos colectivos que, de la mano de Ruiz y cuatro funcionarios del Gobierno, habían alcanzado con las comunidades afro, los campesinos y los indígenas para sustituir la coca.

En diálogo con ¡Pacifista!, Ruiz cuenta cuáles han sido los efectos de la política de erradicación forzada en las veredas en las que él estaba llevando a cabo un programa de acuerdos comunitarios. Las disidencias de las Farc, dice, no son el mayor problema, sino la desconfianza que se está acentuando entre el Estado y las comunidades cocaleras.

¿Cómo ve todo lo que está pasando en Tumaco y en Nariño en general?

Desde un comienzo, cuando se posesionó el gobernador Camilo Romero, fuimos claros en que rechazábamos medidas como la aspersión de cultivos de uso ilícito con glifosato o su eliminacióntravés de la erradicación forzada. En Nariño hay cerca de 40.000 familias de pequeños productores de coca, muchos de ellos indígenas, campesinos y afrodescendientes que derivan sus sustentos de estos cultivos. Actualmente hay cultivos de uso ilícito en 31 de los 64 municipios del departamento de Nariño.  El problema es muy grave porque desde el 9 de mayo de este año, cuando se creó el Programa Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), intensificamos el trabajo con muchas familias, tratando de integrarlas en el menor tiempo posible. Incluso comenzamos a hablar con familias en 7 municipios donde hay cultivos de amapola, que representan cerca de 4.000 hectáreas. El problema es que el cronograma de implementación del PNIS no avanza como la comunidad esperada y por eso las comunidades ya sentían desconfianza.

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¿Por qué se retrasó el cronograma?

La dirección de sustitución de cultivos de la Alta Consejería para el Posconflicto solo tiene cuatro funcionarios en el departamento. La Gobernación de Nariño aportó 15 funcionarios y la mayoría del trabajo lo hemos hecho nosotros  en 31 municipios. Hemos firmado 23 acuerdos colectivos con comunidades que quieren sustituir los cultivos ilícitos. Si progresan los acuerdos, se podrían sustituir 23.900 hectáreas. Pero el personal y el presupuesto que ha aportado el Gobierno no es suficiente.

Y luego sucedió la masacre del cinco de octubre…

Desde marzo desde 2016 el gobernador advirtió que se necesitaba una intervención integral en el departamento por el aumento de superficie de cultivos ilícitos. El gobernador fue claro: el Gobierno Nacional estaba generando una esquizofrenia en el departamento aplicando un programa de erradicación forzosa y, al mismo tiempo, implementando el programa de sustitución de cultivos.  Aunque claro, no hay punto de comparación: el Gobierno ha destinado 3.000 efectivos del Ejército para la erradicación forzosa y para el programa de sustitución envió a 4 funcionarios. El Ministerio de Defensa, y esto es muy grave, no respetó los acuerdos colectivos que nosotros logramos concertar con las comunidades en 31 municipios. Implementó los procesos de erradicación forzada sin importarle el tema de los acuerdos.

¿Ustedes les advirtieron al ministerio sobre estos acuerdos?

Sí, de hecho algunos funcionarios del Gobierno han firmado esos acuerdos. En septiembre de 2016 empezamos el proceso de acercamiento con las comunidades. Fueron innumerables reuniones veredales y municipales que quedaron plasmadas en esos acuerdos. Ahí quedó una manifestación expresa las comunidades por sustituir los cultivos. Con la erradicación queda en entredicho la credibilidad que nosotros construimos. Ahora nos preocupa mucho que el ministro Rafael Pardo anunciara que continuará la erradicación forzada en Alto Mira y Frontera, donde ocurrió la masacre.

¿Allá también firmaron un acuerdo?

El 4 de marzo se firmó un acuerdo en Tumaco, donde estuvo presente el ministro Rafael Pardo, el director de la Agencia de Sustitución de Cultivos, Eduardo Díaz, Pastor Alape, de las Farc, el gobernador de Nariño y comunidades de la región. De hecho, el 29 de mayo hicimos una asamblea municipal en la que participaron 1.300 líderes de diferentes organizaciones de Tumaco. Ese día se firmó un acuerdo municipal con representantes del Gobierno y las Farc.

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¿Indígenas y afro participaron?

Claro, los acuerdos colectivos han sido firmados por campesinos, indígenas y afrodescendientes. Detrás de estos acuerdos hay un problema de años atrás y tiene que ver con el desplazamiento de comunidades afro, ancestrales, del territorio de Alto Mira y Frontera, zona que fue colonizada después por familias que llegaron del Caquetá, Huila y Putumayo, huyendo de la implementación del Plan Colombia. Llegaron en condición de colonos y tienen un arraigo en el territorio desde hace más de 20 años. En los diálogos de paz de La Habana se contempló la devolución de ese territorio ancestral porque los problemas de tierras han enfrentado a comunidades afro con comunidades campesinas. Por eso mismo el vicepresidente,  general Óscar Naranjo, constituyó una mesa en Tumaco para abordar el conflicto de tierras en Tumaco.

¿Y en ese aspecto qué avances se han presentado?

Hay problemas de tiempos porque las agencias de Tierras y Restitución tienen la obligación de darle soluciones a esos conflictos que se generaron justamente por la guerra. Hay retrasos.

¿A usted lo han amenazado?

Nosotros somos conscientes  de que el ejercicio político implica riesgos, y por eso hemos sido objeto de persecución durante muchos años. Hemos tenido que soportar el destierro y la amenaza permanente. Sin embargo, cuando uno asume un cargo como estos es consciente de que es dueño de su propio miedo y tenemos que afrontar esos riesgos.

¿Usted cómo ve el tema de las disidencias de las Farc? ¿Qué tan fuertes son?

No podemos desconocer la presencia que ha tenido  las Farc en el departamento de Nariño. El frente 29, el frente Mariscal Sucre y la columna Daniel Aldana hicieron presencia en la Costa Pacífica y en el pie de monte costero de Nariño. Este control ha cambiado pero sin duda existen disidencias y ahí están los nombres: David y Guacho.

¿Y cuál es la relación que usted ha visto entre estas disidencias y los cultivos de coca?

El narcotráfico es el combustible de la guerra. Y de ahí se han nutrido y financiado todos los actores armados que han pasado por Nariño.  No vamos a tapar el sol con las manos: todos los actores tenían cultivos de uso ilícito. Han ejercido también presión y chantaje sobre pequeños propietarios. Es una realidad y la solución a la que nosotros le apostamos es a la sustitución voluntaria y concertada. Pero no es fácil construir confianza y credibilidad, menos cuando el Estado no ha llegado a los lugares donde hace años debió haber llegado, como los municipios de la costa pacífica.

El gobernador dijo recientemente que el plan de sustitución estaba desfinanciado…

El Gobierno Nacional apropió 310 mil millones de pesos para el programa de sustitución durante 2017. Solamente Nariño necesita 1.5 billones de pesos para que el programa de sustitución pueda funcionar. Las comunidades son inteligentes y lo primero que nos preguntan cuando queremos concertar los acuerdos es “¿dónde está la plata?” Por eso insistimos en el desbalance entre los programas de sustitución de cultivos y el de erradicación forzada. ¿Cuánto cuesta sostener diariamente a más de 2.000 efectivos del Ejército? Esto debe revaluarse.

¿Cuántas hectáreas han logrado sustituir?

Hasta el momento solo se han vinculado 1.816 familias en las 25 veredas del sector de carretera en Tumaco al programa de sustitución. Naciones Unidas, hasta ahora, verificó 357 hectáreas – de 29.000 que tiene el departamento –  que están sujetas al proceso de sustitución de cultivos. Son cifras que no podemos ocultar.

 

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