Esta es la vista Del Valle desde las laderas del casco urbano del Tarra. Foto: Jorge Pérez

Por: Jorge Pérez

Hace un año se vivía en la ruralidad colombiana una fiesta de paz: se celebraba la última marcha guerrillera de las Farc en armas. Muchos no creían que aquel momento estuviera sucediendo, pues habían pasado más de 50 años de combate entre este grupo y el Estado.

Después de la salida de guerrilla, la esperanza de un cambio en la región era notoria. Sin embargo, con el paso de los meses, las amenazas a la población retornaron, los hostigamientos hacía los cascos urbanos y estaciones de policía se intensificó, el fuego cruzado volvió a dejar a la comunidad catatumbera en el medio y se dio un aumento en el pie de fuerza de los distintos grupos armados presentes en la región. 

Pero empecemos por el principio. Recuerdo que hace un año llegaba por primera vez al municipio del Tarra, considerado el corazón del Catatumbo. En pleno corazón de la selva conocí a un campesino que quería comprar unos aerosoles para pintar unas pancartas con mensajes a favor de la desmovilización del Frente 33 de las Farc. Su rostro se enmarcaba entre la felicidad, la esperanza y la nostalgia. El ambiente en aquel lugar –y en casi toda la zona– era como cuando la selección Colombia juega un partido por eliminatorias al mundial. La diferencia, esta vez, era que el país y el Catatumbo empezaban a jugársela por la paz.

El campesino relataba su alivio después de medio de guerra. Relataba, la crudeza del conflicto que ha padecido toda la región desde la década de los ochenta, cuando entraron las guerrillas, primero el Ejército Popular de Liberación (EPL), luego el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y finalmente las Farc. Llegaron con un objetivo claro: controlar el Catatumbo significaba aprovecharse de una zona estratégica en las rutas del narcotráfico y con buenos recursos minero-energéticos.

No obstante, la escalada del conflicto armado en el Catatumbo tuvo su mayor cambio a finales de la década de los noventa, con la arremetida paramilitar de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) contra los demás grupos. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 23 de mayo y 21 de agosto de 1999 se produjeron 14 masacres. También, los combates con las Farc y el ELN durante los años siguientes, según la Fiscalía 34 de Justicia y Paz, dejaron un registro de 5.702 homicidios, 199 masacres, 1.117 desapariciones, 2.442 desplazamientos y 322 despojos.

Hacía el 2006 el Frente 33, al mando del comandante Jimmy, retomó el control territorial del Catatumbo repartido junto con el ElN. 

Los hostigamientos y ataques a estaciones de policía aumentaron notoriamente a los municipios del Catatumbo para 2011. Según el diario El Tiempo, en lo corrido de ese año, se presentaron más de 100 hechos violentos atribuidos a las Farc. Una muestra actual de lo que fue esto es la construcción de la estación de policía del Tarra, un poco inusual para el ojo del citadino ya que tiene barricadas altas y fuertes para salvaguardar la seguridad de sus policías. También, alrededor de ella hay puestos de control que conectan la estación con otros sitios del casco urbano.

“Vea le digo, yo vi morir a un policía al frente mío, era muy joven –contaba el campesino. El man salió de esos puestos de control para abastecer el comando, caminó como cinco pasos, no le estoy hablando mierda, y recibió un impacto de bala en el cuello por un francotirador. Yo estaba en una tienda al frente de donde murió, casi que a mis pies. Y uno por dentro con esa angustia y dolor de no poder hacer nada, porque si lo ayudaba sabía que terminaría igual que él”.

El conflicto hoy

Para el 9 de febrero del 2017, las Farc habían dejado de hacer presencia en más de 10 sitios del Catatumbo, el Frente 33 dejó de existir y se concentró en la zona veredal de Caño Indio, en el municipio de Tibú, cuyas condiciones eran precarias en ese entonces. Sin embargo, desde ese día, se empezó a escribir un nuevo capítulo de la disputa territorial en la región.

En el transcurso del 2017, Los Pelusos (un reducto del EPL), el Frente Juan Fernando Porras del ELN, y distintas bandas se disputaron el control territorial del Catatumbo, producto del vacío de poder que dejó en la zona la desmovilización de las Farc, la poca presencia del Estado, y la prevalencia de las economías ilegales derivadas del narcotráfico.

Hoy el principal actor que ocupa las zonas que dejaron las Farc es el ELN, con las compañías del Comandante Diego, Mixta de orden público y Francisco Bossio, en coordinación con el comando Nor-Oriental en cabeza de alias Pablito y Gonzalo Satélite. 

Ante esta situación, el gobierno (en cabeza del ministerio de Defensa) planeó un bombardeo dirigido a una de estas compañías. El ataque aéreo se realizó el 1 de abril del 2017, y con él murieron al menos 10 guerrilleros, según declaraciones del ministro Luis Carlos Villegas.

Por otro lado están Los Pelusos, reducto del EPL. Los panfletos con amenazas a la población volvieron aparecer en la región. Tal es el caso del corregimiento de Aguaclara, municipio de Ocaña, donde el grupo armado hizo circular nuevas normatividades para el desplazamiento terrestre por esta zona. Según la gobernación de Norte de Santander y la Fuerza Pública, para agosto del 2017, los pelusos pasaron de 200 hombres en sus filas a un poco más de 600. 

El incremento militar y la disputa en la región se debe fundamentalmente a la pugna por el control de la coca. Después de Nariño, el Catatumbo es el que más hectáreas tiene. De hecho, con 12.787 hectáreas sembradas Tibú es el segundo municipio con más cultivos ilícitos después de Tumaco.

De acuerdo con la trigésima brigada del Ejército, adscritos a la Fuerza de Tarea Vulcano, para mediados del 2017 habían sido destruidos 38 laboratorios, en los cuales se procesaba pasta de coca. Todos pertenecían al ELN.


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Un campesino en El Tarra (segundo municipio con más plantaciones de coca en el Catatumbo, después de Tibú), mencionaba que, la falta de garantías por parte del Estado con la comunidad y de vías en la zona, hacía muy difícil dedicarse a cultivar algo que no fuera coca, un cultivo que da cosecha cada dos meses  y cuyo kilo se vende entre el $ 1’800.000 y los 2’000.000. Son números inigualables en el corto plazo por cualquier otro producto. La erradicación forzada en la zona llevó a que entre septiembre, octubre y noviembre del 2017 se presentaras varias movilizaciones por parte de la COCCAM (Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana) y ASCAMCAT (Asociación Campesina del Catatumbo) en protesta por las supuestas violaciones a los Derechos Humanos por parte del Ejercito contra los campesinos en Hacarí, Tibú, Convención y Teorama. 


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Finalmente, en lo que va del 2018, en enero varios indígenas de la comunidad Motilón Barí, entre ellos el cacique de Bokshi, fueron heridos con armas de fuego, por parte del Eln, mientras navegaban el río de Oro, lo que genero discordia y malestar en la comunidad. El hecho trajo nuevamente el miedo a la región, un temor que acrecienta el asesinato de líderes sociales, los nuevos casos de desapariciones forzadas, el desplazamiento y otros vejámenes que hoy aquejan a las poblaciones. 

Los cultivos de coca, uno de los grandes problemas del Catatumbo. Foto: Jorge Pérez.

Atrás quedo la alegría, la esperanza y la felicidad vivida hace un año, con la salida de las Farc del ‘monte’. “¿Y la paz?” se preguntan muchos.  

Parece que esta palabra debe aguardar varios lustros más en la región del Catatumbo, sus habitantes, quienes la recorren diariamente y son los más perjudicados por el conflicto que persiste. Deben seguir creando mecanismos para salvaguardar, proteger y reexistir en el territorio, como lo han venido haciendo en las últimas décadas. Deben seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. 

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