Desmovilización en la región de Tierralta (Córdoba). Foto: Presidencia

En la vida de los antiguos guerrilleros de las Farc no existían centros médicos, servicios de urgencias, camillas, medicamentos ni lugares para hacer cirugías. Como ellos mismos contaban, sobrevivir dependía de la pericia de médicos empíricos, de la ayuda de algún cirujano citadino o, al final, de la misma suerte. Las secuelas de heridas o enfermedades crónicas aparecieron en el momento de la desmovilización: en 2017, 3.235 excombatientes pidieron atención médica.

Quizás temas álgidos como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la campaña electoral de las Farc y las disidencias han desviado la atención sobre la situación de la salud en las antiguas zonas veredales donde se agruparon para dejar las armas. Situación que, por lo menos para las Farc, es complicada. El pasado 11 de enero, por ejemplo, Carlos Antonio Lozada, integrante del Consejo Político de la Farc, hizo pública una denuncia sobre una mujer que perdió a su bebé en el hoy Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Urías Rendón de Yarí, Meta.

Según un comunicado de la ETCR, “la pareja fariana perdió la esperanza de conformar una familia por falta de atención médica”. El bebé tenía cinco meses de gestación y, agrega el documento, la mujer no contó si quiera “con un medio de transporte que la llevara al centro de salud más cercano”. En respuesta, el director de pedagogía de paz del Alto Comisionado de Paz, Carlos Córdoba, dijo que el embarazo era de alto riesgo, que no era responsabilidad del Gobierno.

En teoría, los 26 ETCR tienen acceso a servicios médicos: 13 con unos equipos de salud propios y otros 13 con atención en los hospitales de los municipios aledaños. Hace unos meses, como nos contaron médicos que trabajaron en las zonas veredales, atender a los exguerrilleros era difícil porque no tenían cédula, “tampoco nombre, solo el de la guerra, y mucho menos historia clínica”.

¿Ha cambiado la situación?

La salud de los exguerrilleros de las Farc depende de Nueva EPS (entidad que los registró en el régimen subsidiado), del Ministerio de Salud (encargado de poner a disposición la red pública de hospitales, los equipos de médicos) y del Fondo de Programas especiales para la Paz.  Según el último reporte de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 10.363 excombatientes están afiliados al sistema de salud subsidiado.

El informe de la ONU, con datos hasta diciembre de 2017, señala que 3.235 excombatientes han recibido servicios médicos. Sin embargo, como lo dice el mismo documento, “en el primer trimestre de 2017 el Gobierno estableció puestos de salud en cada uno de los espacios territoriales (…) Algunos puestos carecían de suministros y otros dejaron de funcionar”. Esta apreciación coincide con la molestia de las Farc: el Gobierno dejó de prestar servicios de salud en 13 ETCR porque, en teoría, los hospitales municipales podrían hacerse cargo.

 


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Sobre esa molestia, la misma ONU señala que “sería conveniente prorrogar esos servicios”. También hace énfasis en las 13 zonas que, si bien tienen servicios por parte del Gobierno, no obtienen atención especializada en los centros de salud. “Esta situación es particularmente difícil para los 130 excombatientes con discapacidad, que necesitan cuidados de rehabilitación sistemáticos que solo pueden presentarse en las grandes ciudades”. Cálculos de Naciones Unidas aseguran que el 40 % de los ingresos de un exguerrillero enfermo se pueden ir en transporte y alojamiento para recibir un servicio médico especializado.

El Gobierno, por lo pronto, creó un comité técnico para priorizar los casos de 26 excombatientes que tienen una situación grave de salud. Existen otros aspectos en los que la ONU llama la atención, como la precaria atención en salud para mujeres embarazadas, madres lactantes y niños que se encuentran en los espacios territoriales. Uno de los médicos que trabajó en las zonas veredales nos contó que la mayoría de solicitudes de atención eran justamente de mujeres en estado de embarazo.

¿Les están prestando los servicios?

Consultamos a Nueva EPS, entidad encargada de atender a los excombatientes, sobre el modelo de atención que han implementado. Según la EPS, a las clínicas que ellos tienen en 77 municipios han llegado 3.256 excombatientes que han utilizado 21.766 servicios, la mayoría relacionados con problemas de salud leves. Del total de pacientes, la mayoría (1.890) está en el rango entre los 36 y los 45 años. Le siguen las personas entre 19 y 25 años (602) y los niños entre 0 a 5 años (125).

Teniendo en cuenta que la EPS presta servicios básicos (los casos graves los remite a hospitales mejor equipados), tenemos información parcial sobre las atenciones. No obstante, podemos asegurar que al menos se han prestado 869 servicios médicos relacionados con embarazos. Consultas médicas (4.429), usualmente por malestares generales causados por virus y servicios de urgencias (1.499) son dos de los servicios que más han utilizado los exombatientes. En 179 casos la EPS ha autorizado servicio de ambulancia. En dos fue necesario un transporte aéreo de ambulancia.

Según el Ministerio de Salud, en un principio los excombatientes acudían al médico por enfermedades infecciosas “que fueron resolviéndose de forma gradual”. En los últimos meses, los exguerrilleros se presentan ante los médicos por enfermedades crónicas, secuelas de traumas y atención de mujeres embarazadas.

Un médico que trabajó en las zonas veredales nos contó que se necesita hacer pedagogía en salud, pues cuando estaban en guerra tenían médicos empíricos, “hacían cirugías anestesiando con mareol y Coca-Cola, esas cirugías quedaban mal hechas y eso generaba un dolor crónico. Esos dolores crónicos todavía persisten porque no se han cuidado de la manera correcta”.

Al revisar las cifras por departamento, Nueva EPS registró la mayoría de autorizaciones médicas en Meta (3.397) , Antioquia (2.828), Guaviare (2.331), Arauca (2.139) y Tolima (2.086). Esta información coincide con las cifras que presentó el Instituto Nacional de Salud (INS) en su informe sobre las enfermedades en las regiones de conflicto armado a finales de 2017. La mayoría solicitudes de servicios médicos surgen de zonas del país en donde la salud, ya sea por las condiciones ambientales o por la intensidad del conflicto armado, es precaria. Un ejemplo: según el INS, Vista Hermosa, Meta, tiene un índice de intensidad del conflicto de 100 % y la población que la habita padece de enfermedades difíciles como la malaria y la leishmaniasis.

Algo similar sucede en municipios como Granada, Antioquia, con un índice de intensidad del conflicto de 99 %; San Luis, Antioquia, (99 %) y Tibú, Norte de Santander –zona que sigue en guerra y que no figura entre el radar de atención en salud– con 95 %.  De acuerdo con el INS, “los municipios con mayor intensidad de conflicto se asocian con altos indicadores en homicidios, mortalidad de niños menores de 5 años por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda), IRA (Infección Respiratoria Aguda) y desnutrición; enfermedad por malaraia, leishmaniasis, mortalidad materna y cobertura en vacunación”.

Mapa de intensidad del conflicto armado en Colombia, 1985-2015. Fuente: Instituto Nacional de Salud (INS).

A continuación les presentamos una infografía con base en las cifras del INS. Se trata de los problemas de salud que se presentan constantemente en las zonas de conflicto. Que estos índices disminuyan, que la cobertura aumente y que tanto exguerrilleros como habitantes tengan acceso efectivo a salud, dependerá en buena medida de la implementación del Acuerdo de Paz.

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