July Enríquez3

La abogada July Enríquez. Foto: Daniela Echeverry

La oficina de la Fundación Lazos de Dignidad queda a escasos metros de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso y de la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá. Está en un edificio viejo y espacioso, con ascensores amplios y luz verdosa. Abajo, en la antesala del ascensor, y en la cafetería de la primera planta, varias personas revuelven papeles y preguntan por abogados.

Lazos de Dignidad es una de las ocho organizaciones que defienden presos políticos en Colombia. En esa categoría, que el Gobierno no reconoce, la izquierda ha agrupado a combatientes, líderes sociales y políticos, académicos y gente del común que está presa por, presunta o probadamente, pertenecer o colaborar con las guerrillas.

El oficio de defender guerrilleros ha sido siempre satanizado, pero ahora ha cobrado relevancia gracias al proceso de paz con las Farc. La mesa de conversaciones eligió a la Coalición Larga Vida a las Mariposas, de la que hacen parte la Fundación y otras siete organizaciones, para que construyera un censo de los militantes de las Farc que están tras las rejas. Es el primer paso para poner en marcha la excarcelación de todos los guerrilleros de esa organización y el indulto de buena parte de ellos, tal como quedó contemplado en el Acuerdo Final firmado en el Teatro Colón.

Hablamos con July Enríquez, abogada de la Fundación y vocera de la Coalición, sobre el trabajo que esas organizaciones han realizado durante décadas y sobre el estado en el que se encuentra el proceso de liberación de los guerrilleros.

July, vamos al comienzo. ¿Cómo nace el movimiento de defensores de presos políticos en Colombia?
Viene de los años 70, cuando empezó una racha de privación de la libertad de líderes sociales y sindicalistas. A raíz de eso surgieron las primeras organizaciones de derechos humanos que acompañaban y defendían prisioneros, incluso lideradas por Enrique Santos Calderón, hermano del presidente, y por Gabriel García Márquez, que estaban preocupados por la situación.

Luego, cuando el conflicto se fue desarrollando, se conocieron las graves condiciones en las que estaban recluidas las personas de la insurgencia. Eso hizo que se despertaran apoyos entre quienes nos solidarizamos con las expresiones de izquierda y con los que se alzaron en armas para combatir al Estado. Así nacieron muchas organizaciones para defender prisioneros.

¿De qué manera empezaron a articularse esas organizaciones?
Entre finales de los 80 y comienzos del 2000 la ola de represión estatal llegó a su límite, y aumentó la población carcelaria por motivos políticos. Hubo redadas masivas en Quipile (Cundinamarca), Ovejas (Sucre), Cartagena de Chairá (Caquetá), Arauca y Antioquia. Fue una política estatal que tuvo su pico más alto en la presidencia de Álvaro Uribe.

Esa agudización obligó a que el movimiento social fortaleciera la lucha por la libertad de los presos. Para el 2000 ya habían aumentado las organizaciones dedicadas a la defensa y acompañamiento humanitario, y se empezaron a conocer otras tragedias de la dinámica carcelaria: tortura, aislamiento y persecución.

En 2011 decidimos convocar un encuentro nacional en Bogotá, que se llamó Larga Vida a las Mariposas en homenaje a las hermanas Mirabal, de República Dominicana, que abogaban por la libertad de los presos. Como resultado de ese encuentro de organizaciones de base, en el que también estuvieron familiares de prisioneros de guerra, se creó la Coalición Larga Vida a las Mariposas.

Ustedes son un equipo de abogados que trabaja detrás del telón para defender, entre otros, a guerrilleros presos. ¿Quiénes son y de dónde vienen? 
Tenemos abogados en todo el país, muchos de ellos penalistas, constitucionalistas, con trayectoria en la defensa de los derechos humanos. La mayoría somos de universidades públicas, pero también hay de universidades privadas.

Actualmente somos 30 abogados a nivel nacional, cada uno con un equipo de auxiliares, que hemos venido buscando soluciones jurídicas en función de la coyuntura política. El grupo también apoya el trabajo de la comisión jurídica de la delegación de paz de las Farc y mantiene coordinación con los abogados visibles del proceso de La Habana. Nos une la escuela que hemos hecho durante los últimos 14 años para crear una estrategia de litigio que les permita a los prisioneros políticos recuperar su libertad.

¿Y por qué deberían recuperar la libertad los guerrilleros que han cometido crímenes graves?
Cuando hay delito político, de entrada se sabe que hay conductas que van a hacer daño. Pero la gente no se organizó para tener esos comportamientos, sino que en una guerra tan larga, como la colombiana, se presentaron hechos que nunca debieron darse. Es erradicando la persecución contra quienes piensan diferente como se pueden evitar los levantamientos violentos, que siempre van a traer muerte.

Ahora, todo esto se soluciona política y jurídicamente, decidiendo si la prioridad es continuar la guerra o si se quiere transitar a otras corrientes. Para hacer ese tránsito, el país tiene que buscarle una solución a los delitos que se cometieron de la mano del accionar rebelde. Por eso, el acuerdo de paz contiene una fórmula: lo que es rebelión y conexo se va a resolver con la legislación actual y con la nueva ley de amnistía, y lo que no, va ser llevado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Volvamos al tema del gremio. ¿Qué retos han enfrentado en el camino de defender  a los guerrilleros en medio de la guerra?
Ha sido difícil, riesgoso y angustiante. A los abogados de los insurgentes siempre se nos ha asociado a la causa de nuestros defendidos, por lo que hemos padecido asesinatos, atentados, seguimientos, amenazas y acoso sexual. A muchos colegas los han agredido o desaparecido saliendo de la cárcel.

Sentimos temor permanente, pensamos que en cualquier momento vamos a perder la vida. Si voy caminando en la calle, y siento una motocicleta detrás mío, pienso que me van a matar. O si un carro frena de manera violenta, pienso que me van a subir y me van a llevar.

Por eso somos los voceros de los abogados los que damos la cara. Ese silencio que usted menciona no ha sido improvisado, sino planeado, para blindar a nuestros colegas. Para nosotros la prioridad es hacer el trabajo de defensa en favor de quienes nadie quiere defender, y la mejor manera de hacerlo es prudentemente.

July Enríquez

Enríquez lleva más de una década defendiendo prisioneros políticos. Foto: Daniela Echeverry

¿Cuál ha sido la relación que ha construido el movimiento de abogados con el de presos políticos?
Siempre hemos trabajado de la mano. Al tener contacto con ellos, empezó a tejerse una relación de confianza. En 2006 empezamos el trabajo con los integrantes de tres colectivos en Bogotá, que cuando tomaron fuerza fueron dispersados por todo el país por decisión del Inpec. Sin querer, lo que hizo el Inpec fue agrandar el movimiento, porque donde iban los prisioneros nacía un nuevo colectivo.

En 2015 ya existían 25 colectivos formados por líderes sociales, prisioneros de guerra y víctimas de montajes judiciales. Ellos también hacen parte de la Coalición.

La mesa de conversaciones le asignó a la Coalición la tarea de realizar el censo de presos de las Farc. ¿En qué estado se encuentra ese proceso?
En 2015, a tres años de haberse instalado los diálogos de paz, la Coalición tomó la decisión de sistematizar la información y delegar en sus organizaciones la tarea confiable y reservada de levantar el censo nacional de prisioneros políticos. Por la credibilidad que tenía el proceso de paz, los colectivos de las Farc accedieron a censarse. Cuando ya tuvimos un primer censo, enviamos una carta a la mesa de diálogos de La Habana.

La Coalición, con autorización del Gobierno, se reunió con la delegación de las Farc y entregó ese bosquejo. A partir de allí, fue reconocida por las partes como la organización responsable de apoyar la revisión de los procesos de las personas procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las Farc.

Por eso, este año, el Gobierno facilitó nuestro ingreso a las cárceles y recogimos un listado grueso que superó las expectativas que teníamos sobre el número de prisioneros. Ese segundo censo ya les fue entregado a las Farc para que lo depuren y le presenten al Gobierno los listados formales.

¿Cuántos presos están incluidos en el censo y cuántos podrían salir en las diferentes etapas de implementación del Acuerdo?

Tenemos un censo de aproximadamente 2 mil prisioneros de las Farc. Sobre lo segundo, no queremos dar cifras por el momento, pero le puedo decir que hay entre 300 y 400 prisioneros que podrían ser indultados inmediatamente.

El Acuerdo dice que un grupo de prisioneros puede ser indultado desde el día D. Sin embargo, el Gobierno no ha tomado decisiones al respecto. ¿Hay tensión en las cárceles?
Tensión y angustia. El Acuerdo dice que habrá indultos con la ley vigente, pero a hoy no ha salido un solo prisionero de la cárcel. Frente al tema, el Gobierno dice que no tiene una lista consolidada. Es cierto que las Farc no han entregado una listado total, pero el Gobierno tiene las listas que hemos construido las organizaciones de derechos humanos y otros listados parciales que han entregado las Farc.

De otro lado, el Acuerdo contempla excarcelaciones para personas no indultables, que serán enviadas a las Zonas Veredales. Esas zonas tampoco están listas, entonces no hay dónde llevar a los presos. Estos hechos los hemos puesto en conocimiento de la Comisión de Seguimiento a la Implementación, pero no hemos obtenido respuesta.

El Acuerdo también contempla beneficios para líderes sociales y campesinos procesados por, supuestamente, pertenecer a las Farc. ¿Quién defiende a esos prisioneros?
La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular ha venido sistematizando la información de los integrantes de sus organizaciones que están encarcelados. Cada organización y cada megamovimiento social tiene la responsabilidad de tener la información a la mano para poder aportarla de manera oportuna. Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos ya le han entregado listados al Gobierno, en espacios que están al margen del Acuerdo.

Con la eventual salida de la mayoría de presos políticos de las cárceles por cuenta del proceso de paz, ¿a qué se va a dedicar el movimiento de defensores?
El reto se va a extender hasta que no haya un solo prisionero político, y eso no se va a dar prontamente. Si bien es cierto que el país va a resolver una parte del conflicto, también lo es que van a quedar guerrillas pendientes y que va a seguir la persecución contra quienes ejercen el pensamiento crítico. Estaremos vigilando que se respeten los derechos de los opositores y vamos a hacer veeduría frente al cumplimiento de los compromisos adquiridos con las personas que hoy están privadas de la libertad.

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