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El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) está integrado por más de tres mil hombres y mujeres. Foto: Santiago Mesa

En lo corrido de este año, distintas organizaciones sociales han denunciado el asesinato de al menos seis personas, presuntamente ejecutadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) durante manifestaciones en todo el país. El tema fue objeto de discusión este jueves en la Cámara de Representantes, en un debate de control político que citaron varios congresistas de izquierda y en el que la Policía respondió a los señalamientos.

La Cámara se convirtió en escenario de discusión sobre el papel del Escuadrón, que la Policía define como un cuerpo de apoyo “en la prevención y control de multitudes, con personal altamente capacitado en manejo y conciliación de masas”. Contrario a esa definición, los representantes Alirio Uribe, Ángela María Robledo, Víctor Correa e Inti Asprilla, del Polo Democrático y la Alianza Verde, opinan que el Esmad se ha convertido en un organismo “antijóvenes, anti movilización social y antindignación”.

Para sustentar esa tesis, los congresistas expusieron varios casos de homicidios y lesiones. Entre ellos se encuentra el de Miguel Ángel Barbosa, un estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá que murió el pasado 2 de junio luego de recibir un impacto en la cabeza durante una asamblea en la que los estudiantes exigían democratizar el proceso de elección del rector. Compañeros de Barbosa aseguran que fue golpeado “por un gas, una recalzada o una aturdidora” lanzada por el Esmad.

Otro caso es de Luis Orlando Saiz, quien falleció durante el paro camionero que vivió Boyacá entre junio y julio pasados, al parecer, por una granada que lanzó el Esmad. El hecho está rodeado de contradicciones, relacionadas con el papel que jugó Saiz en las manifestaciones y por la distancia a la que la Policía disparó el artefacto. De momento se conoce el dictamen de Medicina Legal, según el cual el joven murió “por el impacto de una granada de gas lacrimógeno”.

Margarita Saiz, la tía de Luis Orlando, estuvo en el debate de la Cámara. Les dijo al general Jorge Enrique Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, y al coronel Gabriel Bonilla, comandante del Esmad, que su sobrino “no era ningún terrorista, como dijeron ustedes en los periódicos”. El abogado de la familia también señaló que “la información que la Policía dio en noticieros resulta contradictoria con la investigación” que adelanta la Fiscalía.

Óscar Ramírez, integrante de la misión humanitaria que se desplegó en Boyacá durante el paro camionero, aseguró en su intervención que durante ese periodo el Esmad usó la fuerza contra manifestantes y no manifestantes, empleó ambulancias para transportarse y se tomó las instalaciones de un colegio de Paipa para dormir y dirigir las operaciones. También denunció que los gases lacrimógenos afectaron niños y personas de la tercera edad, y que los policiales lanzaron “piedras y botellas” contra las personas que protestaban.

Foto: Santiago Mesa

Según el representante Alirio Uribe, el Esmad ha dejado un saldo de 682 víctimas en lo corrido de 2016. La cifra incluye casos de detenidos y daño en propiedad ajena. Foto: Santiago Mesa

Durante el debate también se mencionaron los casos de los indígenas Willington Quibarecama, Gersaín Cerón y Marco Aurelio Díaz, que murieron en Cauca entre mayo y junio pasados, durante el paro convocado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Mientras Quibarecama falleció luego de caer a un abismo cuando evitaba ser arrollado —según testigos— por una tanqueta del Esmad, Medicina Legal dictaminó que Cerón y Díaz perdieron la vida después de recibir heridas por proyectiles de armas artesanales o no convencionales.

Óscar Ospina, representante a la Cámara por el Cauca, dijo que las protestas de indígenas y afrodescendientes de ese departamento son legítimas y están motivadas por “incumplimientos” del Gobierno. Agregó que “como el Estado le hace conejo a las comunidades, ellas se van a seguir movilizando por defender la tierra y el agua de las transnacionales y la minería”. Además, les pidió a los oficiales construir propuestas alternativas para contener las manifestaciones violentas y opinó que “el Esmad tiene la obligación de atemperarse a lo que se viene, que es un gran espíritu de movilización”.

Una posición similar expresó Javier Tamayo, director nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo. El funcionario declaró que “no he conocido en Cauca, Boyacá, Nariño, Putumayo o el Catatumbo que la gente salga a protestar porque quiere, sino porque tiene un derecho que le han negado o unos acuerdos que el Estado no ha cumplido”. Por eso, le hizo un llamado al Ejecutivo para que respete lo pactado con las organizaciones sociales y le pidió a éstas últimas que protesten pacíficamente.

Tamayo también le solicitó a la Policía que no infiltre las manifestaciones y que cuando haya víctimas fatales se abstenga de hacer señalamientos “apresurados” ante los medios de comunicación. Asimismo, dijo que es necesario revisar los protocolos del Esmad y conocer la “verdad verdadera, para que los responsables le den explicaciones a la sociedad”.

La respuesta de la Policía

El general Jorge Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana, respondió a los cuestionamientos. Aseguró que “la intención del Esmad en ningún momento es causar daño” y que si se emplean granadas de sonido, humo, gas y luz, además de esferas fragmentarias, es “para evitar contacto físico con los generadores de los disturbios”. También informó que de las 11.181 manifestaciones realizadas entre 2003 y 2015, el Esmad sólo intervino 3.590.

Respecto a las personas fallecidas, el general aseguró que el Escuadrón no tuvo responsabilidad en ninguno de los casos. De la muerte de Quibarecama dijo, por ejemplo, que el vehículo involucrado no era una tanqueta, sino un tractocamión conducido por un civil.

Foto: Twitter-Ángela María Robledo

De izquierda a derecha, los representantes Inti Asprilla, Alirio Uribe y Ángela María Robledo, y el general Jorge Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía. Foto: Twitter-Ángela María Robledo

Sobre los casos de Cerón y Díaz, declaró que el Esmad no usa material artesanal y que, por el contrario, son los indígenas los que disparan armas de ese tipo durante las protestas en Cauca.

Del fallecimiento de Barbosa, de 19 años, el general Rodríguez dijo que el Esmad nunca ingresó a la universidad y que la muerte se produjo por el impacto de una piedra. Asimismo, sobre la muerte de Saiz, aseguró que la víctima “estaba participando activamente en las acciones violentas” y que falleció luego de que una granada cayera en el suelo y rebotara.

Finalmente, frente al caso del líder afrodescendiente Agustín Lara, muerto en una protesta por el servicio de salud en Chiriguaná (Cesar) el pasado 16 de julio, Rodríguez dijo que el Esmad intervino la zona un día después de los hechos y que la responsabilidad, al parecer, era de un uniformado adscrito a la estación de Policía del pueblo.

El coronel Gabriel Bonilla, comandante del Esmad, también se defendió y dijo que “no está en nuestra doctrina considerar al manifestante como un enemigo”.

Los congresistas que citaron al debate pidieron no estigmatizar a los manifestantes, desmontar el Esmad y avanzar rápidamente en las investigaciones penales y disciplinarias. Asimismo, concluyeron que es necesario dar un debate de fondo sobre el papel que deberá jugar la Policía en la etapa de posacuerdos, cuando se espera que aumenten las movilizaciones sociales.

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