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Ilustración: Liév

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La extorsión no solo es el delito de más alto crecimiento en Colombia durante los últimos años sino que está entre los que más afecta la percepción de seguridad. Entre 2010 y 2014 los casos aumentaron un 264% y se vieron afectados cuatro de cada cinco municipios.

En los últimos doce años, entre casi 30 mil casos denunciados, el 74% de las investigaciones señalaron como responsable a la delincuencia común, pero no hay duda de que han sido guerrilla y paramilitares quienes históricamente han sacado más lucro de este crimen. Junto con el secuestro y el narcotráfico, el dinero proveniente de la extorsión ha financiado buena parte de la guerra en Colombia. Al año, según cálculos del Gaula, este delito produce más de US$1000 millones.  

El aumento desproporcionado de las cifras entre 2010 y 2014 tiene varias posibles explicaciones. Por un lado, subió el porcentaje de denuncias, aunque la cifra negra de este delito (es decir, los que no denunciaron) sigue siendo de casi el 80%. También está la falta de respuesta del Estado: fuentes del Gaula dicen que se resuelve más del 90% de los casos, pero no existe una estrategia que ayude a prevenirlos más que a neutralizarlos.

La clave para entender la extorsión puede ser que no es un crimen aislado. Es decir que, aunque a veces funciona a un nivel micro, y quizás ahí entran la mayoría de casos asociados con delincuencia común, también suele estar articulada a grandes rentas de la guerra como el narcotráfico, la minería y el secuestro.

Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, el secuestro extorsivo, entre 1996 y 2003, le reportó a la delincuencia más de $160 mil millones. Solo en ese renglón, el 45% cayó en manos de las Farc. Según el Ejército las cifras son más grandes: en 2007, a las Farc le habrían entrado $88 mil millones por cuenta de ese mismo delito. Hasta 2012, cuando las Farc dejaron atrás esa modalidad criminal, como muestra de su compromiso con el proceso de paz,.

La extorsión también saca provecho del narcotráfico. Más allá de las ganancias directas por el tráfico de sustancias prohibidas, los grupos ilegales sacan tajada de la cadena productiva. A punta de lo que la Fiscalía denomina extorsión, cobran dinero por la venta de químicos, por la producción y por el transporte.

Capítulo aparte merece el tema de la minería. Según el CNMH, a la par que el secuestro se redujo, la extorsión minera aumentó. A esto ayudó la concentración geográfica en zonas de explotación. Pasa algo parecido a lo que ocurre con el narcotráfico: aunque los grupos ilegales participan directamente en la explotación minera, otra parte de sus esfuerzos se dedica a la extorsión de los negocios mineros.

El Estado calcula, por ejemplo, que en algunos lugares de Antioquia puede valer entre 5 y 7 millones de pesos entrar una retroexcavadora a una mina. Y que, mensualmente, los grupos ilegales cobran alrededor de un 10% de las ganancias por algo que vendría siendo “el derecho a producir”. Los cobros vienen por parte de guerrilla y de bandas criminales, y atacan tanto a grandes empresas como a barequeros.

El Gaula, citando un informe de la Fiscalía, dice que en 2010 las Farc recibieron casi $200 mil millones producto de la extorsión a la producción minera. Y es que, por ejemplo, en Antioquia anualmente recibirían más de $80 mil millones. Otros departamentos con alto índice de extorsión, derivado de su producción minera, son Cauca, Chocó y Bolívar.

Dependiendo de la zona, puede que haya mayor presencia de Farc o de Bacrim. Y hay otras zonas, como el Bajo Cauca, donde, según inteligencia policial, habría alianzas entre Farc y Los Urabeños alrededor de la explotación y la extorsión en zonas mineras, lo que les generaría más de $3 mil millones mensuales.

En la última década, según el Ministerio de Defensa, las guerrillas cometieron el 11% de extorsiones, mientras que los grupos paramilitares / bandas criminales  cometieron el 6%. En los últimos cuatro años, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ambos bandos habrían aumentado de manera considerable el número de extorsiones.

En 2004, las Autodefensas Unidas de Colombia eran responsables de 190 denuncias por extorsión. Cuatro años después registraron cero casos atribuibles. A partir de ahí, las bandas criminales retomaron y de 37 casos conocidos en 2010 pasaron a 234 en 2014, con un aumento del 543%.

El 11% que corresponde a las Farc se triplicó entre 2010 y 2014. Según un informe del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, de 134 casos denunciados, pasaron a 453. El informe también revela que el departamento más afectado por la guerrilla durante la última década fue Meta, seguido por Bogotá, Huila y Antioquia, y que ocho de cada diez víctimas estaban en la ciudad y no en el campo.

El resto de las extorsiones, las que se atribuyen a la delincuencia común, y que estadísticamente son la mayoría, tienen varias particularidades. Una de ellas es que funcionan sobre la base del miedo que crean las otras. Se ha identificado una tendencia de los extorsionadores a decir que hacen parte de bandas criminales o de las Farc, porque saben que les da más credibilidad.

Dentro de esa gran cifra de extorsiones, que el año pasado superó las 3 mil denuncias, está la micro extorsión, que funciona casi siempre por llamadas telefónicas o personalmente, y cobra discretas sumas de dinero semanales o mensuales a pequeños comerciantes o incluso a gente del común por transitar de una zona a otra. También están las 10 mil extorsiones que, calculan las autoridades, se hacen anualmente desde las cárceles.

El aumento de este delito en los últimos años y la enorme responsabilidad que tienen los grandes actores armados muestran que, aunque las estrategias del Gobierno han funcionado, por ejemplo, en materia de secuestros y homicidios, todavía falta mucho trabajo en temas de extorsión.

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