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Foto: YouTube - El Arte de Servir

El atentado del pasado 19 de febrero en La Macarena dejó un policía muerto. Foto: YouTube – El Arte de Servir

La guerra entre el Gobierno y el ELN no da tregua. Aunque el pasado 7 de febrero las partes anunciaron, por fin, la instalación de la fase pública de conversaciones, el conflicto continúa escalando. La última acción militar del ELN ocurrió el pasado 19 de febrero en Bogotá, cuando un “comando guerrillero urbano” detonó una carga explosiva en el tradicional barrio La Macarena, donde cientos de policías se preparaban para garantizar la seguridad de los asistentes a la última corrida de toros de esta temporada. El saldo: un policía muerto y otros 25 uniformados heridos. El conflicto armado, que muchos dieron por terminado en noviembre pasado —cuando el Gobierno y las Farc estamparon sus firmas en el acuerdo del teatro Colón— llegó al corazón mismo de la capital del país.

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Este lunes, en la editorial de su revista Insurrección, el ELN reconoció la autoría del atentado. La guerrilla lo justificó asegurando que “debe responder con su accionar armado” frente a los operativos militares que mantiene el Ejército en  zonas de operación guerrillera. Las otras razones del ELN para atacar a un comando policial en plena capital son, de acuerdo con ese editorial, el “aumento” del “terrorismo de Estado contra los líderes sociales” y el carácter “represivo” del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía. Frente al reconocimiento de responsabilidad de la guerrilla, el jefe de la delegación del gobierno, Juan Camilo Restrepo, opinó vía Twitter que “el cese al fuego se alcanzará cuando el ELN comprenda que a él se llega desescalando, no escalando el conflicto”.

Por ahora, lo cierto es que la guerrilla está empeñada en trasladar la guerra a Bogotá, donde poca o ninguna atención generan sus frecuentes atentados en regiones marginadas del mundo político, como Arauca o el Catatumbo. Para la muestra, el último parte de guerra del frente de guerra Nororiental, un rosario de acciones militares de las que poco o nada se habló en la capital: un soldado muerto y dos heridos el pasado 30 de enero en una vereda de El Carmen (Norte de Santander); un ataque con francotirador contra un uniformado atrincherado en la estación de policía de ese municipio, el 7 de febrero; dos policías heridos y una moto incinerada el 17 de febrero en Pailitas (Cesar), y seis atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas entre el 16 de enero y el 18 de febrero, en tres municipios del Catatumbo.

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Lo mismo ocurre con el último parte de guerra de los frentes de guerra Oriental y Occidental: cinco militares muertos y ocho heridos en un ataque contra una patrulla del Ejército que se movilizaba por la autopista Villavicencio-Bogotá en la noche del 14 de febrero, y un soldado muerto por un campo minado el pasado 30 de enero en la vía Pereira-Quibdó. Los medios apenas registraron los hechos.

Sin embargo, otra cosa ocurrió con el atentado de Bogotá, que lleva nueve días en el radar de la prensa y de los líderes de opinión. El analista político Luis Eduardo Celis le dijo a ¡Pacifista! que “el ELN considera que en la medida en que el conflicto armado continúe y su propuesta de cese bilateral no se discuta en la mesa, está en toda la disposición de mantener la rebelión armada y actuar en todo el territorio nacional: esto hace de Bogotá un territorio atractivo”. Y agrega que “esa guerrilla ha focalizado la ciudad como una de sus prioridades de actuación, para mandar el mensaje de que puede operar en el centro del poder y de que la guerra no es solamente un asunto de zonas alejadas”.

Una estrategia que está en marcha, al menos, desde 2014. El 20 de junio de ese año, el ELN puso 500 gramos de explosivos en el CAI del barrio Lourdes, pocos días antes de cumplir su aniversario número 50. Luego, el 29 de julio, instaló seis explosivos en varios puntos de Bogotá: el puente Guadua del barrio Cortijo, la calle 26 con carrera 30, la avenida Boyacá con 80, la autopista sur con 74, la autopista norte con 167, y la calle 17 sur con 5. Los artefactos —que estuvieron acompañados de propaganda— no dejaron heridos de gravedad, pero atemorizaron a los habitantes de esos barrios. La seguidilla continuó en 2015: el 2 de julio, dos petardos explotaron en las sedes de la compañía financiera Pensiones y Cesantías Porvenir de la calle 72 y de Puente Aranda, que según la policía fueron instalados por esa guerrilla.

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Y aunque 2016 estuvo marcado por los altibajos de la negociación y por el secuestro del excongresista Odín Sánchez, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo una declaración sorpresiva tres días antes de que se acabara el año: dijo que el ELN baleó a un policía en el norte de Bogotá, que puso 500 gramos de explosivos en cercanías al cuerpo y que activó la carga cuando otros uniformados auxiliaban a la víctima. Como resultado de la explosión, ocho policías resultaron heridos. Al respecto, Celis dice que la oleada de atentados “solo le sirve a quienes no creen o no quieren la solución negociada”.

La pregunta central es, entonces, hasta dónde será capaz el ELN de escalar el conflicto en la capital y, en contraste, qué hará la Fuerza Pública para contrarrestar nuevos atentados. En el medio, un amplio sector de la sociedad civil sigue clamando por un cese bilateral al fuego. En una carta dada a conocer este lunes, múltiples organizaciones sociales, congresistas, periodistas y académicos condenaron los hechos ocurridos en La Macarena y rechazaron las agresiones contra líderes sociales. Además, dijeron que el componente de participación, que atraviesa las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, se “desestimula” con “las acciones militares de las partes”. Por eso, les pidieron que “desarrollen dinámicas humanitarias que desemboquen en un corto plazo en la declaración del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, que se mantenga hasta la firma del acuerdo final”.

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