Marcela López, representante sindical de las mujeres productoras de hoja de coca y comunicadora social durante la implementación del programa de control social.

Por: Clara Roig Medina
Todas las fotos fueron tomadas por la autora

Marcela López se pasea por su cato de coca aún aguado por las recientes lluvias de febrero. Se quita las sandalias blancas y se arremanga los jeans antes de entrar. Los arbustos se ven lozanos y apuestos, hay uno que hasta le saca una cabeza en altura, algo inusual en las matas de coca. “Este es nuestro sustento”, comenta Marcela. “Así es como llevamos los niños a la escuela, como los alimentamos y les compramos sus libros”, añade.

En el Chapare, la segunda zona productora de hoja de coca de Bolivia, después de Los Yungas de La Paz, los campesinos están autorizados a cultivar un cato de hoja de coca por familia, 1.600 metros cuadrados de tierra. El cato se introdujo después del acuerdo de 2004 entre el gobierno y los sindicatos cocaleros para terminar con la violencia que había acechado la región en la década de los 90. “Los yanquis nos decían que la hoja de coca era veneno, que teníamos que erradicarla. Te perseguían y tenías que esconderte por el monte”, relata un hombre con sombrero y piel dorada por el sol que se acerca a Marcela para renovar su cato de coca. “Para nosotros la hoja sirve para todo. Por eso luchamos y resistimos. Ahora con el cato todo está más tranquilo”, concluye.

Marcela, como representante sindical, autoriza la renovación del cato de coca.

La hoja de coca en Bolivia se cultiva desde hace miles de años y se estima que alrededor del 65% del cultivo va destinado al consumo propio. De todos los países andinos, Bolivia es con diferencia el que más consume hoja de coca. Se estima que un tercio del país la consume a diario, según un estudio del 2013 elaborado por el gobierno boliviano y la Unión Europea.

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Por eso en Bolivia, la hoja de coca está presente en todas las actividades cotidianas. La mayoría lo usa como estimulante para el trabajo, pero la hoja de coca es también un elemento esencial en reuniones, rituales y eventos familiares. “Para pedir la mano, coca, para el primer hijo, coca, al pasar la mayoría de edad, coca”, explica Dionisio Núñez, ex Viceministro de Coca y Desarrollo (2013-2014).

Mujeres campesinas recogen la hoja de coca en un cato recién erradicado.

Unas 14.700 hectáreas son suficientes para suplir el mercado interno, según el cálculo del gobierno. En 2015, Bolivia produjo 20.200, el número más bajo registrado desde 2003 de acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La producción de estas cantidades deja un sobrante del 35%, unas 5.500 hectáreas –en su mayoría producidas en el Chapare–que se convierten en unas 12.000 toneladas de hoja de coca supuestamente destinadas a la elaboración de cocaína según Washington. 

Sin embargo el dato no es del todo exacto: una parte se distribuye sin pasar por los mercados legales y otra se exporta a Argentina y Chile para consumo tradicional. Solo en Argentina hay un tránsito de 1.800 toneladas de hoja de coca al año, según analiza Marco Alaya de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID).

Del cato al control social de los cultivos

El cato fue el primer paso de una nueva política nacional de drogas que pretendía redireccionar las políticas implementadas hasta el momento bajo la supervisión de Estados Unidos, bajo el lema ‘coca cero’ y con una fuerte militarización del terreno. Así pues, en 2008 se estableció un programa de control social de los cultivos de coca con el apoyo de la Unión Europea. La propuesta se basaba en dos conceptos: por una parte, promover el desarrollo de las comunidades productoras para que dejasen de depender de la hoja de coca, y por otra, poner en el centro de la solución a la misma comunidad productora, ahora encargada de controlar los cultivos.

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Entre el 2009 y el 2011, Marcela López participó en la implementación del programa como comunicadora social. Su trabajo era convencer a la comunidad de la importancia de participar. “Al principio no querían, estaban acostumbrados a plantar grandes extensiones”, explica Marcela. “Pero al final –continúa– entendieron que lo tenían que cumplir para que la hoja de coca fuera respetada”. Según Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, “se concienció a los productores de que era importante reducir la producción a lo necesario para el consumo legal”.

La participación de la comunidad para reducir los cultivos se consiguió gracias a una diversificación de las actividades económicas, una mejora de las infraestructuras y los servicios públicos, y con el sistema del cato. La pequeña extensión de tierra permitía a las familias subsistir mientras cambiaban a otros cultivos, sin cortar la producción de raíz, como se había hecho hasta entonces con las erradicaciones forzosas. Desde 2008 a 2014, Bolivia ha reducido 10.000 hectáreas de coca, una tercera parte de su producción.

“Es crucial tener en cuenta otros indicadores de éxito que no sean las hectáreas reducidas de coca sino la capacidad de subsistencia, el acceso a la salud, los caminos, las escuelas, etc.”, argumenta Kathryn Ledebur, investigadora de la Red Andina de Información y coautora del informe Habeas Coca, Contol Social de la Coca en Bolivia. “Hay que entender que ‘cero coca’ no es posible y que no puede haber sustitución de cultivos sin que las familias puedan alimentar a sus hijos. El desarrollo de las comunidades es un derecho de la ciudadanía y no un premio por erradicar la hoja de coca”, puntualiza Ledebur.

La cruzada personal de Evo Morales

El máximo impulsor del programa fue Evo Morales, quien llegó a la presidencia de Bolivia dos años después del acuerdo del cato con el objetivo de nacionalizar las políticas de drogas y revalorizar la hoja de coca. Como sindicalista cocalero que hizo su carrera política en El Chapare, Morales potenció la red de sindicatos cocaleros a nivel local, regional y nacional, registró a los productores con un carnet biométrico e implementó un sistema satelital para controlar las extensiones de los cultivos. También creó instituciones propias de supervisión como el CONALTID o el Viceministerio de Coca y Desarrollo, expulsó a los oficiales estadounidenses de la DEA (Drug Enforcement Administration) de Bolivia, y consiguió que en 2013 la ONU avalara el consumo de la hoja de coca dentro de las fronteras bolivianas. Su más reciente aportación ha sido la aprobación de la Ley General de la Coca en mayo de 2017, que regulariza la producción de 22.000 hectáreas de hoja de coca.

Evo Morales visita El Chapare con los dirigentes del sindicato de cocaleros de la región, las Seis Federaciones de Cochabamba.

Otro punto que fue esencial para mantener a la mayoría de productores unidos y a favor del programa de control social fue la creación y fortalecimiento de los sindicatos a nivel municipal, regional y nacional. Solo en la región del Chapare de Cochabamba existen 6 federaciones unidas en un mismo sindicato, que a la vez consta de 108 centrales pertinentes a cada municipio.

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Como la mayoría de productores de hoja de coca, Marcela también forma parte de uno de los sindicatos de su región, la Federación de Mujeres Campesinas Centrales Unidas. Marcela es representante desde 1995 y ha participado en varios cargos en defensa del rol de las mujeres en la vida política y familiar. “Antes no había respeto a las mujeres ni participaban en cargos públicos. En las organizaciones no nos daban la palabra”, comenta. Gracias a un proceso de lucha, ahora hay mujeres jóvenes que ocupan cargos de dirección, como la alcaldesa del pueblo de Marcela. “No solo se tenían que organizar los hombres para defender la hoja de coca, también las mujeres”, argumenta.

Los productores esperan su turno para pesar la hoja de coca en el mercado legal de La Paz.

El sindicato, aparte de crear un tejido social fuerte, también se encarga de supervisar la producción en los puntos de regulación. Cada productor tiene que llevar la hoja de coca en el mercado de La Paz o de Cochabamba, las dos ciudades principales del país, y notificar la cantidad al sindicato. “Si cultivan más de un cato, el sindicato lo sanciona”, explica Marcela. Las sanciones pueden ir desde realizar trabajo comunitario, expropiarle la tierra al campesino o sacarlo de la comunidad.

Aparte, si un productor tiene más de un cato se lleva a cabo la erradicación del cultivo excedentario con el previo aviso y consenso de la comunidad y del productor afectado. En estos casos, entra en acción la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico de Cochabamba (UDESTRO), la entidad que controla los cultivos de hoja de coca en la región. Junto con el Ejército y la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR) forman la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de erradicar las plantaciones de coca excedentaria o no autorizada, para que el gobierno boliviano cumpla con las directrices de la ONU, que solo permite la cantidad de hoja de coca necesaria para el consumo propio.

Un soldado recoge las matas de coca erradicadas de un campesino que tenía dos catos.

La huella de EE.UU. en la lucha contra las drogas

La caseta central de la UDESTRO se encuentra a las afueras del pueblo turístico de Villa Tunari, centro neurálgico de El Chapare. Felipe Martínez encabeza la institución desde hace tres o cuatro años. Masca hoja de coca lentamente, con su bolo marcado en la boca. En la oficina hay unos pocos computadores viejos, mesas y sillas sencillas. Un cuadro del Sr. Martínez corona la sala, y abajo, Felipe en carne y hueso. “No crea, yo también soy producto de la pobreza migrante. Mi papá se vino al Chapare en los años 80, originario de Potosí, como el presidente. Aquí, muchos venimos de otros departamentos porque la hoja de coca era la mejor alternativa”, explica.

En esos años, la rentabilidad de la hoja crecía exponencialmente gracias al boom de la cocaína, y muchos mineros que se habían quedado sin trabajo por la caída del precio del estaño recalaron en la región. Las plantaciones de hoja de coca se extendieron. “A finales de los años 80 empezó la represión”, explica Felipe Martínez, “pero pronto empezamos a organizarnos a nivel sindical”.

En 1986 se llevó a cabo la primera intervención militar dirigida por EE.UU., la operación Blast Furnace, con oficiales estadounidenses y de la policía boliviana UMOPAR en el terreno. Según recuenta William W. Mendel, excoronel y analista militar en la Military Review de 1992, el objetivo de la operación era desmantelar los laboratorios de cocaína. Sin embargo, en el transcurso de los meses se impulsaron redadas en los pueblos para atrapar a los narcotraficantes.

“Esto se vio como un ataque contra los campesinos. La operación enemistó la población local contra las fuerzas antidrogas”, concluye Mendel en su informe. Para Kathryn Ledebur, el cambio de estrategia se debió a la incapacidad del gobierno boliviano y norteamericano a hacer frente a la explosión del narcotráfico. “Un objetivo más estático y alcanzable eran los productores de coca, puesto que son pobres y viven en un solo lugar”, afirma.

La Unidad del Ejército de las Fuerzas de Tarea Conjunta se preparan para la erradicación.

Durante la década de los 90 se intercalaron operaciones militares de erradicación con movilizaciones cocaleras. El punto álgido llegó en 1997 con el Plan Dignidad, un programa parecido al Plan Colombia que vino después, con el que se  pretendía eliminar toda la coca del Chapare para el año 2002. La muerte de 79 manifestantes a finales del 2003 provocó la renuncia del entonces presidente, González Sánchez de Losada, y Carlos Mesa asumió la presidencia con la promesa de no vulnerar los derechos humanos de los productores de hoja de coca.

De la mesa de dialogó entre el gobierno y los cocaleros nació el cato. Carlos Mesa también cortó el apoyo económico de Estados Unidos, que presionaba a Bolivia  para reducir los niveles de producción. “Estados Unidos perdió el mito de ser indispensable en la lucha antidrogas. Bolivia ofreció una alternativa a la erradicación forzosa más barata, funcional y respetuosa con los derechos humanos. Consiguió ser soberana en políticas de drogas y crear colaboraciones con actores internacionales que no fueran condicionadas”, explica Kathryn Ledebur.

El programa de control social tenía como objetivo acabar con la violencia. Entre 1997 y 2004 hubo alrededor de 60 muertos, 700 heridos y 500 detenidos. Entre 2005 y 2014, se produjeron dos altercados con un resultado de seis muertos y 13 heridos. Según Katheryn Ledebur, el hecho que el proyecto se desarrollase con la cooperación de la población y no fuera impuesto, hizo que funcionara en un cuadro que parecía imposible.

Hoy en día, la hoja de coca ya no es el principal cultivo en el Chapare. De acuerdo con los últimos informes de la ONU, la producción de plátano ocupa la mayor parte del área cultivada, seguida por cítricos, palmito, y finalmente, coca.

Vistas desde el mirador de Villa Tunari, el pueblo turístico del Chapare.

Aunque el gobierno boliviano reconoce que aún hay coca excedentaria que va destinada al narcotráfico y que Bolivia es un país de tránsito, pide una responsabilidad compartida con los países consumidores de drogas y un nuevo enfoque global en la política de drogas.

Marcela, por su parte, sería feliz el día que la hoja de coca fuera legal en otros países y todos pudieran disfrutar de sus beneficios. “Sería un triunfo de los cocaleros, nos podríamos sentir orgullosos de que todo lo que hemos luchado no ha sido en vano”, concluye esta mujer con una brillante sonrisa.

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