Otoniel Verdugo y otros 400 campesinos se oponen al proyecto de marihuana medicinal de Cannavida en Barichara. Fotos: Andrés Bermúdez Liévano | ¡PACIFISTA!

Por Andrés Bermúdez Liévano, coordinador general del Proyecto COCA

Barichara, Santander

Las mismas condiciones que convirtieron a Colombia en una potencia de exportación de flores la hacen hoy un lugar promisorio para el cultivo de marihuana medicinal.

Hace un año, la empresa canadiense Cannavida fue una de las tres pioneras en recibir el permiso del Ministerio de Salud para fabricar productos médicos derivados de la marihuana. Y sin embargo, a pesar de haber recibido el visto bueno del Gobierno Nacional, Cannavida ya encuentra problemas con sus vecinos en Santander.

Problemas que podrían descarrilar el proyecto.

* * *

“La comunidad entiende ampliamente las bondades del uso medicinal de la marihuana (…). Sin embargo, no consideramos que sea un proyecto que beneficie a la comunidad ni en términos de seguridad, ni de desarrollo económico alternativo, ni tampoco en cuanto a calidad de vida, pero sí reconocemos riesgos e impactos asociados”.

Así arranca la dura carta pública en que 400 habitantes de Barichara, incluyendo prácticamente todos los campesinos que viven en las tres veredas donde Cannavida monta su cultivo, le piden al alcalde suspender el proyecto. Algunos, incluso, hablan de convocar una consulta popular contra la marihuana.

Su principal temor es el mismo: el agua.

El camino desde Barichara hasta el lote donde Cannavida montará su cultivo de marihuana medicinal -con la Serranía de los Yariguíes en el fondo- antes fue tierra tabacalera y ahora es de café. Fotos: Andrés Bermúdez Liévano | ¡PACIFISTA!

“El tema no es la marihuana: es el agua”

Al salir del casco antiguo de Barichara por el viejo puente colonial, comienza una carretera destapada que sube hasta el filo de la montaña sobre el cañón del río Fonce. A medida que el clima se va templando, se multiplican los frondosos cafetales que, en esta época de cosecha, posan cargados de pepas moradas y rojas.

Tras media hora de trocha, aparece un gran potrero inclinado y limpiecito. Un centenar de postes verdes de gran tamaño organizados en forma de ‘Y’ marca el lugar donde pronto vendrá un alambrado eléctrico. Este es el predio donde, en un par de meses, Cannavida piensa instalar su planta y sus invernaderos para trabajar con Cannabis sativa medicinal.

A pocos metros de este lugar comienzan a escucharse las voces de alarma por el proyecto.

La mayoría de los campesinos se muestran preocupados por el impacto que podría tener un cultivo tan dependiente del agua como la marihuana en una región que históricamente ha sufrido por su escasez.

“El tema no es la marihuana: es el agua”, dice Pablo Hormaza, un campesino que dirige la junta de acción de la vereda Paramito y que ve el lote de Cannavida desde su casa. “Si es un cultivo que requiere un litro mínimo, máximo tres, por planta, ¿cuánta agua van a necesitar? La van a chupar seco, como un pitillo. Eso va a tener unas consecuencias para todos nosotros”.


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Ya tenían sus reservas sobre el proyecto, pero el conflicto se disparó hace dos meses. Tras la llegada de un camión perforador, los campesinos se enteraron de que la CAS, la autoridad ambiental del centro de Santander, les había dado un permiso para explorar qué aguas subterráneas hay en el lote.

“Lo que hizo la ampolla fue el pozo profundo. Cuando vimos el camión nos sobresaltamos, porque no tenemos consciencia de si puede ser dañino para otras fuentes de agua. Ellos dicen que no, pero a nosotros sí nos preocupa”, cuenta Guillermo Ortiz, líder de la junta de Santa Elena, durante un descanso de la colecta de café en la finca de su papá.

Temo que la van a chupar seco, como un pitillo. Eso va a tener unas consecuencias para todos nosotros

No es la única preocupación. A algunos les da angustia que, atraídos por el negocio, grupos criminales lleguen a una región que se libró del conflicto armado, a excepción de la época de la Violencia entre godos y liberales. Otros temen que, con guardias armados custodiando el cultivo, se vuelva peligroso para sus hijos ir al colegio o que de noche no puedan circular con seguridad. Y otros más sienten que la vereda podría llenarse de consumidores de marihuana que causen problemas —“viciosos”, dicen ellos— y que crean erróneamente que ahí podrán comprar la hierba.

Al final, sin embargo, todos vuelven al mismo punto: el agua.

Este es el predio en la vereda Santa Elena, de Barichara, donde Cannavida va a instalar su cultivo de marihuana medicinal, en medio de la oposición de las comunidades locales que la rodean. Fotos: Andrés Bermúdez Liévano | ¡PACIFISTA!

Agüita pa’… ¿los canadienses?

Cannavida les ha dicho a los habitantes de la zona que sus temores son infundados. Pero al viajar hasta allá y ver la situación, es fácil notar qué les preocupa a los campesinos en las tres veredas: ninguna de sus casas tiene siquiera agua potable.

Durante seis años, las dos veredas aledañas al proyecto, Santa Elena y Santa Elena Bajo, esperaron a que la CAS resolviera sus solicitudes para poder construir acueductos veredales que llevaran agua para cocinar y beber. El permiso finalmente salió en 2016, pero aún necesitan conseguir la plata para construir tanques de almacenamiento y cajas de distribución para cada familia, algo que no ven muy cercano. Para rematar, cuentan, los expedientes se perdieron en un episodio surreal durante la mudanza de edificio de la corporación en San Gil.

Su aprensión obedece en gran medida a que la CAS es considerada una de las corporaciones autónomas más politizadas del país.

Desde hace años, la entidad ambiental ha sido el feudo del clan liderado por el coronel Hugo Aguilar, el famoso policía que se convirtió en el héroe del operativo que dio muerte a Pablo Escobar en un tejado de Medellín en 1993 y que luego terminó de villano, condenado en 2013 por aliarse con paramilitares para llegar a la Gobernación de Santander. Flor María Rangel, la directora de la CAS que Aguilar ayudó a nombrar en 2012, está detenida desde el pasado enero por presuntas irregularidades en varios contratos y renunció hace una semana.


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Por todo esto, los habitantes resienten que Cannavida haya recibido una licencia para construir un pozo en menos de un año, mientras ellos viven del agua de lluvia que purifican con filtros y, en épocas de verano, tienen que pedir a la Alcaldía que envíe carrotanques para auxiliarlos.

Una situación similar viven las escuelas rurales, donde los niños pueden ir al baño solo si están llenos los tanques para recoger agua de lluvia.

“¿Cómo es posible que mientras diecinueve niños sufren por agua y la llevan hasta en botellas de gaseosa, ellos van a hacer un hueco para sacar agua y regar la marihuana?”, dice Jenny Campos, cuyo hijo de nueve años es uno de los alumnos de la escuela de Santa Elena Bajo, que linda con el terreno de Cannavida.

Más allá del agua, habitantes locales como Otoniel Verdugo, un campesino de cuarenta y nueve años de sombrero vueltiao, alpargatas y una vieja radio colgada de la cintura, sienten que Cannavida y las autoridades no han sido transparentes sobre el proyecto.

¿Cómo es posible que 19 niños sufran por agua mientras ellos van a hacer un hueco para sacar agua y regar la marihuana?

La parcela de Verdugo tiene cinco hectáreas, está sembrada con fríjol, tabaco, cítricos y 5.000 palos de café y linda con la finca de Cannavida. Debido a que son vecinos directos, la Alcaldía de Barichara debía consultar con Verdugo y discutir con él sobre los planes de obra que hace un mes presentó la compañía al solicitar el permiso de construcción.

“Acá vinieron de Planeación (de la Alcaldía) y nos trajeron una carta. Me dijeron: ‘Fírmeme usted… como él no está’. Me dijeron que era para el ‘recibido’, que era para mostrar que habían venido hasta la casa, pero eso lo metieron como un permiso. No sabíamos que era para llevar a Planeación esa firma”, dice su esposa Odilia Angarita, mientras prepara un tinto.

Según cuenta esta pareja campesina, la suya fue una de ls tres cartas de vecinos colindantes que aparecieron en la Alcaldía, supuestamente aprobando una obra que ellos, según cuentan, nunca avalaron.

“Me parece mal que le saquen a uno firmas así. Yo hubiera esperado una reunión para haber decidido todos”, dice Verdugo.

Muchos campesinos como Guillermo Ortiz temen que los pozos de agua de Cannavida afecten el agua que ellos necesitan para su café especial, en una región históricamente con poca lluvia. Fotos: Andrés Bermúdez Liévano | ¡PACIFISTA!

¿Y qué dice Cannavida?

“Vine a Colombia para producir cannabis medicinal de alta calidad al costo más bajo posible”, le contó a ¡Pacifista! hace una semana Ron Marzel, el fundador de Cannavida y uno de los pioneros del incipiente negocio al que medios como The New York Times ya le han dedicado reportajes enteros.

Marzel es un abogado canadiense que litigó en su país a favor de pacientes que necesitaban acceso a marihuana medicinal y hoy vive en Barichara. Su proyecto es invertir diez millones de dólares en el proyecto en los dos primeros años, una cifra muestra el potencial de un negocio que el Ministro de Salud Alejandro Gaviria describió como “una gran oportunidad de los mercados global y local”.


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El naciente conflicto entre Cannavida y los campesinos barichareños, sin embargo, muestra que ni siquiera los negocios más innovadores están a salvo de generar conflictos sociales y ambientales con las comunidades locales.

A diferencia de los grandes proyectos mineros o petroleros, donde el proceso de licenciamiento ambiental exige una audiencia pública, en los negocios agroindustriales como el de Cannavida no es obligatorio consultar con la comunidad. Además, la empresa sostiene que ha surtido todos los trámites legales y cumplido con todas sus obligaciones.

Esa visión, sin embargo, muestra que —como les ha pasado otras empresas que han llegado a zonas rurales— no entablar relaciones con la comunidad puede tener costos altos e incluso hacer inviables los proyectos.

Ni siquiera los negocios más innovadores están a salvo de generar conflictos sociales y ambientales con las comunidades locales

Cuando Cannavida llegó, las relaciones inicialmente fueron cordiales.

Uno de sus socios, Juan Carlos Rey, incluso visitó uno de los proyectos de restauración de quebradas que vienen adelantando los campesinos y les ofreció apoyar ese tipo de trabajo comunitario.

Pero luego Rey y otros dos socios colombianos se pelearon con Marzel, dejaron la empresa y lo demandaron penalmente. (Esa no es la única controversia que ha seguido al gerente de Cannavida. En 2016, en un debate en el Congreso, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia denunció que él presuntamente cobraba a pacientes canadienses por ayudarles a tramitar recetas médicas de marihuana medicinal.)

En ese momento, Cannavida dejó de interactuar con sus vecinos, a excepción de las esporádicas visitas de una trabajadora social y de un coronel retirado del Ejército que hace las veces de jefe de seguridad.

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En este contexto se dio el conflicto por el pozo. Un conflicto que mostró cómo, en ausencia de espacios de diálogo y de una visión de ‘gana-gana’ para todos, los problemas pueden escalar rápidamente.

Consciente de que su proyecto ha generado resquemores, Cannavida organizó el pasado 25 de octubre una sesión de socialización con los pobladores de las tres veredas en el flamante polideportivo de Santa Elena, inaugurado pocos días antes.

Pero los campesinos no vieron al evento como una conversación horizontal.

“Ellos lo que querían era botar información, sin que nosotros tuviéramos derecho a opinar. El ingeniero del pozo dijo que él solo hablaba de cosas valederas y, para ellos, ‘valedero’ es solo gente que tenga estudio”, recuenta Mireya Ortiz, una vivaz campesina que tiene su casa en lo más alto de la vereda.

“Para ellos, los argumentos de nosotros los campesinos y pobladores de la zona son un cero a la izquierda”, dice.

Un proyecto en el que vienen trabajando Fulgerman Ortiz y otros campesinos de la zona donde se piensa instalar Cannavida es impulsar el turismo rural, aprovechando la cantidad de extranjeros que visitan Barichara. Fotos: Andrés Bermúdez Liévano | ¡PACIFISTA!

Una semana después, los habitantes llevaron su derecho de petición a la Alcaldía, cuyo titular, Israel Agón, fue detenido hace dos meses por presuntas irregularidades en un proyecto de vivienda. Algunos hablan incluso de organizar una consulta popular contra la marihuana.

“Amparándonos en la noción de desarrollo sostenible y convencidos a ultranza de que el mismo debe basarse en el futuro que debemos dejar a nuestras generaciones venideras es que le solicitamos comedidamente a Usted se ordene la suspensión inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto liderado por Cannavida S.A.S. en razón a los impactos y riesgos inminentes asociados a su presencia en el territorio”, concluye la carta.

“Para ellos, los argumentos de los campesinos de la zona son un cero a la izquierda”

Hoy la empresa es consciente de los problemas que tiene con la comunidad.

Un indicio de esto es que contrató hace dos semanas a Orza, una consultora especializada en el relacionamiento con comunidades y con el Estado.

“Hay un interés real de Cannavida para encontrar elementos que permitan mejorar sus relaciones con la comunidad y buscar soluciones conjuntas para las preocupaciones que esta tiene”, le dijo a ¡Pacifista! Gonzalo Araújo, director de Orza, que en el pasado fue director de Asuntos de Gobierno de Uber y trabajó durante tres años junto a Juan Camilo Restrepo en el Ministerio de Agricultura.

Araújo insiste en que la empresa quiere contribuir a solucionar los problemas de agua de las veredas. “Hay un terreno de la Alcaldía vecino al proyecto. La empresa le ofreció a la Alcaldía asumir el costo de construir un pozo, y que el recurso hídrico lo administre el ente que corresponda para el uso y disfrute de la comunidad”, dice.

“Aquí venir a ofrecer empleo no pone feliz a la gente”

Que el proyecto de Cannavida y sus plantas de marihuana medicinal puedan ver la luz del sol podría depender, al final, de que logren entender mejor a la comunidad del lugar en que quieren anclar el negocio.

“No han hecho un diagnóstico real de las necesidades de la vereda”, dice José Alfredo Rodríguez, más conocido como ‘Chejo’, que lidera la junta de acción de Santa Elena Bajo.

“Creen que con ofrecer treinta empleos nos tienen felices, pero la verdad es que no es la principal necesidad ni la preocupación de la comunidad”, añade. “Más que trabajo, acá lo que hace falta es mano de obra. Ahorita el café, que está en una muy buena cosecha, se está cayendo. Hay hasta venezolanos recogiendo, por falta de gente”.

¿Qué futuro imaginan ellos para sus veredas?

Las respuestas varían, pero, como suele suceder, lo que ellos perciben como una crisis los ayudó a unirse. Hace un año se juntaron setenta y seis campesinos, cafeteros y finqueros de las tres veredas para crear la Corporación Terrainnova.

En la cooperativa tienen tres grupos de trabajo. El primero se ocupa de temas productivos, incluyendo técnicas para lograr que su café sea orgánico y preparar compostaje natural. En dos semanas lanzarán Humano, su propia marca de café especial que, con un empaque de colores chillones y siluetas de hojas de plantas locales diseñadas pro bono por el publicista Daniel Bermúdez, esperan vender entre los turistas que llegan a Barichara.

La ausencia de agua ha llevado a los habitantes de las veredas, como el cafetero Mauricio Chinchilla, a trabajar juntos restaurando las quebradas como La Cristalina con arcos romanos de piedra y árboles nativos, que ayudan a preservarla. Fotos: Andrés Bermúdez Liévano | ¡PACIFISTA!

Un segundo grupo viene pensando en cómo atraer al masivo turismo extranjero que llega del pueblo a las zonas rurales, para conocer procesos como el del café y dormir en casas campesinas, como ocurre con cada vez más frecuencia en Salento, Quindío.

Por último, en una iniciativa que bautizaron Verdichara, vienen recuperando muchas de las pequeñas y valiosas cañadas que llevan agua a las fincas. Para eso, han construido una decena de arcos romanos de piedra para empozar el agua más tiempo y han sembrado cientos de árboles nativos que conservan el agua en sus bordes. En esa tarea les ayudan los niños de la escuela rural, que tienen un programa que Colciencias patrocina llamado ‘Cazadores de Semillas’ y con que han aprendido a reconocer todas las especies de árboles nativos.

Es decir, todo vuelve siempre al agua.

Como dice Fulgerman Ortiz, otro cafetero de la vereda, “es escalofriante que a uno como líder le toque gestionar que llegue un carrotanque. Eso lo deja a uno pensando del cambio climático tan acelerado que tenemos. Por eso, los pozos nos preocupan tanto”.

A ese temor parece estar atado el destino del que busca ser el primer cultivo en exportar productos médicos de marihuana del país.

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