Seusis Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich. Foto: El Espectador

Es importante que el mensaje de no regreso a la guerra llegue a todas las regiones donde haya excombatientes concentrados y las disidencias asedien.

El proceso de paz con las Farc cada vez se parece más a esos carros destartalados que se ven en la calle. Aquellos que avanzan y cruzan las avenidas, pero que al mismo tiempo dejan en quien los observa una desoladora sensación de inseguridad: la posibilidad de que en cualquier momento saquen la mano y queden tirados en medio de alguna autopista. A decir verdad, la comparación no es rara: sin duda la implementación del Acuerdo camina hacia adelante (más lentamente de lo esperado, claro­), y hay avances innegables que pueden corroborarse con los índices de violencia en las regiones y en los registros de víctimas. Sin embargo, acompañando su paso, cada vez es más grande el ruido que los opaca, que los ensombrece, que hace sentir que hay serios desajustes que lo aquejan.

No hay que ir muy lejos para ver el problema más reciente, que ejemplifica la analogía: la detención de alias Jesús Santrich, acusado de pactar el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, generó una nueva ola de escepticismo en el proceso de paz. De una parte están los voceros de la antigua guerrilla que acusan montaje y conspiración; de otra están el presidente Juan Manuel Santos y el fiscal Néstor Humberto Martínez, quienes hablan de pruebas irrefutables contra Santrich; y de otra, los opositores al Acuerdo, quienes, sean avances positivos de la implementación u obstáculos de la misma, no pierden oportunidad para lanzarle sablazos.

Y sí, hoy todos ellos están hablando a la vez, todos quieren posicionar su versión sobre la de los demás. No obstante, el caso Santrich, al que nos referiremos a continuación, es apenas el último de los obstáculos que afronta el proceso de paz, que por demás no han sido pocos: vimos cómo el Congreso fue incapaz (o apático) de aprovechar el marco del fast-track para sacar adelante las reformas estructurales que demandaba lo acordado entre el Gobierno y la guerrilla. También vimos recientemente cómo parece haber un desorden mayúsculo en la ejecución de los recursos donados por países extranjeros para la implementación: y cómo Néstor Raúl Correa, quien hasta hace muy poco fuera el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abandonó su cargo en medio de un cruce de versiones que –por lo menos– dan mala espina. 

Y ahora aparece un nuevo escándalo. No es un secreto que el proceso que terminó la guerra entre el Gobierno y las Farc está en sus horas más bajas. Jesús Santrich –como cualquier otro ciudadano de Colombia– tiene derecho al debido proceso, pero sea cual sea el desenlace de su historia es evidente que las pérdidas las cargará el Acuerdo de Paz. Supongamos que el gobierno y la DEA tienen razón y Santrich, en efecto, estaba pactando negocios turbios. Su afrenta al proceso de paz sería enorme.


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En ese caso, además, resultaría muy poco creíble que fuera él quien estuviera al frente de dichos negocios, solo desde su casa en Modelia, sin la colaboración de una estructura dedicada a ejecutar sus órdenes. En esta supuesta realidad, el escándalo podría empeorar y arrojar más y nuevos culpables, mientras la imagen el proceso se resiente.

Lo mismo ocurriría si, por el contrario, el antiguo líder guerrillero es absuelto con el pasar de los días y de los meses, pues mientras que los opositores del proceso de paz no desperdiciarían un segundo para gritar impunidad, las instituciones y el Gobierno podrían dar pie a críticas y desconfianzas sobre un presunto sesgo efectista a la hora de investigar a los implicados en el conflicto.

Dicho esto, hay que recordar que el escenario actual abre también una puerta –aunque pequeña– para la legitimidad del proceso de paz. El caso Santrich es una buena oportunidad para que la JEP pruebe su compromiso con la verdad: según el Acuerdo Final firmado por las Farc y el gobierno, será la Sala de Revisión la encargada de cotejar las fechas en las que tuvo lugar el supuesto actuar delictivo, para luego resolver qué sistema es el que procede: si la justicia especial y sus penas diferenciales o la justicia ordinaria, con la extradición a Estados Unidos como camino posible.

Este es entonces el desafío que enfrenta la paz con la que era la guerrilla más antigua de todo el continente. Iván Márquez, quien llevó la vocería durante la rueda de prensa en la que la Farc rindió sus descargos después de la detención de Jesús Santrich, aseguró que este es el peor momento que ha afrontado el proceso. No obstante, al mismo tiempo ratificó que la decisión que él y sus excompañeros en la guerrilla tomaron al dejar atrás las armas no tiene reversa.

Es importante que en este momento ese mensaje llegue a todas las regiones de Colombia en donde los excombatientes estén concentrados y que sea esa la máxima en los momentos difíciles y cuando las disidencias asedien.

Ojalá que el caso Santrich sirva como campanazo de alerta para que todas las partes vinculadas con el acuerdo se den cuenta de que el momento que vive Colombia, esa fragilidad de su proceso de paz, no se puede menospreciar. Suficiente señal debería ser para todos que la violencia se haya disminuido a mínimos históricos desde que comenzó el proceso.

Esa es la verdad irrefutable que lo hace fuerte.

 

Diego Alarcón es editor de ¡Pacifista!

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