Foto: Harriet Dedman | VICE News

Este artículo fue publicado originalmente en VICE News, la plataforma de noticias de VICE.

Por Christopher Crosby 

Bajo un toldo que oculta su laboratorio de patrullaje de aviones militares, Ricardo destroza varias hojas verdes de coca hasta que cubre el suelo de la jungla como si fuera confeti. Es el primer proceso para convertir esas hojas en una pasta ligera, conocida comúnmente como ‘pasta base’. Cuando esté lista, Ricardo se la venderá a los narcotraficantes después de que lleguen a su finca y le pongan precio al producto. A su vez, utilizarán botes, mulas, inclusive submarinos para trasladarlo en bidones de 55 galones a las refinerías de la vecina ciudad portuaria de Tumaco. Allí esa pasta se transformará en cocaína.

Ricardo – quien pidió no revelar su verdadero nombre – ha perfeccionado su rutina tras más de una década en el negocio de la coca. Pero hoy, como miles de cocaleros colombianos, está en una encrucijada. Colombia es el mayor productor de coca en el mundo, pero el gobierno planea eliminar la mitad de los cultivos de esa hoja a lo largo de este año. Los cultivadores pueden elegir entre la mano dura del Estado y sustituir las plantaciones de coca por plátanos o café.

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Juan Manuel Santos dio a los campesinos un año para que sustituyan sus cultivos de coca mientras que, al mismo tiempo, la erradicación forzada por parte del ejército se intensifica y continúa para grandes cultivadores.

Los productores de coca continúan escépticos en cuanto al cumplimiento de las promesas del gobierno, inclusive, en medio de la creciente presión por parte del Estado, agricultores como Ricardo están reacios a aceptar el acuerdo. El cultivador, pese a que sólo gana 320 mil pesos al mes cultivando coca –un salario que está muy por debajo de la línea de la pobreza– dice que hará la mitad de ese dinero si acepta la sustitución. Mientras ve a su pequeña hija jugar entre las hojas de coca, dice que su elección es entre “la pobreza y la prisión”.

“Para nosotros, la cosecha es nuestra forma de vida; Nos permite llevar comida a la mesa y satisfacer nuestras necesidades”, dijo Orlando Ibarra, jefe de la Cooperativa Local de Coca en el departamento de Nariño. “El cultivo de coca no es una gran cosa, se trata de una forma de sobrevivir”.

La resistencia a los esfuerzos de erradicación por parte del gobierno ha sido considerable. En mayo, un funcionario de la ONU fue secuestrado en el Guaviare mientras intentaba ayudar a los cultivadores de la región a sustituir sus cultivos. En marzo, un oficial del ejército falleció tras una semana de protestas en Tumaco y a mediados de abril, 11 miembros de la policía encargados de erradicar una plantación masiva a lo largo de la frontera con Ecuador fueron capturados por 1.000 agricultores. No hubo heridos, pero la situación ha escalado severamente, tanto que Camilo Romero, gobernador de Nariño le pidió a Juan Manuel Santos que abriera conversaciones directas con los agricultores.

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El gobierno colombiano considera la eliminación de la actividad ilícita como una piedra angular del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, que terminó con 52 años de guerra. El acuerdo que se firmó a finales del año pasado pretende desarmar a ese grupo guerrillero – Justamente, la semana pasada se llevó a cabo la primera parte de la entrega de armas – además de extender la presencia estatal, principalmente en las vastas extensiones de tierra que antes solía controlar esa guerrilla.

Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia Colombiana para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, tiene la responsabilidad de convencer a 70.000 familias de cocaleros – unas 150.000 personas – de que abandonen la hoja de coca y la sustituyan por otras plantaciones.

“El problema no son solo las personas que se dedican a cultivar coca, sino que la economía de esas regiones, incluyendo a empresas que actúan en la legalidad, se sostienen con coca”, dijo Díaz. “Los hoteles y restaurantes, el comercio, la ropa se sostienen de esa misma forma: la coca es el motor. El verdadero desafío es transformar la economía”.

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Santos prometió destruir 100.000 hectáreas de coca este año a través de la erradicación forzada de plantaciones industriales, además de la sustitución voluntaria en pequeñas familias campesinas. Díaz espera que los lucrativos incentivos del gobierno ayuden a que esto suceda. A cambio de la cooperación, el gobierno aseguró que entregará alrededor de 30 millones de pesos a cada familia durante un periodo de dos años esto adicional a asistencia técnica, una línea de crédito, protección en contra de los narcotraficantes y el desarrollo de una infraestructura rural que contribuya a la producción. Por último, dentro de las promesas de Santos está el derecho legal de las tierras de los campesinos que demuestren una sustitución total.

Pero Tumaco respresenta el mayor desafío del país. Más de la mitad de los cocaleros de Colombia vienen de esa región, en donde se cultiva el 20% de coca colombiana. Durante décadas, los ríos, la proximidad con Ecuador y las rutas marítimas a lo largo del Pacífico convirtieron a Tumaco en un lugar ideal para cultivar coca. Como consecuencia, la producción creció 52 por ciento entre 2015 y 2016.

Conseguir el respaldo de los agricultores de Tumaco sería una enorme victoria para Díaz y el gobierno colombiano. Sin embargo, la oficina del alcalde de esa región estima que el 85 por ciento de los habitantes viven en la pobreza.

Incluso en áreas donde la coca se cultiva menos, los caminos hacia la prosperidad están bloqueados por los históricos desafíos institucionales del país. La mayoría de agricultores que siembran la tierra son inquilinos que trabajan para los terratenientes ausentes, dijo Díaz. Alrededor del 80 por ciento de la tierra en Colombia es propiedad del 14 por ciento de la población, esa cifra advierte que Colombia enfrenta una de las distribuciones más desiguales del mundo. En la ciudad que visitamos, Julio Muelas, un agricultor local, aseguró que los caminos, puentes, e incluso el poder fueron construidos por los agricultores con el dinero obtenido de la coca.

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“Tumaco no es simple, es un dolor de cabeza”, advirtió Díaz, quien experimentó la resistencia de la ciudad de primera mano cuando los hoteles locales se negaron a alquilarle una habitación durante un viaje para supervisar la firma de los acuerdos con los agricultores a principios de este año. “Incluso el sacerdote ve en la sustitución un riesgo porque está recibiendo un diezmo de las personas que viven y trabajan incluso en las formas legales de la economía cocalera”.

Bajo los términos del cese de fuego con las Farc, se supone que el ejercicio colombiano ocuparía un antiguo territorio guerrillero, donde vive la mayoría de cocaleros. Pero los cárteles, grupos de paramilitares y de delincuencia común se están disputando el control de la lucrativa industria que dejó el grupo guerrillero en proceso de desmovilización. Mientras esto sucede, las organizaciones al margen de la ley también intentan ganar el apoyo de los agricultores asediados. Desde 2012. Año en que comenzaron los diálogos de paz, la producción de coca, sobre todo en zonas controladas por la guerrilla, se ha triplicado.

“Cuando las mafias querían comprar (pasta base), tenían que pagarle a la guerrilla”, dijo Díaz.

Según el director de la policía antinarcóticos de Tumaco, los cárteles se están ganando el apoyo de los agricultores pagándoles cerca de 80 mil pesos por la protesta de un día. “No sé quienes son los narcos”, dijo Ricardo sobre los hombres que compran su pasta. Tampoco quiere saberlo.

Pero Díaz mantiene la esperanza. Dice que el 70 por ciento de la coca está cultivada en territorios sin Farc, entonces el acceso del Estado es mucho mayor – En algunos casos, por primera vez en seis décadas –. Pero la lenta ocupación paramilitar de esos territorios también le preocupa.

“Las Farc están regresando allí como un partido político, pero si no quitamos la coca y esos territorios se llenan de paramilitares, quien quiera regresar a ellos será asesinado”.

Orlando Ibarra tenía 27 años cuando empezó a cultivar coca. Anteriormente se había trasladado a Nariño mientras trataba de huir de la violencia, Ibarra es uno de los millones de desplazados internos de Colombia. Inicialmente trató de cultivar plátanos, pero encontró que el envío de la cosecha al mercado por barco – El único medio de transporte disponible – era el doble de lo que había pagado. El café tampoco era rentable.

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“La mayoría de los agricultores que han intentado hacer progresos con esfuerzo, que han probado una mejor vida en el país mueren viejos y cansados”, dijo.

La coca, por otra parte, era estable. Las Farc regulaban el mercado negro y mantenían un precio bajo pero constante. Ahora, con las Farc fuera de la imagen, los agricultores dicen que los narcotraficantes han bajado el precio.

Según las estimaciones, los productores de coca ganan alrededor del uno por ciento del valor total de la cocaína. Ibarra, ahora director de una asociación local de agricultores, estima que se lleva a casa unos 500 mil pesos mensuales, según un precio que varía entre un millón de pesos y tres millones por kilogramo de pasta. Ese kilo, una vez refinado en cocaína, obtendrá un valor que oscila entre los 24 mil y 27 mil dólares en Estados Unidos (Unos 70 y 78 millones de pesos).

Gran parte del dinero que él y otros agricultores ganan, dice, se utiliza para construir infraestructura local. La ciudad donde Ibarra accedió a reunirse con nosotros tenía una carretera pavimentada y sin sistema de alcantarillado. El poder provenía de los generadores, y la bandeja de las Farc volaba muy arriba. “Hemos jugado el papel que el Estado debe jugar”, dijo. Julio Muelas, cultivador de coca en Tumaco, compartió el escepticismo de Ibarra con las promesas del gobierno, y dijo que los agricultores tendrían que seguir cuidando de sí mismos “¿Qué se le ha dado al campesino?”, preguntó. “Las Farc pueden creer al gobierno colombiano, pero un agricultor no”.

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