Movilización social por la paz en Catatumbo. Foto: Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat)

Los habitantes temen que se repita lo mismo que sucedió con los paramilitares: se desmovilizaron pero el Estado nunca ocupó el territorio, abriéndole el paso a las bandas criminales.

Una vez más, como ha sucedido durante los últimos años, estalló el conflicto armado en Catatumbo, una región fronteriza ubicada al oriente de Norte de Santander donde mandan los grupos armados, principalmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Han transcurrido 40 días de enfrentamientos armados en los municipios de El Tarra, Teorama, Tibú, San Calixto y Hacarí, y otros cinco más. Ante la escalada de conflicto, 45.000 estudiantes y 2.000 profesores se han visto obligados a permanecer en sus casas. El comercio, así como las alcaldías y sus dependencias, está paralizado.

Desde enero, las organizaciones sociales de Catatumbo han venido denunciando actos violentos por parte del ELN y el EPL, ambos en conflicto por el control del narcotráfico en esta zona, donde existen cerca de 25 mil hectáreas de coca. El pasado 14 de marzo, la ONU pudo verificar  que alrededor de 145.000 personas se vieron afectadas por el incremento de las acciones armadas. “Se estima que al menos 90.000 personas tienen limitaciones en la movilidad y restricciones de acceso a derechos fundamentales, bienes básicos y asistencia”. Desde el 16 de abril, agrega la misma fuente, 44.829 niños y adolescentes dejaron de ir al colegio por restricciones de acceso. En las últimas semanas, y esto es lo más grave, 1.249 familias han sido desplazadas y por lo menos 4.000 indígenas Barí están confinados por temor a ser víctimas del paro armado.

La paciencia de la población civil se desbordó. El pasado domingo, por ejemplo, salieron a marchar cerca de 5.000 personas desde los municipios más afectados, como Tibú y El Tarra. La movilización fue convocada bajo el nombre ‘Caravana por la vida y la paz’, a la que se sumaron dirigentes campesinos y entidades humanitarias como la Defensoría del Pueblo. Las peticiones fueron claras: más que militarización, le solicitaron presencia al Estado en temas agrarios, de salud, educación e infraestructura. También pidieron que se respetara el derecho a la educación y que se avanzara en el desminado humanitario. El primer mensaje para el ELN y el EPL fue claro: “esta guerra no es nuestra y la hemos padecido durante décadas. Nuestras familias, e hijos e hijas, son quienes la sufren”.

El Gobierno, después de 40 días, escuchó el clamor de los habitantes del Catatumbo. Sin embargo, optó una vez más por fortalecer la presencia militar enviando 2.000 soldados. Con la declaratoria de emergencia humanitaria por parte de la Gobernación de Norte de Santander han llegado cerca de 4.500 kilos de ayudas para las víctimas del conflicto, medidas que para las organizaciones locales resultan paliativas y no resuelven los problemas de fondo. El vicepresidente Óscar Naranjo, quien llegó al municipio de Ocaña en la mañana de este lunes, no tocó otros temas como el plan para sustituir los cultivos de coca en la región, un tema en el que las comunidades han solicitado avances.

 

Este conflicto ha sido seguido de cerca por Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar en Norte de Santander: “Nos llama mucho la atención que desde enero se vienen presentando problemas y solo 37 días después aparece la Gobernación y otros días más tarde el Gobierno. La violencia se agravó desde que las Farc salieron del territorio y el EPL y el ELN comenzaron a disputarse esos terrenos. El Estado nunca los copó y este es el resultado”.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) sostiene una tesis similar esa en su informe El Catatumbo y la ceguera selectiva del Estado: “Desde las marchas de finales de la década de 1980 hasta las de 2013 y 2014, los campesinos de esta región le han dicho a los Gobiernos que la vida digna es un derecho y no un favor. Esta comunidad ha repetido que: las políticas de sustitución de cultivos ilícitos no han funcionado por falta de vías para sacar lo producido legalmente, el contrabando es una competencia devastadora para el comerciante del común, la rentabilidad de la coca es un mito –aunque la “raspa” sirva para la subsistencia mínima– y  los proyectos minero-energéticos representan serias amenazas para sus planes de vida y en nada mejoran su entorno”.

¿Nuevos ‘Guachos’ en la frontera con Venezuela?

En la zona veredal de Caño Indio, en el municipio de Tibú, se concentraron cerca de 300 excombatientes del frente 33 de la guerrilla de las Farc. Con las Farc en el escenario de la paz, el EPL intentó copar ese municipio, el cual ha sido históricamente un bastión para el narcotráfico. En noviembre del año pasado, por ejemplo, el Ejército desmanteló un laboratorio de procesamiento de coca que pertenecía al EPL (o ‘Los Pelusos’, como también los llaman las Fuerzas Armadas) , grupo armado que le declaró la guerra al ELN el pasado 14 de marzo.

Una fuente, que por razones de seguridad nos pidió mantener su nombre en reserva, nos contó que “después de que el Ejército capturara a cabecillas del EPL como alias Pablo y alias Raúl, los mandos medios comenzaron a perder la ideología y no les ha importado maltratar a la población, incluso han matado a muchos líderes sociales. EL ELN no se ha quedado atrás porque a ellos también les interesa el narcotráfico, es que son más de 25.000 hectáreas de coca que les permiten sacar más de 70 mil kilos de cocaína al año. Como antes las Farc mantenían este negocio, el ELN y el EPL se están disputando la exportación de la coca”.

Aunque es un secreto en voz baja, cada día toma más fuerza la hipótesis del narcotráfico como motivo de guerra entre ambos bandos: “El EPL es el que está negociando con el cartel de Sinaloa y eso molestó al ELN, que se está quedando sin el negocio de la coca. El gran comprador es hoy en día el cartel de Sinaloa, y eso hace que las guerrillas estén concentradas todo el tiempo en el narcotráfico, como sucede en Tumaco con Guacho”, señaló la misma fuente. En Catatumbo temen que con las Farc pase lo mismo que con el Bloque Catatumbo de las Autodefensas, el cual se desmovilizó en la época de Álvaro Uribe pero el Estado nunca copó el territorio, lo que permitió la llegada de nuevos grupos armados, llamados posteriormente bandas criminales, ‘Bacrim’.

Los movimientos campesinos están pidiendo un cese de hostilidades urgente. Una petición que podría calar en los bandos del ELN y el EPL pero que difícilmente podrá cambiar la realidad de la región, en donde desde 1991 están pidiendo la construcción de un acueducto, hospitales de tercer nivel y estrategias para que la sustitución de cultivos sea posible y los líderes sociales no sean amenazados ni asesinados.

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