Foto: David Fayad

Por: Irina Junieles*

Comenzó a desarrollarse en 1.630 veredas colombianas uno de los ejes de la Reforma Rural Integral: la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con los que se busca acelerar la transformación estructural del campo para que se viva mejor, reversar los efectos del conflicto, y contribuir a la reparación y reconciliación en los territorios.

Se trata de veredas ubicadas en 170 municipios que a su vez conforman 16 subregiones priorizadas en el decreto 893 de 2017 por su condición de pobreza, debilidad administrativa, presencia de economías ilegales y alto impacto del conflicto; no corresponden a la división político administrativa de los departamentos, sino que se integran en razón a que comparten rasgos culturales, sociales y económicos que hacen indispensable pensar su desarrollo en conjunto.

Los PDET implican la construcción participativa de Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), que guiarán durante 10 años las inversiones públicas en esas subregiones. En ellos se reflejará el diagnóstico, acciones y metas claras que deberán ejecutarse para lograr un desarrollo productivo y un estímulo a la economía campesina, garantía del derecho a la alimentación, mejora en las condiciones de infraestructura y desarrollo social.

El procedimiento para la aprobación de los Planes tiene tres niveles de participación que coordina la Agencia de renovación del Territorio (ART): (1) Cada uno de los 170 municipios se dividirá en varias Unidades Básicas de Participación (UBP), es decir, en grupos de veredas y caseríos que aprobarán en asambleas de base con un documento con su visión de desarrollo productivo y social. (2) Con ese insumo, los delegados o delegadas que designen las UBP se reunen con otros actores del territorio y concertan un pacto municipal con las prioridades del municipio. (3) Luego, como quien construye una pirámide, los delegados y delegadas de los municipios que conforman la subregión deberán aprobar el Plan subregional. Al final, tendremos 16 PDET en todo el país que deberán estar listos en marzo de 2018.

De la misma forma en que un mecanismo de esta naturaleza y el cumplimiento de lo acordado en los planes entraña una oportunidad extraordinaria de transformación de la vida rural con incidencia desde su base, es necesario sopesar los riesgos que comienzan a entreverse en este momento de arranque y que pueden obstaculizar los procesos, o acabar en una acción con daño en las comunidades intervenidas:

La dirección y el equipo PDET debe estar fuera de las manos de la politiquería. A más de un político se le está aguando la boca con la posibilidad de imponer cuotas burocráticas y sobre todo, quedarse con la dirección política de los PDET y la capacidad de incidencia en municipios para dominar la información que se recoja y las decisiones sobre los presupuestos de los proyectos que se ejecutarán.

Debe haber claridad y amplia divulgación de la metodología de trabajo en todos los niveles. Los acuerdos que se aprobarán en las asambleas de las UBP, municipios y  subregiones, deben ser el resultado de escenarios de participación real e informada donde las comunidades y organizaciones sociales, que ordinariamente no cuentan con acompañamiento ni asesoría, puedan ver reflejada su visión de desarrollo. A la fecha, la ART no ha revelado la metodología de las asambleas donde se tomarán las decisiones a pesar de que están arrancando las preasambleas.

Hay que garantizar la representatividad de las comunidades y organizaciones sociales en las asambleas veredales, municipales y subregionales. Esto implica que el personal de la ART tiene que conocer muy bien el contexto de cada subregión y hacer una identificación juiciosa de las organizaciones sociales presentes en el territorio que no puede pasar solo por las bases de datos, la mayoría desactualizadas de la institucionalidad local. El esquema de participación debe impedir la falsa representación que ocurre en algunos sectores de la gran industria agrícola, donde se crean asociaciones sin autonomía para organizar la producción.

Blindar lo pactado en  las UBP para que tenga incidencia real en el Plan Subregional. Dado que la visión de desarrollo será construida en diálogo con todos los actores del territorio – incluyendo entre otros los privados, que suelen contar con mayores herramientas – es necesario acompañar a comunidades y organizaciones  sociales para garantizar su incidencia real, así como disponer de mecanismos efectivos  que hagan vinculante las concertaciones de las bases.

Construir sobre lo construido. Muchas de las comunidades y organizaciones sociales donde se construyen los PDET tienen claridad sobre el diagnóstico y las prioridades en su región, en consecuencia no sólo deberán articularse los planes institucionales (Plan de Desarrollo Municipal, Planes de Vida de comunidades étnicas, o Planes de Reparación Colectiva, entre otros), sino también, y de manera relevante, los planes comunitarios sobre desarrollo rural.

Para superar los riesgos de este proceso, será necesario: (1) que la ART tenga un profundo conocimiento del contexto de cada subregión, especialmente de las transformaciones forzadas en el uso y propiedad de la tierra. (2) Transparencia y celeridad de la ART en la entrega de información sobre la metodología y los resultados de cada etapa, con actos que visibilicen las conclusiones para evitar cualquier intento por desconocerlas. (3) Fortalecer la veeduría ciudadana en todas las etapas. (4) Garantizar la articulación estatal entre autoridades territoriales, nacionales y entre los planes institucionales y comunitarios preexistentes.

Además, (5) el acompañamiento a las comunidades y organizaciones por parte de las entidades territoriales y la comunidad internacional. (6) Garantizar condiciones de seguridad para los delegados y delegadas escogidos a fin de que ejerzan su papel sin miedo ni presiones (7) y elegir bien al equipo directivo, ejecutor y facilitador de la ART.

En síntesis, es fundamental garantizar en todo el proceso de construcción e implementación del PDTE altos niveles de integridad, honestidad y compromiso con lo público, pues reversar los efectos del conflicto implica superar la profunda desconfianza en el Estado que persiste en los territorios, lo cual también es un obstáculo para el desarrollo.

*Irina Junieles es abogada especialista en derechos humanos. Trabajó en la Defensoría del Pueblo en Bolívar y en la Unidad para las Víctimas de la misma región. Actualmente es investigadora del centro de estudios jurídicos Dejusticia.

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