“La causa de muerte corresponde a trauma craneoencefálico severo producido por el impacto de proyectil de alta velocidad lacrimógeno. Es decir, por el impacto de una granada de gas lacrimógeno”.

Ese fue el dictamen con el cual el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, confirmó las versiones de varios testigos de las protestas del martes pasado en Duitama, en el marco del paro camionero. Luis Orlando Sáenz, de 30 años, murió por el impacto de un artefacto disparado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

El caso de este hombre, quien según allegados y personas que se encontraban cerca solo presenciaba las protestas, se convirtió en el más reciente exceso de fuerza por parte de ese cuerpo policial. Al tiempo, es el único sobre el cual se conoce en tan poco tiempo un dictamen oficial, que demuestra la responsabilidad del Esmad en la muerte de un ciudadano.

Este caso hace parte de una larga lista de denuncias que sectores sociales y políticos han elaborado en los últimos años sobre el uso desmedido de la fuerza –y el abuso de autoridad– en que ha incurrido ese grupo creado para disolver protestas.

En octubre de 2015, el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz citó a un debate en el Congreso de la República donde expuso las estadísticas recopiladas por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). De acuerdo con las bases de datos de esa entidad, entre 2002 y 2014 se registraron 448 casos de agresiones que involucran, presuntamente, a integrantes del Esmad.

Ese número incluye, entre otros, 137 casos de personas heridas, 91 detenciones arbitrarias, dos agresiones sexuales y 13 asesinatos. En contraste, Uribe también presentó datos de la Policía de acuerdo con los cuales, desde la creación del Esmad en 1999, se han abierto 188 investigaciones disciplinarias. Sin embargo, esa institución no precisa cuál es el avance o la conclusión de ninguna de ellas.

Mientras casos como el del martes reviven la discusión sobre la necesidad de reformar el Esmad, o incluso eliminarlo, seleccionamos algunos hechos entre muchos otros que han sido emblemáticos pese al subregistro y a que la mayoría de las denuncias no se han transformando en investigaciones, y mucho menos en sanciones.

Nicolás Neira

El primero de mayo de 2005, Nicolás Neira, un niño de 15 años, estudiante de noveno grado, murió por el impacto de un proyectil y por una golpiza posterior durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en las calles de Bogotá.

Aunque la Procuraduría encontró responsable disciplinariamente a la Policía por esa muerte, y un juzgado condenó a la Nación en un proceso administrativo, han pasado 11 años sin que alguien haya sido condenado por la muerte de Nicolás.

En enero de 2015, casi 10 años después, un expatrullero del Esmad aseguró que el joven murió al ser golpeado por una “recalzada” disparada por uno de sus compañeros. Con ese nombre se conocen los cartuchos de gases lacrimógenos reutilizados por los policías, que suelen ser rellenados con pólvora, canicas y metralla.

Óscar Salas

En marzo pasado se cumplieron 10 años de la muerte de Óscar Salas, un estudiante de la Universidad Distrital, durante una una protesta en la Universidad Nacional. Ese día, el 8 de marzo de 2006, una canica golpeó su ojo derecho, se alojó en su cráneo y causó su muerte.

La investigación disciplinaria por ese caso fue archivada. La penal sigue su curso, pero hasta el momento sin ningún avance. El abogado de la familia de Salas asegura que buena parte de las pruebas que demostraban la responsabilidad del Esmad fueron destruidas o desaparecidas.

Esa versión coincide con el testimonio de un exintegrante del ese escuadrón policíal, quien reconoció ante la Procuraduría el uso de armas no convencionales en esa protesta, es decir, “recalzadas”, proyectiles como los que habrían causado la muerte de Nicolás Neira. De acuerdo con la versión de ese exmiembro del Esmad, luego de la muerte de Salas, sus superiores ordenaron destruir cualquier evidencia del uso de esos elementos.

Miguel Ángel Barbosa

Durante 43 días, Miguel Ángel Barbosa luchó por su vida en un hospital de Bogotá. Murió el pasado 3 de junio, no alcanzó a cumplir 19 años. Estudiaba Tecnología Mecánica en la Universidad Distrital y fue durante una protesta en la sede de esa institución, en la localidad de Ciudad Bolívar, que recibió un golpe en la cabeza, según sus compañeros, de un artefacto lanzado por el Esmad.

El dictamen de Medicina Legal en este caso indica que Miguel Ángel murió por una falla neurológica causada por el impacto de un objeto contundente. Aunque algunas versiones indican que ese objeto habría sido una granada aturdidora de la Policía, la investigación apenas se inicia.

Alrededor del caso existe un manto de duda por cuenta de la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad de la zona que serían determinantes en la investigación.

Víctor Alberto Triana

Según organizaciones sociales, el paro agrario de 2013 dejó un saldo de 12 personas muertas por cuenta de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes. Uno de los casos más recordados es el de Víctor Alberto Triana, un campesino que habría muerto, al parecer, por los efectos del gas lacrimógeno utilizado por el Esmad en Facatativá.

Además de las personas fallecidas en hechos que no han sido resueltos pese al anuncio de investigaciones, ese paro dejó decenas de denuncias por agresiones, golpizas y numerosos abusos de autoridad cometidos por integrantes de la Policía. Muchos de esos casos quedaron registrados en video.

Willington Quibarecama, Gersain Ceron y Marcos Aurelio Díaz

El más reciente paro agrario, que se inició a finales de mayo, dejó un saldo de tres víctimas mortales. Los indígenas Willington Quibarecama, Gersain Ceron y Marcos Aurelio Diaz murieron, según sus comunidades, por agresiones de la Fuerza Pública durante las movilizaciones.

El primero de ellos murió al caer de un viaducto en Buenaventura cuando, al parecer, trató de esquivar una tanqueta del Esmad que estaba a punto de arrollarlo. Las otras dos personas murieron por impactos, al parecer de armas no convencionales, durante las protestas en el departamento del Cauca.

Las autoridades locales y el propio ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunciaron investigaciones para establcer las responsabilidades en estos casos. Sin embargo, por ahora no se ha presentado ningún avance.

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