Foto: Víctor Montes.

La presunta participación de la Fuerza Pública en los asesinatos de líderes sociales será un tema prioritario de investigación para la Procuraduría. Ministerio de Defensa rechaza cualquier responsabilidad. 

En la oleada de asesinatos a líderes sociales está siempre presente una pregunta: ¿Quién los está matando? Por ahora nadie tiene la respuesta. El último estudio de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) señala que en el 86 % de los asesinatos no se tiene certeza sobre el actor responsable. Y, ante el silencio de la Fiscalía, las respuestas dependen de otras investigaciones, como la que anunció recientemente la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo con el procurador, Fernando Carrillo, está en curso una indagación sobre la “presunta participación de agentes de la Fuerza Pública en los asesinatos de líderes sociales”.

“Aquí ha habido casos de cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales”, dijo el procurador. Su anunció causó sorpresa en varios sectores políticos, como el Centro Democrático, donde señalan que en la mayoría de asesinatos son responsables las disidencias de las Farc o el ELN. Al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tampoco le gustaron estas declaraciones: “Rechazamos los titulares con la mayor vehemencia. Ya tuvimos una reunión con el presidente, la Procuraduría, los generales (…) De ahí no se puede derivar ninguna declaraciones que lleve a presumir que las Fuerzas Militares asesinan a colombianos”.

La versión del ministro de Defensa es que existen tres casos de líderes sociales asesinados que, según él, podrían tener vínculos con organizaciones ilegales y fueron presentados ante la opinión pública como líderes sociales. “Hay una discusión sobre tres bajas en desarrollo de operaciones militares y que algunos consideran que son hechos distintos a bajas”, dijo el ministro. En la Procuraduría nos dijeron que están investigando “todos los casos” y que, por la etapa de investigación, no pueden revelar los avances de los asesinatos en donde presuntamente habría participado la Fuerza Pública.

Según el último informe de la organización Somos Defensores, durante 2017 se registraron cuatro casos en 2017 en donde presuntamente participó la Fuerza Pública. Carlos Guevara, director de la organización, nos dijo que la Procuraduría ya los está investigando: “Y esto no se limita a los asesinatos. Las agresiones de la Fuerza Pública contra defensores de derechos humanos son frecuentes. Las detenciones arbitrarias en el marco de la protesta social son tan solo un ejemplo de ello”. Por otro lado, el informe de Somos Defensores revela que hay una violencia estructural que no ha cedido en los departamentos Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Cauca y Nariño: “En las operaciones de la Fuerza Pública en estos departamentos se presentan violaciones de derechos humanos desde hace muchos años”, nos dijo Guevara.

Fuentes de investigación de la Policía nos comentaron que, en efecto, hay departamentos en donde la Fuerza Pública tiene roces constantes con las comunidades, lo que muchas veces desencadena en conflictos. “En las confrontaciones en el Cauca suelen presentarse hechos de protesta que desbordan la violencia. Esos casos son muy complejos para la Fuerza Pública. Si usted ve, en esas confrontaciones también hay policías muertos, solo que no se visibiliza desde los dos lados”, nos respondieron en la Policía.

Después de revisar la investigación de Somos Defensores, así como los informes del Instituto de estudios sobre paz y desarrollo (Indepaz) y los casos que hemos registrado en ¡Pacifista!, encontramos cinco casos en los que presuntamente hubo responsabilidad de la Fuerza Pública en los asesinatos. Aquí se los presentamos.

Daniel Felipe Castro Basto

Sucedió el 9 de mayo de 2017 en Corinto, Cauca. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Daniel Felipe Castro, de 16 años de edad, fue asesinado en medio de un enfrentamiento con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Los hechos ocurrieron en la Hacienda Miraflores, la cual fue reclamada por los grupos indígenas. El ESMAD, al parecer, solicitó el respaldo del Ejército y, según la versión de la comunidad indígena, los militares comenzaron a disparar. El joven indígena resultó herido y fue trasladado a la clínica Valle de Lili en Cali, donde perdió la vida.

De acuerdo con la Policía del Cauca, la Fuerza Pública llegó al lugar para evitar la invasión de cuatro fincas por parte de las comunidades indígenas y, en ese momento, los policías habrían sido recibidos con disparos de fusil y “artefactos explosivos improvisados”. Cinco policías resultaron heridos, según esta versión. Hasta el momento, el caso no ha sido esclarecido por las autoridades y seguramente será uno de los que la Procuraduría indagará.

Wilmar Felipe Baraona

El 4 de junio de 2017 fue asesinado Wilmar Felipe Barona, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Cartón de Colombia (Sintracarcol). De su caso hay poca información. Se sabe, de acuerdo con la denuncia del sindicato, que murió en medio de un accidente en el que, al parecer, un vehículo de la Policía lo estrelló mientras él manejaba su motocicleta por la autopista suroriental de Cali. Durante el levantamiento del cuerpo, quedó registrado el momento en el que uno de los policías le retira sus pertenencias personales del pantalón, incluido su teléfono celular. Según la Policía de Cali, el dirigente sindical fue  perseguido porque antes habría cometido un asalto a mano armada. También, dijeron, tenía antecedentes por cohecho y porte ilegal de armas. Los familiares rechazaron esta versión y demostraron, a través del sistema informativo de la Policía, que Wilmar Felipe Baraona no tenía antecedentes judiciales.

José Alberto Torijano

El caso se dio a conocer en medios el 21 de septiembre de 2017. Torijano era coordinador de la Guardia Campesina de la vereda Rio Negro, en el municipio de Corinto, Cauca. De acuerdo con la versión de Marcha Patriótica, movimiento político del cual Torijano hacía parte, el batallón de alta montaña número 8 llegó a la zona rural del municipio en medio de un operativo para desmantelar, supuestamente, un laboratorio de droga. En ese operativo  retuvieron a dos indígenas. En ese momento, señalaron en Marcha Patriótica, un grupo de 400 personas salió a protestar y los militares abrieron fuego, situación en la que resultó herido José Alberto y otros tres campesinos.

“El grupo de militares se retira a la base militar. La versión que está manejando el Ejército como siempre es que fueron atacados y respondieron en legítima defensa. Estamos solicitando que este grupo de más o menos 100 militares sean retenidos y se proceda al tema de la investigación para dar con los responsables”, dijo Andrés Gil, dirigente de Marcha Patriótica. El caso permanece en etapa de investigación.

María Efigenia Vásquez

Este es uno de los casos que causó mayor conmoción en 2017 y que sigue sin esclarecerse. María Efigenia era comunicadora social del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Ella estuvo presente en los enfrentamientos entre el ESMAD y las comunidades indígenas el 8 de octubre en Puracé, Cauca, lugar en el que existe una disputa histórica de tierras y que, en los últimos años, se ha tornado violenta. Todo sucedió en las inmediaciones del parque turístico Aguas Tibias, cuando la comunidad indígena Coconuco intentó retomar ese predio privado, el cual ha sido reclamado por ellos durante los últimos 30 años.

Desde 2005, la comunidad indígena comenzó a reclamar el territorio y logró que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les reconociera y posteriormente les comprara un terreno de 125 hectáreas. Fue en medio de este conflicto de tierras que se presentó el enfrentamiento con el ESMAD. De acuerdo con el informe de Medicina Legal, María Efigenia sufrió una herida por proyectil de arma de fuego, lo que produjo una herida cardíaca. El disparo se presentó a una distancia no mayor a un metro cincuenta. El tipo de munición con el que fue herida, según las autoridades, se usa en escopetas y otros tipos de armas no convencionales. Mientras las autoridades policiales señalan que la comunicadora falleció por un disparo de la comunidad indígena en medio del fuego cruzado, el CRIC señaló que el ESMAD estaba usando armas hechizas y explosivos artesanales. ¿Quién disparó el proyectil? Esta es la pregunta que sigue sin ser resuelta por las autoridades.

Eleazar Tequia Bitucay 

El pasado 27 de enero, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que, en medio de confrontaciones con el Ejército en la vía Medellín-Quibdó, fue asesinado Eleazar Tequia. La organización indígena aseguró que el hecho se registró aproximadamente a las 11 de la noche del viernes 26 de enero, en el marco de la Minga Educativa que desarrollaba la comunidad indígena  Embera Katío. De acuerdo con el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán de las Fuerzas Armadas, varios indígenas intentaron desarmar , “mediante acciones violentas”, a un soldado que trató de registrar a una persona que tenía un arma de fuego y estaba “obstruyendo la vía pública”.

Según el comunicado emitido por el Ejército, “como consecuencia de la acción criminal violenta, uno de los sujetos que estaba en la acción ilegal pierde la vida al momento de la comisión del delito”.  La versión de la ONIC es diferente y señalan que el militar fue el que le disparó al líder indígena, sin siquiera buscar una mediación. Cinco días después, el 31 de enero, el general Mauricio Moreno, en representación del Batallón Mansalva Flores de la Décima Brigada de Quibdó, le pidió perdón a la comunidad indígena por la muerte de Tequia Bitucay.

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