El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, estuvo presente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: Naciones Unidas

Los representantes de países como Estados Unidos, Bolivia, Rusia, Suecia y Países Bajos respaldaron la implementación del Acuerdo de Paz  y pidieron medidas para proteger a los defensores de derechos humanos. 

Cuando se posesione como presidente de la República, Iván Duque tendrá todo el respaldo de la comunidad internacional para darle continuidad a la implementación del Acuerdo de Paz. Así quedó demostrado en la última sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde la Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentó su tercer balance sobre la implementación de lo acordado con la antigua guerrilla de las Farc. En este escenario, además de recibir las opiniones de diferentes embajadores, le Misión realizó una serie de recomendaciones para que el gobierno entrante pueda cumplir con los compromisos estipulados en el Acuerdo.

El tercer informe de la Misión  ya está en manos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y revela vacíos y fortalezas en la implementación del Acuerdo de Paz. Más allá de las dificultades, el director de la Misión de Verificación, Jean Arnault, dijo que aplaudía la intención de Iván Duque, quien se comprometió a trabajar por la consolidación de los avances en materia de paz en Colombia. “En una reunión mantenida con mi representante especial poco después de las elecciones, el presidente electo expresó su intención de trabajar con las Naciones Unidas, y en particular con la Misión, para tal fin”.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la Misión de Verificación presentó el informe, los países apoyaron de manera unánime el Acuerdo de Paz y reconocieron el esfuerzo del presidente Juan Manuel Santos. Destacaron además logros históricos como el cumplimiento del cese bilateral por ambas partes y la dejación de armas por parte de excombatientes de las Farc.

Para que Iván Duque pueda pasar de la intención a la acción en lo que se refiere a la implementación del Acuerdo, deberá tener en cuenta los siguientes hallazgos por parte de Naciones Unidas.

  1. Los asesinatos de líderes sociales preocupan a la comunidad internacional

El informe comienza señalando que las elecciones presidenciales, así como las legislativas, “fueron las más pacíficas e inclusivas se hayan celebrado en decenios”. Sin embargo, dice el documento, “en las semanas siguientes a las elecciones aumentó el número de muertes de líderes sociales” — 115 líderes han sido asesinados desde que comenzó la implementación del Acuerdo, según las casos reportados por ¡Pacifista! —. “El nuevo Gobierno tendrá que dar prioridad a esta cuestión en su agenda, y el sistema judicial tendrá que redoblar sus esfuerzos para que los autores materiales rindan cuentas”, advierte la Misión de la ONU.

El problema de la violencia con los líderes sociales es más profundo y, como dice el informe, está afectando de manera generalizada a las regiones rurales donde la implementación  ha tenido tropiezos. Después de las elecciones presidenciales, “el 70% de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo se referían al riego inminente a que se enfrentaban las comunidades y los líderes sociales y étnicos en relación con la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos y el reclutamiento continuo de niños”, agregó la Misión de Verificación.

Estas violaciones a los derechos humanos, según la ONU, están relacionadas con “los agentes que tratan de controlar las comunidades, las tierras, los recursos, en particular en las zonas que estuvieron bajo la influencia de las Farc-Ep. En algunas regiones, como el departamento de Nariño y el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, esta situación ha dado lugar a un grado de violencia que no se veía desde el fin del conflicto. Por ejemplo, el 3 de julio fueron asesinadas siete personas en Argelia (Cauca), municipio ubicado en una ruta estratégica del tráfico de drogas”.

La Misión de la ONU reconoció los esfuerzos del gobierno Santos y consideró pertinente que Iván Duque los sostenga. Estrategias como la creación del Cuerpo Élite de la Policía Nacional,  la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, deben fortalecerse.

  1. Los excombatientes de las Farc necesitan garantías de seguridad 

La Misión de Verificación de la ONU le dedicó un apartado exclusivo al tema de seguridad para excombatientes. De acuerdo con las cifras de la Misión, “en zonas en donde no existen mecanismos de seguridad de la Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección, 51 exmiembros de las Farc-Ep han sido asesinados y otros 5 han sido víctima de desapariciones forzadas desde agosto de 2017”.  Esta situación, a juicio de la Misión, merece toda la atención del gobierno.

Por el momento, según el mismo informe, la Fiscalía ha identificado a los autores materiales o intelectuales en el 40% de los casos. “En lo que respecta a uno de los casos más emblemáticos, el asesinato de dos exmiembros de las Farc-Ep en Peque (Antioquia), ocurrida en enero, la Unidad detuvo a dos autores materiales y un autor intelectual del crimen, todos los cuales eran miembros del grupo armado ilegal Clan del Golfo”. Durante la presentación del informe en el Consejo de Seguridad, los embajadores de Estados Unidos, Etiopía, Perú y Países Bajos le pidieron al gobierno de Duque prestar atención sobre este tema.

Para afrontar este problema, Duque podrá tener en cuenta que los “cinco espacios territoriales de capacitación y reincorporación con mayores problemas de seguridad son precisamente los ubicados en corredores históricos del tráfico de drogas. El deterioro de la seguridad de los territorios coincide con la proliferación de grupos armados ilegales y grupos reincidentes y con la captación de algunos miembros del personal civil y militar local por parte de los traficantes de drogas”.

  1. La Misión de Verificación ve con buenos ojos la sustitución de cultivos

A pesar de las dificultades para implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la Misión de Verificación señaló que 77.659 familias firmaron acuerdos voluntarios para reemplazar 45.000 hectáreas de coca por otros tipos de cultivos. Hasta julio de este año, dice el informe, “se han eliminado unas 15.000 hectáreas, lo que ha sido verificado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Al 12 de julio se habían suscrito 29 acuerdos técnicos entre la UNODC y organizaciones campesinas locales, que beneficiarán a 29.523 familias”. Además, señala el documento, es positivo que “en estos programas participaran 54 exmiembros de las Farc Ep”.

Pese a los avances, la Misión dijo que “resulta desconcertante que algunos líderes comunitarios participantes en el programa voluntario hayan sido asesinados o amenazados por traficantes de drogas”. También, agregó, algunas familias “se han quejado de la falta de recursos para el programa y demoras en la provisión de inversiones comunitarias y regionales complementarias para mejorar la infraestructura y hacer frente a la pobreza rural”.

Para que la sustitución tenga éxito, la Misión también le recomienda al gobierno entrante  tener en cuenta “la proliferación de grupos armados que compiten por el control de las zonas” donde hay cultivos de coca y donde está presente  “la incesante violencia a la que son sometidas las comunidades que cultivan coca. Como ha quedado demostrado en los últimos dos años, las propias comunidades y sus organizaciones pueden liderar estas iniciativas, pero para que tengan éxito es imprescindible que las instituciones estatales actúen de manera más coordinada y sostenible a fin de proporcionar seguridad, infraestructura, tierras y alternativas económicas”.

  1. Preocupación por los proyectos productivos para excombatientes

En relación al  programa de reincorporación de más de 7.000 excombatientes de las Farc, a la Misión de la ONU le preocupa el acceso a la propiedad de la tierra para excombatientes.  El pasado  7 de junio, el Consejo Nacional de Reincorporación comenzó el proceso de adquisición de tierras para seis proyectos productivos de exintegrantes de Farc. “Las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la tierra son alentadoras. No obstante, tras meses de trabajo, por ahora solo se está en proceso de asignar a excombatientes 400 hectáreas. Si bien la vía hacia la adquisición de tierras por parte de excombatientes ya se ha definido, será responsabilidad del próximo Gobierno hacer que sea amplia y prontamente accesible para los excombatientes en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y otros asentamientos”, señala el informe.

Por otro lado, sobre los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, la Misión señala que es necesario tener en cuenta la ausencia de miles excombatientes que están buscando nuevos proyectos de vida. “En la actualidad, si bien sigue habiendo unos 4.000 exmiembros de las FARC-EP en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y sus inmediaciones, más de 2.000 se han trasladado a varias decenas de nuevos puntos de reagrupamiento y miles más se encuentran muy dispersos por todo el país, incluso en las ciudades principales”.

  1. Pese a las dificultades, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está marchando

Aunque en los últimos meses la JEP ha sido objeto de críticas y modificaciones en el Congreso – y las leyes que le dan vida están siendo estudiadas por la Corte Constitucional – lo cierto es que “hasta la fecha han firmado compromisos para acogerse a la jurisdicción de la nueva institución 4.653 miembros de las Farc-Ep y 2.159 miembros del Ejército y la Policía”.  La Misión de la ONU reconoció avances teniendo en cuenta las audiencias que ha adelantado la JEP y que son claves para comenzar a indagar sobre la verdad en el conflicto, haciendo énfasis en la comparecencia del general (r) Henry Torres Escalante sobre los casos de los falsos positivos y la audiencia pública en la que participó la cúpula de la antigua guerrilla de las Farc responder por los secuestros durante la guerra.

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