Foto: Fundación Paz y Reconcilación

El Centro Democrático ataca al gobierno de Juan Manuel Santos de nuevo. Esta vez, llevó la pelea a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hizo una denuncia en contra del Estado colombiano por haber “desacatado” los resultados del plebiscito.

Cabe aclarar que el procedimiento no inicia directamente ante la Corte, sino que pasa primero ante un órgano llamado ‘Comisión Interamericana’, que se encarga de ver si el procedimiento tiene admisibilidad ante la Carta Interamericana de derechos humanos, también llamado “Pacto San José”. Es decir, todavía no existe un caso, solamente una denuncia.

Según Fernando Araújo, senador del Centro Democrático, el Gobierno tenía que haber llevado el acuerdo a una refrendación popular y no al Congreso. Además, alega que no se incluyeron las modificaciones pedidas por la oposición y que no se cambiaron los “elementos sustantivos” que hicieron que ganara el ‘No’ en el plebiscito.

El Senador Araújo compartió una foto en Twitter donde dice que se gastaron más de 272.000 millones en el plebiscito y luego se desacató.

Por otro lado, el Ministro de Interior, Guillermo Rivera, le recordó al Centro Democrático que el gobierno se reunió con la oposición para que el nuevo acuerdo incluyese sus exigencias. Asimismo, explicó que el nuevo documento firmado tenía 60 modificaciones y precisiones con respecto a temas como justicia transicional, participación política, enfoque de género y privación de la libertad para quienes colaboren con la justicia.

¡Pacifista! habló con varios expertos en derecho para saber si la demanda del uribismo tiene o no futuro y si podría traer consecuencias para el acuerdo de paz. Esto fue lo que nos contaron.

1. No tiene fundamento jurídico

Según Walter Arévalo, profesor experto en derecho internacional de la Universidad del Rosario, no hay “una violación a un derecho humano en particular”, además aclara que el sistema internacional “no está para eso”.

Sin embargo, a través del artículo 23 del Pacto San José, el sistema interamericano garantiza algunos derechos políticos como “el voto, el ser elegido, o la participación política”, pero ninguno de estos derechos se ha vulnerado, argumenta el abogado.

Asimismo, el abogado Leonardo Marín del Equipo jurídico Pueblos, citó al artículo 23 y reconoció que “la paz es un derecho de todos los colombianos y el presidente no estaba obligado a elevar un plebiscito”.

2. Sí se incluyeron las propuestas del No

El acuerdo firmado en el Teatro Colón incorpora “sustantivamente” las modificaciones presentadas por el partido Uribista y por “otras fuerzas políticas como por ejemplo Marta Lucía Ramírez”, aseguró el abogado.

Según el abogado Nicolás Carrillo Santarelli, profesor e investigador de la Universidad de la Sabana, la participación popular “no se limitó al plebscito porque la ciudadanía hizo parte del proceso y del debate. Con las modificaciones hicieron un mejor acuerdo”.

3. El costo político es muy alto

De hecho, la sentencia C 379 de 2016, establece que la refrendación tiene un carácter de “compromiso político” y que no implica la reproducción de un instrumento jurídico particular, ni la realización de un segundo mecanismo electoral (plebiscito o referendo). Carrillo aclaró que la firma de la paz tiene un componente alto de derechos humanos, entonces querer ‘tumabarla’, no beneficia a nadie a largo plazo.

4. La Corte Interamericana no es garante de procesos electorales

Además, Arévalo explica que ni la Comisión ni la Corte son garantes de procesos políticos y electorales, entonces, en este caso no les compete la refrendación de los acuerdos ni tampoco de los compromisos políticos que se dieron entre la oposición y el gobierno. El sistema interamericano “no tiene competencia” para asuntos de carácter político, explicó.

Carrillo agregó que la Corte no se quiere exponer a un tema tan sensible. Además es un proceso “muy demorado” y podría “rescabrajar el proceso de paz”.

5. Es una estrategia mediática

Nicolás Carrillo dice que el Centro Democrático usa el derecho “como una herramienta para obtener fines que no pudieron obtener por otros medios”. Por su parte, el abogado Marín agregó que el Centro Democrático está fraguando una “acción jurídica de tipo mediático” y que esta no tiene ningún resultado en las decisiones que tome la Corte Interamericana. Concluyó que el partido uribista busca “llamar la atención” y calificó de “absurdo” refutar un plebiscito que se ganó por tan pocos votos.

 

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