Foto: Luisa Machacón

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Por Alfredo Molano

Las Farc vieron que al mejorar los ingresos de los colonos podían también aumentar sus aportes, voluntarios o forzados, a la organización. La VII Conferencia (1982) introdujo un cambio trascendental en el concepto de aporte y lo consideró en adelante un impuesto que debían pagar tanto los productores campesinos como los comerciantes que compraban la mercancía y la transformaban en cristal. Poco a poco, en la medida en que la bonanza de la coca subordinó prácticamente todas las actividades económicas en la región, las Farc extendieron su sistema tributario a las zonas donde tenían poder territorial.

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Hay que recordar que las guerrillas como poder territorial –muy concentrado en la zona de los ríos Ariari, Guayabero, Duda y Caguán al comienzo de los años 1980– buscaban desde entonces el monopolio de las armas, de los tributos y de la justicia. Habían redactado un Código de Convivencia civil y también un Código militar y por esa razón añadieron a su sigla fundacional (Farc) la de Ejército del Pueblo (EP). De unos 12 frentes a comienzo de la década, pasaron al comienzo de los años 1990 a 35 frentes de guerra en Urabá, Perijá, Magdalena Medio, Tolima, Huila, Meta, Cauca, Caquetá, Putumayo. La represión del gobierno de Turbay (1978-1982), el desarrollo del narcotráfico y el fortalecimiento de las guerrillas –no sólo de las Farc– explican el intento fallido de Belisario Betancur con los Acuerdos de La Uribe. La masacre de la Unión Patriótica y el surgimiento del paramilitarismo empujaron a muchas organizaciones políticas civiles a buscar la protección guerrillera. A fines de los años 1990 existían 60 frentes de las Farc.

El enfrentamiento entre las Farc y los paramilitares se hizo cada vez más sangriento no sólo por territorios sino por el hecho de que las Farc imponían el precio de venta de la base de coca de manera que impedían el libre funcionamiento de la ley de oferta y demanda. Aparecieron también conflictos de tierras porque los narcos –muchos antiguos comerciantes– buscaban seguir concentrando mejoras y fundando haciendas, a lo que las Farc se oponían por razones tanto ideológicas como políticas. Al mismo tiempo la lucha contra los carteles iniciada en firme por Betancur en 1984 a raíz del asesinato de Lara Bonilla se incrementó en 1989 cuando Bush decretó la Guerra contra la droga y el narcotráfico reemplazó al comunismo como “enemigo de la humanidad” con la caída del Muro de Berlín. La nueva estrategia militar de EE. UU. implicó de inmediato poner el ojo del huracán a las Farc y posibilitó, heredado de la Guerra Fría, el apoyo subterráneo de la fuerza pública al paramilitarismo.

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La represión contra el narcotráfico tuvo dos frentes: contra la exportación y contra los cultivos. Las armas fueron respectivamente la extradición y la aspersión aérea. La fumigación con Paracuat (Agente Naranja) se utilizó contra la marihuana; luego contra la amapola se usó el glifosato y desde los 1990 también contra los cultivos de coca. La marihuana fue parcialmente derrotada por los cultivos en EE. UU.; la amapola (morfina y heroína), por la reanudación de los cultivos en Afganistán. La coca colombiana, pese a la fumigación y la extradición, derrotó a los carteles de Perú y Bolivia. La fumigación en Colombia tuvo varios efectos: 1. Desplazamiento de cultivos y de cultivadores, lo que, sin duda, buscaba debilitar la base social de las guerrillas. Es decir, tenía un sentido político. 2. Sostenimiento de precios rentables sobre todo para los exportadores. 3. Aumento de la deforestación y de efectos negativos sobre la salud pública.

Los cultivos de coca se han desplazado del centro histórico de Guaviare y Meta hacia el sur, Caquetá y Putumayo en los años 1980. Durante la década de los 1990, hacia Cauca y Nariño al sur, y hacia el Magdalena medio y Urabá en la misma época. En los años 2000 la fumigación abrió el Pacífico tanto por el río Atrato como por el San Juan y Timbiquí, como hacia el Catatumbo y la serranía del Perijá. Hoy Nariño y Santander del Norte son las regiones más productoras.

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Las siguientes cifras muestran que pese a la erradicación, los cultivos de coca no han logrado ser liquidados y más bien tienden a sostenerse históricamente entre alrededor de 100 hectáreas, pero hay que tener en cuenta que si una hectárea de coca daba en 1990 un par de cosechas al año, con las nuevas variedades hoy se pueden estar cosechando cuatro o cinco cortes anuales. Si en los 1980 de un kilo de pasta básica se obtenía un rendimiento del 60 %, hoy ese nivel puede estar en el 95 %. En 1981 existían Colombia 2.500 hectáreas de coca; en 1986, 12,800; en 1983, 16,00, en 1984; y 17.600 en 1985. Diez años después, en 1994, el hectareaje en coca alcanzó 98.000 y en 2000 unas 160.000. El Plan Colombia logró disminuir la superficie a 100.000 en 2008 y a 60.000 en 2010. Pero en 2015 volvió a aumentar a 160.000 y en 2017 a 190.000 hectáreas de coca.

El Gobierno y las Farc firmaron el año pasado el Acuerdo de La Habana, y se comprometieron las partes a la erradicación manual y voluntaria de la coca en las regiones donde esas guerrillas tenían presencia. La acción estaba subordinada a la sustitución de los cultivos ilícitos por productos lícitos, pero hasta el momento esa política no ha tenido mayor desarrollo.

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