Foto: cortesía de la Flip

Este artículo fue originalmente publicado en Vice Colombia

Por: Sebastián Salamanca*

La semana pasada, en San José de Costa Rica, el Estado colombiano se enfrentó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y al grupo Robert F. Kennedy Human Rights por el homicidio del periodista huilense Nelson Carvajal.

Esto sucedió en la sala de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual decide si Colombia es responsable, según ese tribunal internacional, por el asesinato del comunicador. La representación del Estado actuó de forma vergonzosa, ofendió a las víctimas, mintió y obró de mala fe.

La Corte Interamericana podría condenar a Colombia por este caso. La decisión obligaría a la mayor parte de los Estados de América Latina y del Caribe a cambiar la manera en que investigan y sancionan los crímenes contra la prensa para reducir la impunidad de estos delitos en toda la región.

Nelson Carvajal fue un periodista radial que denunció actos de corrupción administrativa que involucran a políticos y empresarios del Huila. “Existen dos tipos de periodistas: los que cubren los hechos y los que los descubren. Nelson pertenecía al segundo tipo”, dijo Ricardo Trotti, director de la SIP en la audiencia.

El 16 de abril de 1998, a la salida del colegio del cual también era director, Carvajal fue abordado por sicarios que le dispararon en siete oportunidades. “Toda la evidencia disponible indica que fue asesinado por su labor como periodista de investigación,” dijo a la corte Edison Lanza, relator especial de Libertad de Expresión de la CIDH.

“Existen dos tipos de periodistas: los que cubren los hechos y los que los descubren. Nelson pertenecía al segundo tipo”, dijo Ricardo Trotti, director de la Sociedad Interamericana de Prensa

Desde entonces, la familia de Carvajal ha sufrido numerosas amenazas de muerte que forzaron a diez de sus miembros a huir del país. La Fiscalía archivó los procesos por esas amenazas sin arrojar ningún resultado. Tampoco ha investigado con diligencia el homicidio de Carvajal. Durante 19 años, el proceso ha saltado de fiscal en fiscal como una papa caliente. De hecho, una de las fiscales fue amenazada y un testigo del proceso fue asesinado después de haber señalado a reconocidos políticos de la región y a un empresario como los autores intelectuales del crimen cometido en contra del periodista. Siete meses después, la Fiscalía archivó también la investigación para identificar a quiénes mataron al testigo.

El 22 de agosto, ante una sala repleta de asistentes, una abogada representante del Estado interrogó a Judith Carvajal, hermana de Nelson, y señaló que ella no había entregado información al Estado sobre los autores del homicidio. El argumento perverso de los representantes de Colombia insinúa que la falta de justicia no es culpa del Estado sino de la familia, como si esta hubiera tenido la obligación de actuar como policía judicial y resolver el crimen mientras preparaba su exilio.

La corte llamo después al estrado a Lilia Yaneth Hernández Ramírez, la fiscal colombiana que actualmente tiene a su cargo investigar el homicidio de Nelson Carvajal. Hernández admitió que las únicas personas actualmente vinculadas al proceso están libres. También reconoció que no sabe si hubo investigaciones por las amenazas contra la familia de Nelson Carvajal. Cuando el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni le preguntó por qué no habían monitoreado las comunicaciones de la familia de Carvajal para identificar quiénes hacían las llamadas amenazantes, Hernández respiro profundo y respondió: “No tengo conocimiento”.

La fiscal Hernández también reconoció que el testigo más importante del proceso no contaba con protección al momento de ser asesinado. Acto seguido, dijo que dos testigos actuales del proceso, que están brindando información sobre los políticos y el empresario señalados, tampoco cuentan con ningún tipo de protección. Angelita Baeyens, abogada del Robert F. Kennedy Human Rights, le preguntó a Hernández si no le daba miedo que más testigos fueran asesinados. Los asistentes de la sala comenzaron a rumorear entre ellos y algunos hicieron gestos de reprobación.

Hernández trató de demostrar que la Fiscalía había sido juiciosa al manejar distintas líneas de investigación correspondientes a distintas hipótesis sobre la posible autoría del crimen, rechazando una y siguiendo con otra de manera sucesiva a lo largo de estos años. Sin embargo, quedó claro que el Estado tuvo una primera tesis y luego salto de hipótesis en hipótesis durante años. Hoy, con el delito a punto de prescribir, la Fiscalía vuelve a la tesis original de hace 19 años. “¿Debería entender yo que el culpable de que la investigación no avance es el mismo Estado por haber manejado tan solo una línea de investigación a la vez?,” preguntó el juez chileno Eduardo Vio Grossi. “¿Por qué no manejaron líneas de investigación paralelas?”.

En el ambiente quedó la idea de que el Estado, en el fondo, sí tiene una idea muy clara de quiénes podrían ser los autores intelectuales del crimen, pero o no ha podido o no ha querido actuar. “¿De verdad se justifica que hayan pasado 18 años para encontrar a los que ordenaron esto?”, preguntó el juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire.

Finalmente, la fiscal se levantó de su asiento y se sentó como un asistente más a la audiencia, cabizbaja, casi ajena a lo que sucedía a su alrededor. Los jueces utilizaron a Hernández como un saco de boxeo con sus preguntas inquisitivas, sus expresiones de rechazo y el tono de reproche en su voz. La fiscal tiene sin duda responsabilidad por ser la encargada de la investigación. Pero el 22 de agosto tuvo, además, que dar la cara por todo el Estado.

En el ambiente quedó la idea de que el Estado, en el fondo, sí tiene una idea clara de quiénes podrían ser los autores intelectuales del crimen, pero o no ha podido o no ha querido actuar.

En sus alegatos finales las abogadas Juanita María López y Ángela María Ramírez dijeron que Colombia sí cumplía con su obligación de prevenir la violencia contra la prensa puesto que el país cuenta con una política pública de libertad de expresión. La realidad es que la política pública de libertad de expresión es una promesa incumplida del gobierno Santos anunciada en el 2012 y que hoy se está pudriendo en archivos olvidados en el Ministerio del Interior.

También mintió el Estado al querer mostrar que lucha contra la impunidad presentando como prueba la existencia de una mesa de trabajo con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). La verdad es que la mesa fue una iniciativa en que la Flip participó con cifras e información que el Estado no tiene, esperando contribuir a mejorar el acceso a la justicia. Pero “esta instancia, en sí misma, no valida que el Estado sea diligente en investigar crímenes”, dice Pedro Vaca, director de la FLIP en una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos. “Todo lo contrario, si lo fuera, dicha mesa sería innecesaria”.

Edison Lanza dijo que el caso Carvajal Carvajal y Otros Vs. Colombia es una oportunidad para toda América para avanzar en el desarrollo de jurisprudencia en materia de libertad de expresión. Los países del continente necesitan contar con estándares que les permitan orientar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevenir la violencia, de proteger a los periodistas amenazados y de investigar y sancionar a quienes usan la violencia como un arma de censura.

El caso Carvajal es emblemático porque ilustra el incumplimiento de estos tres deberes. Ricardo Trotti también habla de la importancia regional de lo que sucede en este momento en Costa Rica. De este caso “están pendientes los periodistas de toda América que ven una oportunidad para mejorar las condiciones para la libertad de expresión en todo el continente”.

La CIDH debe condenar al Estado colombiano por el homicidio de Nelson Carvajal.

 

* Sebastián Salamanca es el coordinador de Defensa y Atención a Periodistas de la Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip). @jssalamanca

* Este es un espacio de opinión. No representa la visión de Vice Media Inc.

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