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Manifestantes de la Cumbre Agraria protestan frente al Ministerio de Agricultura. Foto: Santiago Mesa

El año pasado mataron 156 defensores de derechos humanos en todo el mundo. Una de cada tres muertes ocurrió en Colombia, que fue el país a la cabeza de esa cruenta estadística, tal como ocurrió en 2014. Así lo determinó Front Line Defenders (FLD), una ONG irlandesa que ha hecho seguimiento de los casos y acaba de publicar un informe donde analiza varias caras del problema en todo el mundo. Dice que los defensores no solo son asesinados, sino también amenazados, desaparecidos, perseguidos judicialmente, estigmatizados y censurados.

Casi la mitad de los asesinatos en Colombia se cometieron contra defensores de los pueblos indígenas, de la tierra y del medio ambiente. Uno de los últimos fue el de Daniel Abril, un tenaz opositor de las petroleras en Casanare, a quien desconocidos mataron el 13 de noviembre de 2015. Abril también hacía parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que continuamente ha recibido amenazas en varias regiones del país.

El 15 de octubre, por decimotercera vez en el año, los miembros de Movice denunciaron la aparición de panfletos amenazantes que los mencionaban a ellos y a otros defensores. Los últimos fueron dejados en Sucre, cerca de la casa de Íngrid Vergara, miembro de ese movimiento. El documento la declaraba a ella y a tres de sus compañeros como “objetivos militares” por “ayudar al traidor de Santos a entregar el país a narcoterroristas”, decía que debían estar preparados para que “los hicieran pedazos”, y estaba firmado por las Águilas Negras. 

Front Line Defenders, así como otros colectivos, hacen llamado la atención sobre esos hechos, sobre todo en momentos en que se negocia la terminación del conflicto armado. Los defensores han dicho que se sienten desamparados, particularmente por la altísima tasa de impunidad, que para ellos refleja el desinterés de las autoridades para atender estos casos.

Al respecto, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que “la mayoría de las investigaciones criminales iniciadas, en casos en que las víctimas fueron defensores de los derechos humanos, han tenido resultados limitados”.

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Foto: Front Line Defenders

A raíz de esa situación han nacido iniciativas como Somos Dignidad, un colectivo que adelanta una campaña para hacer visible el riesgo en el que se encuentran cientos de personas en todo el país. Un comunicado de la campaña aclara que los reclamos al Gobierno no son solo por omisión, sino también por acción.

Por ejemplo, sobre el caso de los 13 jóvenes judicializados después de los atentados a las sedes de Porvenir, ocurridos en Bogotá en julio de 2015, dicen que aunque fueron liberados han sufrido amenazas, persecuciones y estigma por parte de los medios de comunicación, y que parte de esa responsabilidad recae sobre el presidente Santos, que en una alocución sugirió que eran miembros del ELN.

Ademas, aunque algunos de los defensores en riesgo están cobijados por programas de la Unidad Nacional de Protección, varios de ellos han declarado que ni siquiera así sienten garantías porque las medidas son ineficaces y la entidad ha enfrentado graves escándalos de corrupción. 

El mayor riesgo sigue estando en las regiones, y en muchos municipios apartados sobrevivir mientras se lucha por el territorio se ha vuelto una proeza.

Una de las denuncias en este sentido es la falta de cubrimiento por parte de los medios de comunicación, porque en muchos casos visibilizar los hechos puede ser un escudo para las víctimas.

Otro de los problemas es que el país sigue lleno de prejuicios. Muchas de las poblaciones que aparecen en el informe de FLD —indígenas, afrodescendientes, mujeres, Lgbti, periodistas regionales, jóvenes activistas— son estigmatizados, incluso, por la sociedad civil. Aunque esos señalamientos no constituyan amenazas ni un riesgo tangible, es posible que sí alimenten o legitimen de alguna manera lo que pasa.

Que los defensores sigan en su lucha no significa que no sean vulnerables. El llamado del FLD es doble: que el Estado les garantice seguridad en su labor y que la sociedad tenga conciencia de que, así se firmen acuerdos con las guerrillas, para alcanzar la paz es necesario valorar y proteger a los defensores de derechos humanos. 

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