9 meses antes de la avalancha de Mocoa, Corpoamazonía había advertido el riesgo inundación. // Foto por Aitor Sáez

Por: María Camila Bustos*

En Colombia los temas de cambio climático y mitigación de riesgo no se escapan de las luchas polítiqueras en la que terminan envueltos casi todos los temas de la agenda nacional . Es común ver cómo el direccionamiento de algunas políticas públicas no responde a la necesidad de los territorios. Mientras algunos hacen un llamado a entender la manera como la vulnerabilidad social, económica y climática impone serios retos para el desarrollo del país, otros por omisión o de manera deliberada ignoran la necesidad de repensar la gestión de riesgo en Colombia.

La geografía colombiana, los altos niveles de desigualdad económica y la escasez (y corrupción) de recursos públicos en regiones apartadas amplifican la vulnerabilidad del país frente a los impactos del calentamiento global. Además, el 48% de los colombianos viven en zonas expuestas a inundaciones y el 33% está en riesgo de deslizamiento. Como si fuera poco, los escenarios de cambio climático nacional advierten que este fenómeno ya tiene y seguirá  teniendo severos impactos: la escasez de agua es inminente, los fenómenos de El Niño y la Niña serán más fuertes y frecuentes.  En las noticias ya vemos cómo el desplazamiento interno por desastres naturales y aumento de lluvias es una realidad.

Y aún si el cambio climático no fuera algo de que preocuparnos, los colombianos estamos acostumbrados a ser víctimas de tragedias climáticas o naturales “ya anunciadas”. Las lluvias en Manizales, el deslizamiento en Mocoa y las fallas geológicas de Gramalote son solo una muestra de desastres que pudieron ser evitados y no lo fueron. Con frecuencia llamamos a estos eventos “desastres naturales” cuando en realidad de “natural” no tienen mucho (más allá de sus manifestaciones físicas). Más bien se trata de desastres humanos derivados de la negligencia sobre nuestro ordenamiento territorial.

Según una revisión del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 80% de los Planes de Ordenamiento Territorial (POTs) no están vigentes, pues fueron realizados durante el 2002, muchos se hicieron a las carreras y algunos incluso tenían elementos que, por el afán de cumplir un requisito, fueron copiados de otros documentos. Al parecer, solo el 3% de los planes incluyen indicadores de impacto climático. Y es que no fue sino hasta el 2014 que los gobiernos municipales estuvieron obligados a integrar la gestión de riesgo en el ordenamiento territorial. Cabe resaltar que ahora la mayoría de municipios están trabajando para actualizar a 2018 sus planes municipales bajo el marco del programa “POTs modernos.”

La creación de estos planes no es una tarea fácil. Se requieren recursos, tiempo y voluntad para entender la importancia del tema. No se trata de una obligación municipal mínima. Estamos hablando de la vida de millones de colombianos, de cómo entendemos nuestros territorios y de cómo nos preparamos para los riesgos a los que estamos expuestos. Los hacedores de política pública, alcaldes y Corporaciones Autónomas Regionales deben tomar en serio la gestión de riesgo municipal, dejando de un lado la visión cortoplacista y miope que tanto nos impide avanzar.

Es absurdo que un país que se identifica como vulnerable a los impactos climáticos ,que ratifica el Acuerdo de París  e incluye en sus compromisos internacionales un fuerte componente de adaptación, no integre el cambio climático en sus planes municipales y esté considerando recortar el presupuesto asignado a entidades ambientales en un 60%.

La etapa del posacuerdo de paz representa un desafío donde el ordenamiento territorial es aún más importante. Los vacíos de poder que deja las Farc, la lucha por el control económico del territorio, la débil institucionalidad, la amenaza de que la tasa de deforestación se siga disparando y la expansión de asentamientos en zonas de alto riesgo son solo algunos de los factores que pueden llevar a que nuestros municipios sean aún más vulnerables a riesgos climáticos.

Entonces, es vital que en las actualizaciones de los POTs, los municipios se tomen en serio la tarea de integrar la gestión de riesgo, evalúen su vulnerabilidad climática y desarrollen planes adecuados para mitigar los riesgos mitigables. Necesitamos producir inventarios de los riesgos y amenazas, hacer un análisis de vulnerabilidad social y económica frente a las condiciones climáticas de nuestros municipios, llevar a cabo los estudios técnicos y cartográficos necesarios y promover la participación local. Sin estos componentes básicos, seguiremos llorando tragedias que se podrían evitar.

* Investigadora de Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad)

@MaCamilaBustos

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