Foto: Leonardo Muñoz | El Espectador

¡Pacifista! reproduce este artículo en el marco de su alianza informativa con el diario El Espectador. Vea la nota original aquí.

Por Redacción Judicial y Política – El Espectador

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que nació en febrero de este año como resultado del Acuerdo de Paz con las Farc, se pronunció en contra de las declaraciones que entregó hace unos días el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre por qué están asesinando a líderes sociales en el país. “Como integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en calidad de expertos y delegados de las Plataformas de Derechos Humanos, lamentamos el pronunciamiento del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicando que la ‘inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas'”.

“Estas palabras trivializan uno de los problemas más graves que está viviendo nuestro país y ponen en evidencia una actitud de desconfianza hacia las denuncias de los líderes y defensores de derechos sobre multiplicidad de asesinatos y demás hechos victimizantes que son un ataque generalizado. La historia del país está colmada de denuncias desesperadas e indiferencia, en suma, de muertes que pudieron ser evitadas. Muchos de los hechos victimizantes contra la población en mención no son espontáneos y están relacionados con procesos de exigibilidad de derechos que afectan los intereses de agentes privados implicados o beneficiarios de la usurpación en el marco de la guerra; o han ocurrido en escenarios que deberían ser de construcción de la paz”.


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El documento fue firmado por Gustavo Gallón, Camilo González Posso, Franklin Castañeda, Vilma Franco y Jaime Caycedo. “Los recientes hechos sucedidos en las comunidades de La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla en el Bajo Atrato Chocoano son ejemplo de lo primero. Por eso, es importante el reciente pronunciamiento del Procurador General de la Nación, según el cual: “a diferencia de lo que se ha venido diciendo durante los últimos meses y por tantas personas, aquí sí existe una sistematicidad en relación con el asesinato de estos líderes sociales (de los consejos comunitarios) porque la relación con el conflicto de tierras es evidente. Aquí hay derechos territoriales de estas comunidades que están ligados a la forma como los están eliminando”.

Según la Comisión, “el Ministro de Defensa guarda silencio sobre otros hechos victimizantes que cotidianamente son denunciados y que determinan el devenir de esta democracia. Abundan las amenazas individuales y colectivas contra poblaciones que en muchos casos fueron víctimas directas o indirectas en el pasado. Para ello, sus autores, sobre los que ninguna autoridad parece tener noticia, se sirven de panfletos (apócrifos o no), utilizados como un mecanismo de terror porque apelan a la memoria viva de la violencia ejercida por los grupos paramilitares (de antes y de ahora). Algunas de ellas se han materializado y en otros casos han restaurado el miedo que modifica comportamientos, conducido al desplazamiento forzado y suprimido las libertades de expresión y asociación. Resulta, por eso, turbador que no se reconozca la gravedad de lo que es una práctica generalizada contra poblaciones específicas”.

El gobierno se defiende

Esta semana, Villegas ha salido a los medios de comunicación a tratar de explicar su primera versión. En ese intento por acallar las críticas, participa también el presidente Juan Manuel Santos.

“El ministro no dijo eso, el ministro después aclaró, porque lo citaron fuera de contexto (…) él dijo que la Fiscalía informó que había múltiples razones para estos asesinatos que nos duelen, nos preocupan y también él lo reiteró. Es una prioridad para el gobierno tratar de impedir estos asesinatos (…) Por su puesto yo no creo que ese sea el motivo por el que están matando a los líderes sociales”, expresó el presidente.

El ministro Villegas, en diálogo con Noticias Caracol, matizó su declaración inicial e indicó que “dentro de seis razones por las que asesinan a los líderes, están los líos de faldas. No estoy diciendo que asesinen líderes sociales solo por eso, estoy diciendo que hay muchísimas causas, entre ellas esa. Eso qué quiere decir, que no hay una sistematicidad que hayamos podido documentar (…) esto no es para ofender a nadie. Tengo respeto por las personas, por las familias y las familias de las víctimas, si ofendí a alguien pido disculpas”.

Agregó que entre las causas por las que asesinan líderes sociales, también existen acciones armadas de la disidencia, “por oponerse a minería ilegal y por asuntos personales”. E insistió: “No hay conexión entre bandas para asesinar líderes”.

Dos días después de las polémicas declaraciones, y aunque desde el Ministerio de Defensa se diga que no existe un plan para asesinar líderes sociales, el presidente Santos anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema para detener el asesinato de estas personas en las regiones.

La iniciativa contempla el reforzamiento de las alertas tempranas y la activación del “Plan Orus”, que permitirá brindar seguridad en 67 municipios y 595 caseríos en donde hacía presencia las Farc, hoy convertida en partido político.


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Explicó que la alerta temprana es un documento de advertencia emitido por la Defensoría del Pueblo para que el Gobierno dé respuesta.

Al intervenir en la sesión del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, Santos dijo que para poner en marcha el “Plan Orus” se hizo una microfocalización.

Los comandantes del Ejército, añadió el gobernante, establecerán contactos y generarán la confianza suficiente con las comunidades para “combatir con más efectividad estos asesinatos”.

El anuncio de Santos se produce después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmara que en el caso de los asesinatos de los líderes sociales hay “algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país”, algo que siempre ha negado el Gobierno.

Diversas asociaciones han denunciado estos asesinatos como continuación de la actividad de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Tras la desmovilización de las AUC nacieron varias bandas criminales como el Clan del Golfo, que se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que mantienen una fachada política para sus actividades narcotraficantes.

En este sentido, el fiscal sostuvo que es importante “hacerle un llamado a la nación sobre fenómenos de criminalidad que con algún grado de sistematicidad pudiera empezar a advertirse que afecte a líderes sociales”.

Hizo hincapié en los asesinatos relacionado con líderes de reclamación de tierras, donde se “empieza a advertir esta clase de fenómenos”.

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