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Por: Redacción Judicial – El Espectador

En una sentencia de 92 páginas de la sección tercera del Consejo de Estado, el alto tribunal condensó cuatro recomendaciones que considera fundamentales a la hora de investigar los hechos y los responsables de una persona que desapareció hace 15 años en Casanare. La corporación le pidió a la Fiscalía y a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que investigue qué fue lo que realmente pasó con el enfermero que fue asesinado y desaparecido en una carretera del municipio de Monterrey según sus parámetros.

El primero de ellos es sobre la importancia de determinar quiénes participaron en la planeación, el diseño y la ejecución del hecho violento. El segundo, dice la sentencia, “articular, para estos efectos, todos los mecanismos de coordinación previstos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. como lo son la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEVCNR), la Unidad Especial de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales”.

Para el Consejo de Estado, activar todo el mecanismo de la JEP es fundamental para lograr no solo investigaciones serias y coherentes, sino a reparar integralmente a las víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos. La tercera recomendación es la de determinar, “de acuerdo con las investigaciones que se adelanten por la JEP, si en las actividades ilícitas desarrolladas por dicho grupo armado ilegal en varios municipios de Casanare participaron también agentes estatales, autoridades civiles o particulares evitando omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”.


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El caso que estudió el alto tribunal ocurrió en el municipio de Monterrey (Casanare). Según la información recopilada en la sentencia, el 4 de agosto de 2003, hacia las 10 de la mañana, el director del Hospital Municipal de Monterrey le pidió a Henry Calixto Rey Morales, un enfermero del centro de salud, que fuera a atender un accidente de tránsito en donde había varios heridos que había ocurrido en la cartera que conduce de Monterrey al municipio de Villanueva. Rey Morales empezó el trayecto hasta el lugar, junto al conductor de una ambulancia que fue interceptada por dos camionetas.

De los vehículos descendieron varios hombres que se identificaron como miembros de las Autodefensas Unidas del Casanare, quienes retuvieron al enfermero Rey Morales, sin que, hasta el día de hoy, se conozca su real paradero”. Después de escuchar a varios jefes y exintegrantes paramilitares, las autoridades confirmaron la muerte de Rey Morales y lograron determinar que fueron sus mismos captores quienes desmembraron su cuerpo para evitar que fuera encontrado por las autoridades.

Para el Consejo de Estado, tanto la Policía, como el Ejército y el Ministerio de Defensa son responsables de este hecho al “no tomar medidas de seguridad, pese a la sistemática ocurrencia de casos de desaparición forzada y ataque generalizado a misiones médicas que se venían presentando en el Casanare en la época de los acontecimientos, como consecuencia de una ‘guerra sangrienta entre el Bloque Centauros y las A.C.C’”.


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El alto tribunal reconoció en su sentencia el hecho de que gracias a las versiones libres de varios exparamilitares es que se logró establecer que el enfermero Rey Morales había asesinado. Por eso, la cuarta recomendación del Consejo de Estado es que las autoridades deben asegurarse “que los paramilitares condenados en Justicia y Paz o en justicia ordinaria estén a disposición de las autoridades judiciales competentes a efectos de cooperar en los procedimientos que se conduzcan a esclarecer estos hechos”. El alto tribunal recordó en su fallo que entre 1986 y 2007 se registraron 2.553 personas desaparecidas.

“Entre el año 2001 y 2004 en los municipios de Sabanalarga, Villanueva, Monterey, Aguazual, Tauramena, Maní, Chámeza, Recetor y Yopal, 746 fueron personas desaparecidas. Al contrastar esta última cifra con la registrada en el mismo periodo en el resto de los municipios del departamento de Casanare, el cual fue de 75 personas desaparecidas, se encuentra que representa el 91% del total de personas afectadas por este flagelo en todo el departamento, lo cual es de suma gravedad”, señaló el Consejo de Estado.

Uno de los hechos que más le llamó la atención al alto tribunal en el estudio de este expediente es que la Fiscalía se abstuvo de abrir formalmente una investigación, “pese a la existencia de patrones sistemáticos y generalizados en los que se enmarcaron violaciones a los derechos humanos tales como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias o arbitrarias, las cuales de no ser investigadas, sancionadas y juzgadas por el Estado, constituirían hechos internacionalmente ilícitos por omisiones del poder judicial, y podrían ser eventualmente objeto de conocimiento de la justicia internacional”, dice el fallo.

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