En el centro, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Lo acompañan el vicepresidente Óscar Naranjo y varios miembros de la Fuerza Pública. Fotos: Santiago Mesa

Este artículo forma parte de nuestro Proyecto Coca. Se trata de la versión reducida de la crónica que este mismo autor publicará en la edición de agosto de la revista VICE.

Por: Juan Miguel Álvarez

Medellín, Colombia.

UNO.

En marzo de 2016, cuando el proceso de paz con las Farc había entrado en su fase final y ya se veía inatajable la firma de los acuerdos, la revista Semana recibió un comunicado escrito y firmado por una tal “Dirección colegiada de los grupos armados urbanos al margen de la ley” de Medellín y el resto del Valle de Aburrá, “mal llamados a nivel nacional Oficina de Envigado”. El comunicado informaba sobre el supuesto interés de esta dirección colegiada en sentarse con el gobierno y el Estado para negociar la desactivación de la violencia urbana en el área metropolitana de la capital de Antioquia.

Este interés no era nada extraño o nada que no se hubiera intentado antes. Basta recordar las reuniones que sostuvieron los barones de los carteles del narcotráfico con la Fiscalía y el gobierno nacional en los primeros años de la década del 90 y que terminaron con algunos de ellos en las cárceles. Pero este comunicado traía consigo tres asuntos inquietantes. Dos de ellos tenían que ver con el nombre del remitente: pura semántica.

El primer asunto es que el concepto ‘dirección colegiada’ parecía ser un eufemismo elegante, casi académico, de lo que en un ámbito formal podría llamarse ‘junta directiva’. Al usar esta expresión daban a entender que lo que antes se había conocido como ‘Oficina de Envigado’ estaba más organizado que nunca bajo una mesa de mando unificado y en un orden de poder horizontal. Es decir: sin un líder con mayor poder de decisión.

Y el segundo, que al autodefinirse como “grupos armados urbanos al margen de la ley” pretendían incluirse dentro del concepto ‘grupo armado ilegal’ determinado por el Protocolo II adscrito a los Convenios de Ginebra, que establece normas mínimas para conflictos armados no internacionales de naturaleza política. Con esto, el crimen organizado del Valle de Aburrá quería que el Estado lo aceptara y lo catalogara como un actor de perfil político. Es decir: como un actor protegido por el derecho internacional para rebelarse por las armas contra un Estado, si hubiera lugar. Tal como una guerrilla. Y, en consecuencia, aspirar a un escenario de justicia transicional que lo juzgase.

El tercer asunto inquietante se descubría entre líneas en los párrafos finales del comunicado. El remitente decía que no avalaba “acuerdos aislados de sometimiento a la justicia” que estuvieran adelantando algunos de sus exmiembros y que su intención era involucrar a algunos grupos que no hacían parte de la dirección colegiada. Esto quería decir que, por más unificados que se encontraran, había otros que escapaban de ese control.

Ocho meses más tarde, en noviembre de 2016, el remitente volvió a redactar un comunicado que le llegó al presidente Juan Manuel Santos en el que insistía sobre lo mismo: el interés de negociar para desmontar las bandas del área metropolitana de Medellín.

Pero solo sería hasta marzo de 2017, cuando un tercer comunicado dio nueva información. A raíz de un pronunciamiento público del alcalde, Federico Gutiérrez, en el que dijo que había sido descubierto un plan de las bandas para atentar contra su vida y contra una fiscal, la dirección colegiada respondió que sus miembros “tenían el control total de las bandas” y que “por el momento” no las habían orientado para atentar contra la institucionalidad.

Tras esto, las preguntas de la prensa local y de los investigadores de la criminalidad urbana giraron en torno a la probabilidad de que la tal dirección colegiada no fuera una ficción o una estrategia de disuasión. ¿Era posible que esta dirección colegiada tuviera el control total de las actividades delincuenciales en el Valle de Aburrá? ¿Hasta qué punto?

Postal del parque Berrío, uno de los lugares emblemáticos de Medellín.

DOS.

La Oficina de Envigado es un viejo concepto del narcotráfico paisa con el que se denominó al brazo armado del Cartel de Medellín durante el reinado de Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. Fue un grupo de sicarios salido de las bandas de barrio, luego formado militarmente por algunas estructuras del Estado cómplices del narcotráfico, y con un resentimiento social hacia las clases altas.

Después de la muerte de Escobar y la caída del resto de cabecillas del Cartel, los sicarios continuaron con el negocio de la cocaína, recuperaron alianzas con capos de otras regiones y se organizaron bajo el mando de uno de ellos conocido como Berna o Don Berna. Más tarde, a finales de los años noventa, Berna y sus hombres se integraron al proyecto paramilitar de los hermanos Castaño y terminaron conformando el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De esta manera, los que siempre habían sido matones del narcotráfico se convirtieron en integrantes de un ejército multitudinario con una supuesta motivación contrainsurgente.

Cuando empezó la desmovilización de las AUC en 2004, y más tarde, Berna fue encarcelado y luego extraditado, los hombres que habían comenzado con él en la Oficina de Envigado evadieron los compromisos con el gobierno nacional, volvieron a ocupar sus lugares en los barrios del área metropolitana del Valle de Aburrá y cooptaron a muchas de las bandas y combos vigentes en las calles. Entonces, esta estructura montó una inextricable red de control de economías ilegales que abarcaba desde cobros de deudas y sicariato clásico, pasando por extorsión a comerciantes y empresas de transporte, hasta prostitución de menores de edad, tráfico de armas, préstamos gota a gota (también llamados ‘pagadiario’) y, como negocio principal, el narcomenudeo o microtráfico. Pero también puso en funcionamiento un entramado de rentas legales difíciles de investigar mediante cooperativas y empresas de transporte, distribuidoras de alimentos, firmas de seguridad privada, hoteles y negocios de diversión nocturna.

Durante este lapso varios de los sicarios más viejos se hicieron nuevos capos y sus alias comenzaron a sonar públicamente. El Cebollero, Sebastián y Valenciano fueron quizás los tres principales. Y si a principios de los años noventa fue exacto situar a esta organización solo en el municipio de Envigado, para 2008 y 2009 su alcance territorial ya era toda el área metropolitana y podía titularse ‘Oficina del Valle de Aburrá’. Para citar un caso: Sebastián tenía a su disposición casi 30 fincas entre los municipios de la parte norte del valle: Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello.

Entre 2009 y 2013, El Cebollero, Sebastián y Valenciano fueron capturados. Y quienes quedaron con el mando de la Oficina fueron los que venían de atrás y habían logrado todo un prontuario como integrantes de bandas al servicio de los capos. Se trataba de gente de los barrios relacionada con las estructuras del narcotráfico, pero que en su día a día también consideraba las relaciones con la comunidad. Es decir: gente que también ejercía un rol de cabecilla barrial. Nuevos alias con sus bandas de siempre comenzaron a sonar: El Patrón, Douglas y Los Triana, El Chivo y La Terraza, Soto y la banda de Picacho, Carlos Chata, Chamizo y los Chatas, Carlos Pesebre y Los Pesebres, entre otros.

Sobrevino, entonces, el proceso de paz con las Farc, y comenzó a ventilarse la idea de que si el gobierno nacional lograba desarmar a las guerrillas y alcanzar acuerdos de paz en la zona rural, también debía dirigir un esfuerzo a neutralizar la violencia homicida urbana, a reducir al máximo la capacidad bélica de las bandas y combos de esquina y a quitarles el control territorial para diluir su poder social.

¿Fue ahí cuando los cabecillas de las bandas se reunieron bajo la figura de la ‘dirección colegiada’? Y al hacerlo, ¿tenían o tienen realmente un interés de desmontar las bandas y lograr una paz tangible? ¿O solo es un cuento con el que pretenden soltar algunos mecanismos de financiación para aminorar la presión de las fuerzas de seguridad del Estado, pero a largo plazo conservar su control social y territorial?

 

TRES.

En Medellín conversé con varias personas conocedoras del tema: con funcionarios públicos ligados al trabajo de Derechos Humanos, con líderes comunitarios que han resistido la presencia histórica de las bandas, con académicos y periodistas, con gente cercana a algunos cabecillas de banda y con jefes de combo de esquina. Entre lo que me explicaron inferí dos posturas.

Una: que el remitente de los comunicados no es una fantasía.

La dirección colegiada, según me dijeron, existe. Se trataría de una mesa de mando en la que confluyen tres sectores: cabecillas que están en la cárcel y que desde allí ostentan un poder sobre sus bandas; cabecillas identificados por las agencias de inteligencia que viven escondidos y bajo la presión de que en cualquier momento los pueden atrapar, y cabecillas sin rostro que la policía ni siquiera persigue porque no los conoce y porque pueden disfrutar de vidas corrientes como personas de negocios legales.

Todos son de la vieja guardia de la delincuencia urbana, superan los 40 años y han sobrevivido a todas la guerras. La mayoría estuvo recluida en la cárcel de Bellavista, y todos participaron en otros procesos de negociación con el Estado. Cada uno tiene una incidencia decisiva en zonas del área metropolitana. Una zona puede comprender dos o tres comunas. Y, en promedio, una comuna puede estar conformada por hasta quince barrios. Cada barrio puede tener dos bandas, y hay bandas que son un solo combo, pero otras son la unión de varios. Un combo puede estar integrado por veinte, treinta, hasta cincuenta muchachos. En resumen, un cabecilla de zona puede detentar poder de decisión sobre 1.000 o 2.000 gatilleros.

Un hombre de casi 50 años de edad, con un comprobado historial de líder de banda y a quien diferentes fuentes me lo refirieron como el “ungido por la Oficina”, me dijo que esa dirección colegiada no solo se había constituido para tener capacidad de negociación con el Estado. También tiene el objeto de evitar que “ninguno de esos capos del narcotráfico vuelva a tomar las riendas de la Oficina” porque a esos “multimillonarios solo les importa el dinero y la guerra” y luego, cuando ya están llenos de enemigos y tienen encima a la policía, huyen o los capturan y les dejan las deudas de sangre a las bandas. “Estos cabecillas ya no son los güevones de nadie, ni los trabajadores de nadie”.

Lo segundo que deduje de mis entrevistas es la existencia de una mesa en la que se sientan a discutir algunos temas, pero sin alcanzar el carácter de dirección colegiada. Quienes defienden esta postura dudan de que realmente esa mesa tenga el control total de las bandas del área metropolitana y dudan también de que el fin último sea alcanzar una paz urbana.

Luis Fernando Quijano, director de la ONG Corpades y, en mi opinión, el violentólogo más informado de Medellín en temas de criminalidad urbana hoy, me dijo que hablar de dirección colegiada es exagerado porque implica aceptar que los cabecillas toman decisiones de manera uniforme sobre asuntos que superan sus cargos. “No es una dirección porque no son los que dirigen”, dijo. “Son subjefes que se han reunido a discutir algunos temas, pero no son los jefes de la Oficina”. Citó varios homicidios recientes que, según sus fuentes, revelan enfrentamientos entre varios de esos cabecillas. Añadió que los verdaderos jefes del negocio son otros y que para entenderlo mejor hay que buscar a quienes lavan el dinero de estas economías ilegales, los reales beneficiados del accionar criminal, e identificar la manera en que se integran a las diferentes instituciones del Estado.

Luego Quijano me planteó una pregunta: “¿Usted cree que los líderes del mundo criminal de esta área metropolitana les van a dejar el espacio libre a proyectos políticos de izquierda, una vez se consolide el partido en que participarán los desmovilizados de las Farc?”. En su opinión, es poco creíble que los jefes criminales vayan a ceder los espacios económicos y de control político y social que conquistaron a punta de fusil durante años, a cambio de cortas condenas en la cárcel. “Dejarán que salgan elegidos cuatro o cinco diputados, y uno o dos concejales, pero hasta ahí”. Dijo que lo que tenían planeado era un lapso de “cinco años del boom de la paz”, en el que la ciudad estaría calmada.

Luego, volvería la guerra.

Esto mismo me lo dijo el jefe de un combo con influencia en un barrio del sector noroccidental de Medellín. De 34 años y varios periodos de reclusión en la cárcel, me dio a entender que la situación era de una “falsa paz”. “La guerra va a volver a estallar”, explicó. “Todos los combos contra todos. Yo ya sobreviví a una guerra y no quiero ponerme las botas otras vez. Pero si me toca, lo hago. No vamos a permitir que maten a la gente del barrio”. Cuando le pregunté por qué creía que la guerra volvería, dijo: “Porque la gente está saliendo de la cárcel y va a querer venganzas, y va a querer sus negocios. Ambición. Pura ambición”.

Así se ve la Comuna 1, también conocida como la Nororiental, que fue semillero de las bandas en los años 80.

CUATRO.

Para todos mis entrevistados, las salidas del alcalde Gutiérrez en redes sociales o en televisión, en las que anuncia la persecución a unos bandidos, han sido un asunto publicitario. “Meros trofeos políticos”, me dijo el hombre cercano a la Oficina. “No es un alcalde serio”, me dijo el jefe del combo. “Se mete a dos calles que le abrieron en el barrio Castilla y sale a decir que la ciudad está muy tranquila, pero nadie lo ve caminando por Caicedo y La Sierra. Si entra por allá, es porque lo llevan cien tombos”.

Vale mencionar que, en los primeros tres meses de 2017, el alcalde como cabeza del gobierno municipal adelantó más de cuarenta operaciones contra el crimen organizado y la policía capturó a más de doscientas personas vinculadas con las bandas, entre ellos a una docena de cabecillas y mandos medios.

Durante los días en que investigué este tema en Medellín, el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Óscar Naranjo visitaron la ciudad en fechas distintas y dieron ruedas de prensa en las que se refirieron a la seguridad urbana. Santos prometió más ayuda logística, operativa y presupuesto para enfrentar al crimen organizado. Naranjo habló de lo mismo. Pero ninguno de los dos mencionó a la dirección colegiada. Como si lo hubiesen querido evitar a propósito. Santos apenas señaló directamente a uno de los cabecillas, alias Carlos Chata, y recordó que había dos millones de dólares por información que permitiera su captura.

El alcalde Federico Gutiérrez tampoco ha dicho públicamente si cree o no en la existencia de la dirección colegiada. No niega la existencia de la Oficina ni su complejo entramado de control social y territorial. En meses recientes, el periódico El Colombiano ha registrado que al menos ocho integrantes de las bandas que conforman la dirección colegiada se han entregado a la Justicia, pero no se han presentando ante la Fiscalía, como corresponde, sino que han aparecido en las oficinas de la Alcaldía. Se trata a todas luces de un gesto de significado político, como si quisiera ser entendido como una prueba de voluntad de negociación por parte de estas bandas.

No parece fácil anticipar cómo terminará todo esto, si es que es posible pensar en un punto final. Mientras el gobierno nacional decide si hay una oportunidad distinta a un sometimiento a la Justicia para el crimen organizado, la comunidad seguirá padeciendo el asedio armado. Seguramente Medellín es todo lo que algunos de sus líderes han promocionado: la más innovadora y la más educada. Pero también es la que más ha logrado sofisticar las múltiples formas de la violencia.

 

CODA.

El pasado 4 de julio fue capturado el señor Gustavo Villegas, cuando se desempeñaba como secretario de seguridad de Medellín y era la mano derecha del alcalde Federico Gutiérrez en la lucha contral el crimen organizado. Los cargos que le imputaron son: concierto para delinquir agravado, omisión de denuncia y uso indebido de información. Según la Fiscalía, Villegas habría tenido una cercanía no legal con un sector de cabecillas de las bandas que integran la dirección colegiada y habría usado información privilegiada en beneficio propio.

Culpable o no, la captura de Villegas puso en evidencia que en efecto el gobierno local se estaba tomando muy en serio la posibilidad de la negociación con la dirección colegiada. Tanto que ya le habían encargado a varias oficinas del Estado la discusión técnica de un proyecto de ley que permitiera la negocación.

Lo curioso es que en noviembre de 2016, luego del segundo comunicado de la dirección colegiada, la revista Semana.com le preguntó al alcalde Gutiérrez por la posibilidad de un proceso de paz con el crimen organizado del Valle de Aburrá. Gutiérrez, lisamente, descargó todo el peso de la decisión en el gobierno nacional. Dijo que en caso de que el presidente Santos decidiera empezar una negocación, la alcaldía estaría “dispuesta a acompañar y a respaldar”. Pues bien. Quedó visto que no era así. Que la ambición del alcalde Gutiérrez era la de liderar este posible proceso. ¿Tenía conocimiento el Gobierno Nacional? ¿Contó con su respaldo? Urge que la presidencia de la República se pronuncie al respecto.

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