Las madres de Soacha en la primera audiencia. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta es la primera audiencia sobre los casos de cinco jóvenes ejecutados extrajudicialmente por el Ejército. Los militares se comprometieron a contar la verdad. 

Hace diez años, en agosto de 2008, a Diego Alberto Tamayo Garcerá lo desaparecieron. Diego vivía en Soacha, tenía 26 años. Su cuerpo apareció en Ocaña, Norte de Santander, en donde la Brigada 15 del Ejército lo presentó como un guerrillero muerto en combate. “¿Dónde está mi flaco? Él no es ningún guerrillero”, reclamaba en ese entonces su madre, Idalí Garcerá, una de las 17 ‘Madres de Soacha’; mujeres que perdieron a sus hijos en ejecuciones extrajudiciales.

Los primeros dos años después de la muerte de su hijo fueron traumáticos. Idalí tuvo que rodearse de abogados, asistir a juzgados y, de la mano del personero de Soacha, Fernando Escobar, demostrar que el asesinato de su hijo había sido una ejecución extrajudicial. En 2017 el juez juez primero penal especializado de Cundinamarca le dio la razón a ella y a otras cuatro madres  y condenó a 21 militares con penas entre los 37 y 52 años. Catorce militares implicados en los escándalos de los llamados ‘falsos positivos’, incluyendo el asesinato de Diego,  buscaron un espacio en la justicia transicional del Acuerdo de Paz con las Farc. Este viernes fue su primera audiencia.

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La mañana del 10 de agosto de 2018 será recordada por Idalí Garcelá como la primera audiencia en la que tuvo en frente a los responsables del asesinato de su hijo y de otros jóvenes del municipio de Soacha. En la calle 63 con Séptima, en las instalaciones de la Jursidicción Especial para la Paz (JEP), las Madres de Soacha vieron cómo los militares daban el primer paso en el camino de la justicia transicional. Ellas, con sus propios ojos, querían ver a los  responsables aceptando las reglas de juego de la JEP, es decir, comprometiéndose a contar la verdad y pedir perdón.  De eso se trató la primera “audiencia de régimen de condicionalidad” por el caso de desaparición forzada y homicidio contra cinco jóvenes de Soacha. Una audiencia que, valga la pena decirlo, fue de reconocimiento de los militares y que representa tan solo el primer escalón en un proceso que podría tardar meses.

Fueron siete horas de formalismos, de revisión de expedientes, de registro de los casos, pero con el paso del tiempo se fue haciendo realidad eso que las madres esperaban: el compromiso de los militares. “Sí, señor magistrado, estoy dispuesto a decir la verdad”. “Sí, señor magistrado, nuevamente pido perdón, me comprometo a hacer trabajo social, a no volver a portar armas de fuego”. “Sí, señor magistrado, entiendo el proceso de sometimiento”. “Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, señor magistrado”. Uno a uno fueron pasando a la Jurisdicción Especial para la Paz  los 14 militares implicados.

Los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Situaciones Jurídicas de la JEP  les explicaron a los militares el proceso a seguir y recopilaron las actas que ellos firmaron comprometiéndose a decir la verdad, pedir perdón y garantizar que lo que hicieron nunca vuelva a ocurrir. Fue una audiencia larga, tensa, en la que hubo mucho silencio. Más allá de los formalismos legales, las víctimas y los militares condenados no hablaron mucho, solo lo necesario  –sabían que esta era la primera audiencia, en la que, como primera medida,  aceptarían las reglas de juego de la JEP–.

Aunque en un comienzo parecía una audiencia de procedimiento, de trámite, su desenlace fue simbólico y seguramente marcó un hito en la JEP. Las víctimas, después de diez años de investigaciones y pocas certezas, escucharon la palabra “perdón” en boca de los victimarios. Y aseguraron por lo menos una realidad para el futuro: si ellos quieren obtener amnistías, dirán la verdad. Ese fue el comienzo de un capítulo que puede ser muy y que al final debe narrar la verdadera historia de los ‘falsos positivos’.

 

Uno de los militares firmando el acta de sometimiento. Foto: JEP

En este caso en particular fueron citadas cinco madres que perdieron a sus hijos en ejecuciones extrajudiciales: Edilma Vargas, madre de Julio César Mesa Vargas; Idaly Garcerá, madre de Diego Alberto Tamayo; Luz Edilia Palacios, madre de Jader Andrés Palacios Bustamante; Mélida Bermúdez, familiar de Jhonatan Orlando Soto Bermúdez y Carmenza Gómez, familiar de Víctor Fernando Gómez Romero. Todos eran jóvenes entre 20 y 25 años. Vivían en el barrio San Nicolás, de Soacha. Julio Cesar trabajaba en construcción, Jonathan en una empresa de calzado. Ninguno estaba involucrado con la guerrilla pero fueron presentados como guerrilleros muertos en combate en 2008, en Ocaña.

Los cinco jóvenes fueron engañados. Les ofrecieron trabajo en Ocaña,  se los llevaron hasta una zona rural y, con un falso retén como excusa, la Brigada Móvil No. 15 del Ejército de Ocaña les quitó sus documentos de identidad y los asesinó, presentándolos como “narcoterroristas”. La Fiscalía revelaría más adelante que los reclutadores de los jóvenes recibieron un millón de pesos por contactarlos y transportarlos.

En marzo de 2014, el jefe de operaciones de la Brigada 15, coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, fue condenado a 35 años prisión después de que se comprobara que presentó a un mototaxista como un “hombre muerto en combate”.  Rincón fue acusado de orquestar un plan de ejecuciones extrajudiciales con grupos paramilitares para entregar “resultados operacionales”.

Idalí Garcerá durante su intervención. Foto: JEP

Después del mediodía, cuando el auditorio estaba disperso, cansado, Gabriel de Jesús Rincón – quien colaboró con el paramilitar Jhon Jairo Pabón Vega, alias ‘Loquillo’, en Ocaña –dijo sus primeras palabras en la audiencia, aceptando el sometimiento a la JEP.

Mientras las madres lo miraban – él nunca lo hizo –  leyó un documento en el que se comprometió a someterse “a todos los procesos penales, administrativos, en la justicia ordinaria, en la justicia penal militar y en la justicia transicional (…) Me comprometo a ofrecer verdad plena y temprana para esclarecer este duro conflicto armado interno que ha causado un dolor en la gran mayoría de personas de Colombia. Ofrezco a dedicarme a la cátedra de paz en donde contaré mi experiencia y la verdad ocurrida en el conflicto. Me comprometo a que los hechos victimizantes no se volverán a presentar. Me encuentro retirado de las fuerzas militares: no porto ni portaré armas de fuego. Nuevamente pido perdón a todas las víctimas”.

Silencio en el auditorio. Rincón le dio el micrófono a su abogada, miro hacia el lado contrario de las madres de Soacha y después de que el magistrado le diera la palabra a otro de los militares, se retiró de la primera fila. Su testimonio fue similar al que ofrecieron otros acusados, quienes consultaban en voz baja a sus abogados, nerviosos, sin mirar a las madres. Fueron dos horas más de procedimientos judiciales, de firmas, de revisión de expedientes, donde víctimas e implicados estuvieron separados por un espacio que servía como corredor para las personas que querían salir.

Después llegó el turno de los abogados de las víctimas. Sandra Villegas, representante legal de las madres, fue enfática en un punto: para que el proceso en la JEP sea exitoso, ellos, los militares, tienen que contar toda la verdad. De lo contrario, dijo, no se puede hablar de “reparación integral para las víctimas”. Al comparecer en esta audiencia, los militares están aceptando la justicia transicional. ¿Y eso qué significa?  Decir la verdad y, como lo dijo la abogada Villegas, “saber que se pierden los tratamientos especiales” si no cumplen con lo prometido. “El derecho a la verdad implica garantizarles a las víctimas el acceso a la información y a los archivos de diferentes instituciones. Los comparecientes deben aportar una verdad plena, exhaustiva y detallada. Se requiere una verdad sobre los responsables de estos hechos. Esa verdad es la base para  la reparación integral, para cimentar una verdadera reconciliación”.

La última mujer que tomó la palabra y que no leyó ningún documento fue Idalí Garcelá. “He esperado estos diez años que llevo…Me acogí a la JEP para escuchar a los señores implicados, para saber qué fue lo que pasó de verdad, para que todas nosotras podamos tener un alivio en el alma.  Soy una madre que sufre, él (Diego) era mi único hijo y yo siempre sufro mucho porque él me hace mucha falta, lo extraño mucho”. Su voz parecía quebrarse, pero sin mirar al suelo en ningún momento volvió a hablarles de frente a los magistrados: “Ojalá que los señores digan la verdad, que digan quienes fueron los altos mandos que les mandaron a hacer eso que ellos hicieron. Con nuestras compañeras hemos esperado mucho tiempo para saber lo que pasó con esta problemática que nos atormenta. De verdad que no tendremos paz hasta que se sepa la verdad completa”. Sus compañeras la rodearon en silencio y prefirieron no agregar más palabras.

Idalí entregó el micrófono. El auditorio se quedó en silencio, los militares miraron al piso y el magistrado Pedro Elías Díaz les recordó que esta es apenas la primera audiencia del proceso de los falsos positivos de Soacha.

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