Foto: Óscar Pérez

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Por: Jorge Cardona*

Cuando llegaron los años 60 y su revolución de contracultura, sobre todo en Estados Unidos y Europa, el dilema del porte y consumo de drogas se volvió prioridad en un crítico contexto de evolución histórica. Al margen del prohibicionismo norteamericano extendido hasta los países de su influencia, el interés prioritario se concentró en imponer una visión mundial de línea dura y cero tolerancia a los narcóticos. De hecho, Estados Unidos, junto a once países más, fue el gestor decisivo de la primera comisión internacional sobre el tema que derivó en el Convenio contra el Opio de 1912, a instancias de la Sociedad de las Naciones (organización antecesora de la ONU). En 1925 y 1931 se reforzaron las medidas, pero también resultaron insuficientes para controlar el cíclico crecimiento de la venta y consumo de sustancias psicoactivas.

Además de Cuba, en los años 50, como un cruce de caminos en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos, con el auspicio de mafiosos como Lucky Luciano, Frank Costello o Vito Genovese, las guerras en Indochina fueron el otro detonante de importancia para que el comercio de las drogas multiplicara sus escenarios. Como lo refieren los catedráticos Adolfo León Atehortua y Diana Marcela Rojas en su ensayo El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos, hasta la Agencia Central de  Inteligencia de Estados Unidos (CIA) terminó involucrada en actos de omisión frente al tráfico de opio, para financiar operaciones de guerra en Laos y Camboya. La intervención norteamericana en Vietnam en la misma época, determinó que los negocios de la heroína y la marihuana se activaran hasta potenciar el consumo entre los propios combatientes.

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En esta perspectiva de contrastes, ya en el marco de la ONU, en 1961 se firmó la Convención Única contra los estupefacientes, encaminada a fortalecer medidas internacionales de control a los narcóticos, incluyendo el cultivo de las plantas primordiales: la amapola, la coca y la marihuana. Aunque la convención admitió que las tres especies vegetales podían también tener un probado uso medicinal, industrial o de horticultura, la directriz genérica fue avanzar hacia su erradicación total. Incluso, con exceso de optimismo, se acuñaron fechas fatales para que el consumo de las citadas plantas y sus derivados quedara abolido por fases, en un plazo de 30 años. Sin embargo, la realidad ya desbordaba cualquier pronóstico y, tan solo en los campos de guerra de Vietnam, más del 60% de los soldados norteamericanos consumía marihuana o cocaína.

La intervención norteamericana en Vietnam determinó que los negocios de la heroína y la marihuana se activaran hasta potenciar el consumo entre los propios combatientes.

A mediados de los años 60, la industria tabacalera de Estados Unidos registraba ventas brutas por valor de US$8.000 millones, de los cuales US$3.300 eran para el gobierno federal o los estatales y locales, producto del impuesto al consumo. Pero respecto a la marihuana, la cocaína, el opio o el LSD que fueron ganando terreno en Occidente, la decisión e imposición fue controlar y prohibir. Era un mercado en auge, pero tácitamente no permitido, pese a las acciones de resistencia y abierto desafío de varios frentes sociales, como el movimiento hippie o, en general, de nuevas generaciones que, en medio de la pugna por los derechos civiles o el rechazo a enlistarse para ir a la guerra de Vietnam, preferían sumarse a la revolución sexual, el rock, los lemas de paz y amor y, por supuesto, el consumo de opio, marihuana o cocaína.

En esa evolución hacia la guerra contra las drogas, además de la detectada conexión La Habana-Medellín, en Colombia quedó registro de varios eslabones sueltos que evidenciaron una tendencia a la ilegalidad en este negocio. Varios estudios del catedrático e historiador Eduardo Sáenz Rovner lo comprueban. Por ejemplo, cómo en los años 20 Colombia importaba cocaína legal desde acreditados laboratorios médicos alemanes, franceses, ingleses o norteamericanos, pero también de qué manera, hacia 1933, la Sociedad de las Naciones ya reportaba tráfico ilegal de la misma sustancia en Barranquilla, Cartagena o Santa Marta. Desde entonces, como lo documentó Sáenz, en la prensa existen reportes de traficantes de droga, en especial heroína y cocaína hacia Estados Unidos o con destino al ramo de la farmacéutica.

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Denuncias desde Medellín en 1938 por el alarmante incremento de hábiles traficantes de drogas heroicas. Robo sucesivo de frascos de cocaína y morfina enviadas por la casa Merck de Alemania a droguerías colombianas, entre mayo de 1938 y julio de 1939. Detenciones o decomisos de alcaloides a médicos, propietarios de establecimientos o farmaceutas en Bogotá, Medellín, Ibagué, Bucaramanga, Barranquilla, Cali o Barrancabermeja en los años 40. O falsos señalamientos a una colonia de alemanes en el valle del río Sinú, a la altura de Montería por procesar cocaína en el triángulo comprendido entre Cartagena, Soplavientos y San Luis, aunque después de la investigación de una comisión mixta colombo-norteamericana se ratificó que cocaína de la marca alemana Merck sí era contrabandeada por Panamá.

El caso más sonado lo protagonizó el químico Rafael Herrán Olózaga, dueño de una reconocida farmacia de la capital antioqueña, que en 1939 entró en el radar de las autoridades por la importación de alcaloides por encima de lo permitido legalmente. A finales de 1956, cuando regresaba de Jamaica, fue capturado en La Habana junto a su hermano gemelo Tomás, piloto de aviación, dos mujeres y un cubano. Los hermanos Rafael y Tomás Herrán Olózaga admitieron que llevaban droga a Cuba desde tiempo atrás, pero a excepción de Tomás que estuvo un año preso en la isla, los demás procesados quedaron libres bajo fianza. En 1957, agentes del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y oficiales antinarcóticos de Estados Unidos ocuparon e incautaron un laboratorio de propiedad de los Herrán situado a las afueras de Medellín.

Estos antecedentes, sumados a la referida ruta del contrabando desde Panamá, por la línea Urabá y el cañón de La Llorona, que pronto sumó al Marlboro la marihuana y la cocaína, demuestran que la venta, producción y consumo de narcóticos en Colombia no surgió únicamente para satisfacer la demanda desde Estados Unidos. En su trabajo La prehistoria de la marihuana en Colombia, del mismo Eduardo Sáenz Rovner, con minucioso seguimiento de archivos y periódicos en Bahamas, Nueva York y Miami, se corroboran múltiples arrestos por posesión, venta y cultivo de marihuana en Barranquilla o Santa Marta y sus alrededores, entre 1940 y 1949. Eso explica también la ley 45 de 1946 de reforma penal o el decreto 896 de 1947 contra la coca y la marihuana, al margen de los compromisos judiciales adquiridos con Washington.

En 1952, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconocía en un informe confidencial que Santa Marta se había convertido en un puerto de exportación ilegal de marihuana en buques bananeros a las costas de La Florida (Estados Unidos). Una década después, en 1961, una delegación colombiana al Grupo Consultivo Interamericano sobre Fiscalización de Estupefacientes que se reunió en Río de Janeiro (Brasil), admitió que se cultivaba marihuana en los departamentos del Valle, Caldas, Antioquia, Huila, Magdalena, Cauca o Tolima, con múltiples capturas de personas y decomiso de droga. En general, desde comienzos de los años 60, existen otras evidencias de que el tráfico de marihuana y coca en múltiples regiones del país comenzó a gestarse mucho antes de las versiones que lo sitúan en los albores de la guerra mundial contra las drogas.

En 1952, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconocía que Santa Marta se había convertido en un puerto de exportación ilegal de marihuana a las costas de La Florida.

Lo que sí es innegable es que, en 1962, cuando el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, apuró la salida del director de la Oficina Federal de Estupefacientes, Harry J. Anslinger, después de 32 años de regentarla, la lucha contra las drogas estaba perdida. Pero sus exacerbados discursos ya habían satanizado tanto a consumidores como a adictos, añadiéndolos al vocabulario de los diagnósticos psiquiátricos. Cuando Anslinger asoció los fumadores de marihuana a los negros, hispanos, filipinos o artistas, añadiendo que el jazz o el swing eran música diabólica producto de la yerba; o cuando decía que los comunistas llegaban al país pertrechados con drogas que inducían a las mujeres a buscar relaciones sexuales, sus mentiras no convencían, pero terminaron por añadir equivocadas razones a una inminente declaratoria de guerra.

En medio de las protestas contra la discriminación racial y el movimiento por los derechos civiles, liderada por el pastor bautista Martin Luther King; o las marchas contra la guerra en Vietnam que para 1965 ya involucraba a 100.000 norteamericanos, una nueva generación de jóvenes buscó las drogas con la perspectiva de que eran útiles en su temeraria misión de cambiar el mundo. Y pronto de la marihuana, el opio o la cocaína, se pasó a los ácidos. En especial el LSD 25, sintetizado químicamente a partir de un hongo, y multiplicado en diferentes variedades. En 1966, el director de la Comisión de Estudio sobre Drogas Estupefacientes de Nueva Jersey, C.W. Sandman declaró que en ese momento el LSD constituía la mayor amenaza contra el país, incluso más peligrosa que la guerra que se libraba en Indochina.

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No obstante, la generación Woodstock –así denominada por el festival de rock realizado entre el 15 y 18 de agosto de 1969 en el estado de Nueva York con más de 400.000 asistentes–, protagonizó un momento crucial de recambio en Estados Unidos. También hubo excesos en el consumo de LSD, hongos, marihuana, cocaína, heroína, anfetaminas o mezcalina y, detrás de estos, en algunos casos, sobredosis fatales. En 1967, entró en vigor el Programa de Control de Estupefacientes de Nueva York, con un costo inicial de US$400 millones para tres años, y el gobernador Nelson Rockefeller vaticinó que ese era el principio de una guerra interminable. En noviembre de 1968 resultó electo presidente de Estados Unidos el republicano Richard Nixon, y fue cuestión de tiempo que declarara a las drogas como enemigo número uno de América.

Esta transición en Estados Unidos repercutió en Colombia, donde tomaba forma un conflicto social y armado con profundas raíces en el antagonismo político, la desigualdad económica y el atraso rural. El 13 de marzo de 1961, dos meses después de su posesión, el presidente norteamericano John F. Kennedy lanzó su programa Alianza para el Progreso, encaminado a la asistencia económica en América Latina para impedir una segunda Cuba revolucionaria y comunista. Apenas 17 días después de este cambio de rumbo, el 30 de marzo de 1961, en el seno de las Naciones Unidas, fue aprobada la Convención Única sobre Estupefacientes. Dos visiones de política exterior que afianzaron el influjo de Washington en las decisiones internas de Colombia y que paradójicamente agregaron un singular capítulo en la historia local de los narcóticos.

En 1966, el director de la Comisión de Estudio sobre Drogas Estupefacientes de Nueva Jersey, C.W. Sandman declaró que el LSD constituía la mayor amenaza contra el país.

En desarrollo de la Alianza para el Progreso, según varios autores, comenzaron a llegar voluntarios de los denominados “Cuerpos de paz” de Estados Unidos, para asistir a las comunidades rurales en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo agrícola o la cobertura en programas de educación y salud. Cuando algunos de esos voluntarios conocieron los cultivos de marihuana, sus variedades y su calidad, se transformaron en activos promotores de su venta y consumo. Luego encajaron en el universo del hipismo criollo y su propio ciclo de acidez en los alebrestados años 60. En regiones como Magdalena, Cesar o Guajira, a finales de la década se gestó también la llamada “bonanza marimbera” que entró a competir con los mexicanos el mercado norteamericano de la marihuana, aportando otro momento peculiar a la cronología de la ilegalidad.

 

Vea aquí la primera parte de ‘La otra guerra’.

*Jorge Cardona es el editor general de El Espectador. 

Para este artículo, el autor consultó la siguiente bibliografía:
Arango Jaramillo, Mario y Child, Jorge, Historia del narcotráfico y el contrabando en Colombia, El Espectador, Bogotá, 1984.
Atehortúa Cruz, Adolfo León y Rojas Rivera, Diana Marcela, El narcotráfico en Colombia, pioneros y capos, Universidad del Valle, 2006.
Hari, Johann, Tras el grito, Editorial Planeta Colombiana S.A, Bogotá, 2015.
Sáenz Rovner, Eduardo, Ensayo sobre la historia del tráfico de drogas psicoactivas en Colombia entre los años 30 y 50,Universidad Nacional, 2009.
Saenz Rovner, Eduardo, La prehistoria de la marihuana en Colombia: consumo y cultivos entre los años 30 y 60, Cuadernos de Economía, Universidad Nacional, 2007.
Szasz, Thomas, Droga y ritual, Fondo de Cultura Económica S.A, Madrid, España, 1990.

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