Andrei Gomez

Columnista: Andrei Gómez 

En Colombia nos hemos acostumbrado a repetir frases implacables que son parte de un discurso cínico que perpetúa el conflicto armado. Por ejemplo, he escuchado a muchos decir: “en Colombia todo cambia para que todo siga igual”. Esta frase la he oído en relación con la Constitución del 91, el proceso de paz con el M-19 y la desmovilización de los paramilitares. Hoy cuando la gente habla sobre el proceso con las Farc, sobresale una desesperanza: que la firma del acuerdo de paz será sólo un evento más en la historia de un país condenado a repetir su historia.

 

Entiendo el pesimismo, pero me desconcierta porque muchos colombianos se han esforzado al límite en los últimos cuatro años para poner fin al conflicto armado entre el Estado y las Farc. Por ejemplo, el presidente Santos decidió iniciar conversaciones con las Farc después de haber sido ministro de Defensa del presidente Uribe, quien negaba la existencia del conflicto armado; las Farc decidieron continuar conversando con el presidente Santos a pesar que en medio de los acercamientos secretos el Ejército mató a su máximo comandante Alfonso Cano; y víctimas de crímenes de la guerrilla y del Estado han viajado a La Habana para exigir el fin del conflicto y mostrar su respaldo a los diálogos.

 

Estos esfuerzos han dado frutos concretos, como el acuerdo de crear una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la cual busca garantizar que el país reconozca el impacto que ha dejado el conflicto armado y las responsabilidades de diferentes sectores de colombianos, para que nunca más vuelvan a ocurrir hechos atroces.

 

A pesar de este logro, hay gran escepticismo frente a cuatro temas: (1) alcanzar un acuerdo sobre justicia, (2) la desmovilización de la guerrilla, (3) el desmonte de las estructuras criminales y (4) la transformación efectiva de las estructuras que mantienen la desigualdad y la pobreza. Los retos son enormes, por eso es mejor abordarlos uno por uno.

 

Alcanzar un acuerdo sobre justicia es posible porque tanto las Farc como el Gobierno reconocen que en La Habana no se están intercambiando impunidades. Ya que la impunidad no es la ausencia de cárcel sino la falta de castigo, el acuerdo debe darse sobre el tipo de sanciones que sirvan de ejemplo a la sociedad colombiana para que nadie tome la violencia y la justicia por mano propia. Dichas sanciones deben ser asumidas por aquellos que detentaban posiciones de poder tanto dentro del Estado, como en la sociedad y la insurgencia.

 

De poco vale que aquellos que ejecutaban las ordenes sean públicamente sancionados, si no existe un mea culpa sentido y honesto por parte de aquellos que orquestaron políticas, estrategias y planes de guerra que produjeron desgarramiento y dolor en poblaciones inermes. Por tanto, los primeros que tienen que ser investigados son los presidentes de la República, sus ministros y los máximos comandantes y el secretariado de las Farc.

 

El escepticismo frente a la desmovilización es primero un problema de semántica. Las Farc no se van a desmovilizar como lo hicieron los paramilitares. Imaginar que ciudades como Bogotá y Cali se llenarán de desmovilizados de las Farc es producto de imaginarios que políticos y opositores del proceso de paz emplean para manipular a los ciudadanos del común.

 

El proceso de normalización que está negociando la guerrilla en La Habana busca que el Gobierno abra el espacio político para que en zonas tradicionalmente controladas por las Farc se dé un proceso de transformación de sus estructuras militares a estructuras políticas, para que el control político-militar  sea reemplazado por un debate democrático que le permita ser opción de gobierno sin el uso de los fusiles. Así que el objetivo no es la desmovilización de los guerrilleros en estricto sentido, sino su transformación en actores políticos de tiempo completo.

 

El desmonte de las estructuras criminales sí es una gran preocupación. Este es un gran reto que no exige solamente que las Farc rompan todos sus vínculos con el negocio del narcotráfico sino que el Estado ponga todos sus recursos en desmantelar las estructuras ilegales que a través de consorcios criminales siguen restringiendo la consolidación de una política democrática en varias regiones de Colombia.

 

El rotundo fracaso del desmonte de algunas estructuras paramilitares es una gran preocupación de las Farc; y la Comisión que han propuesto para desmontar estas estructuras que persisten debe ser considerada seriamente por el Gobierno para evitar que este esfuerzo de negociación se asfixie en un charco de sangre en el posconflicto.

 

El acuerdo de tierras muestra la voluntad del Gobierno de transformar las estructuras y las políticas que han contribuido a la pobreza en el campo. La decisión de crear un fondo de tierras, de revisar los títulos de propiedad, de hacer obras de infraestructura y diseñar políticas de educación y salud que mejoren las condiciones de vida en el campo son fundamentales para evitar que nuevos flagelos como la minería ilegal destruyan las selvas y se aprovechen de la fuerza laboral de campesinos empobrecidos y marginados.

 

Los problemas que generan la desigualdad y la pobreza no se resuelven a través de estrategias militares, se resuelven a través de planes de política pública que creen mecanismos de monitoreo, control y rendición de cuentas para evitar que los recursos destinados al bien común terminen llenando las arcas de unos cuantos corruptos.

 

En conclusión, si queremos que en Colombia todo cambie para que nada siga igual es necesario dejar de hacer la guerra en contra de cuanta amenaza aparece, reconocer y actuar para desmontar la criminalidad que nos aqueja, aceptar que los frentes de las Farc se transformen en estructuras políticas y exigirle a nuestros líderes (políticos y sociales) que asuman, al igual que la guerrilla, su responsabilidad en la degradación del conflicto armado y acepten sanciones ejemplarizantes para ponerle punto final a esta guerra.

 

En Twitter: @AndGomezSuarez

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