Foto: Camila Tovar

Distrito 7, asentamiento urbano de indígenas desplazados, en Florencia, Caquetá. Foto: Camila Tovar

El posconflicto está lejos de ser una realidad, y el desplazamiento forzado lo demuestra: en los primeros 26 días de 2018 fueron desplazadas 1.072 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo. Un dato alarmante si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la misma fuente, en el mismo periodo de 2017 un total de 230 personas habían tenido que dejar sus tierras.

Un par de cifras de alarma más: en enero de 2017 se presentó un desplazamiento masivo en Tumaco, Nariño. Por el contrario, en lo que va de este año la Defensoría ha registrado cuatro desplazamientos masivos en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Nariño y Boyacá.

Aunque desde que el gobierno comenzó a negociar con las Farc en La Habana se presentó un descenso en las cifras de desplazamiento forzado, el aumento en 2018 constituye un fenómeno que merece la atención del gobierno. En 2017 fueron recibidas 60.620 personas desplazadas por la Unidad de Víctimas; en 2016 un total de 95.227 y en 2015 la cifra fue de 191.315. Al paso que vamos, como lo ha venido denunciando la Defensoría del Pueblo, la cifra de desplazados en 2018 podría duplicar incluso la de 2017 y superar la de 2016. Eso constituiría un serio paso atrás para un país que aparentemente está enrutado hacia la paz.


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De hecho, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), “la región Pacífica concentra el 79 por ciento de las personas afectadas por el desplazamiento forzado durante 2017. Estos eventos se dan por la continuidad de enfrentamientos entre grupos armados, amenazas, homicidios, reclutamiento, violencia, explotación sexual y ataques contra civiles”.

Los casos

Los actores armados responsables de estos desplazamientos también se han diversificado: disidencias de las Farc, ELN, Autodefensas y bandas criminales que viven de la renta del narcotráfico. El caso más reciente fue el de Cáceres, Antioquia, donde 376 personas fueron desplazadas, según la Alcaldía local. Esto sucedió después de que se presentaran enfrentamientos en las veredas Alto Tamaná, El Tigre, Ponciano, ubicadas a 22 kilómetros del casco urbano.

En el transcurso de 2017, Cáceres no registró desplazamientos forzados masivos. Sin embargo, la presencia de grupos de crimen organizado y del ELN ha generado disputas, al parecer, por el control de los territorios donde hay cultivos de uso ilícito. En la zona también hace presencia el Clan del Golfo, con un grupo de más de 90 hombres armados liderados por alias ‘Ratón’.

Una situación similar fue la que vivieron los habitantes Magüi Payán (Nariño) el pasado 17 de enero, donde 172 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. La misma ONU emitió una alerta tras verificar el desplazamiento: “Las personas afectadas aún se encuentran albergadas en casas de familiares y amigos. El número de personas en situación de desplazamiento podría aumentar por la presencia de uno de estos grupos armados en el territorio”. De ese total de personas que tuvieron que abandonar el territorio, 98 son niños y niñas.


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Un día después, el 18 de enero, en la vereda San Pedrito de San José de Uré (Córdoba), el presidente de la Junta de Acción Comunal, Plinio Pulgarín, fue asesinado. Esa fue una alerta de lo que vendría después: 75 familias (375 personas) fueron desplazadas tras recibir amenazas del grupo “Caparrapos”, un satélite de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). De acuerdo con Naciones Unidas, en este municipio no se registraba un desplazamiento masivo desde septiembre de 2016. Con el último episodio, las familias quedaron desprotegidas: “se identificaron –puntualizaba la ONU– necesidades urgentes en protección, seguridad alimentaria, nutrición, albergue, agua, saneamiento básico, higiene y salud”.

El cuarto desplazamiento masivo fue registrado por la Defensoría del Pueblo el 22 de enero en el Paya, municipio de Boyacá, donde tres familias fueron desplazadas tras un enfrentamiento que se presentó entre el Ejército y el ELN. Los combates se desarrollaron un día después de que la Fuerza Pública diera de baja a dos líderes del ELN en la zona: alias ‘Maikol’, cabecilla de la compañía ‘Los Tropos’ y alias “Arturo”, jefe del frente Héroes y Mártires. Después de la confrontación, la población civil de la inspección de Marcote pidió condiciones mínimas de seguridad.

“Hay grupos que están cooptando territorios de las Farc”

Ingrid Rusinque, delegada para la población desplazada de la Defensoría del Pueblo, nos contó que su trabajo se ha incrementado y que las cifras sí se corresponden con la  dura realidad. “Antioquia está presentando una situación bastante compleja. Las familias desplazadas están confinadas, hay restricciones de movilidad para las comunidades en peligro. También se están complicando las cosas en San José de Uré, en Nariño, tanto en Magüi Payán como en Cumbal”.

Rusinque dice que sería exagerado comparar la situación actual con los años más violentos en la historia del conflicto armado, donde era común que en menos de cuatro días desplazaran a más de 1.500 personas. “El problema es que sigan presentándose desplazamientos. Un desplazamiento es una vulneración de derechos y muchas personas que antes fueron desplazadas están regresando a sus territorios, así no existan todas las condiciones para que lo hagan”.  Según la delegada, lo que debe prevenir el Estado en este momento es un segundo desplazamiento,

Los desplazamientos de este año tienen un factor en común: grupos armados entran en disputa con las autoridades cuando intentan copar espacios donde antes estaban las Farc. “Las amenazas de los grupos ilegales está obligando a las familias a desplazarse. Las cifras corroboran que estos grupos, ante la ausencia estatal, llegaron a copar los territorios donde estaba la guerrilla. La población civil queda en medio de estos conflictos y pide lo que es conocido: servicios básicos, salud, educación, programas agrarios… Muchas comunidades se sienten abandonadas”, afirma Rusinque.

Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte, experto en conflicto, considera que el desplazamiento incrementó por dos factores: “reacomodamiento de estructuras criminales, donde hay rentas ilegales. Estas estructuras quieren capturar territorios en donde estaban las Farc. El segundo factor tiene que ver con las presiones de grupos armados hacia comunidades que están comprometidas con la implementación de la paz, en particular con el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos”.

 

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