Ilustración: Juan Ruiz – @jucaruiz

Por Andrés Bermúdez Liévano

Aunque la reflexión sobre el problema de la coca en los discursos inaugurales es escueta, deja entrever dos visiones que convivirán y entrarán en puja en el nuevo gobierno. Queda por ver cuál primará.

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Fue imposible oír los discursos del nuevo presidente Iván Duque y del jefe de su bancada legislativa –el senador Ernesto Macías- sin preguntarse si viven en el mismo país.

Esa esquizofrenia entre las visiones de la Colombia que Juan Manuel Santos le hereda a Duque se refleja también en la manera como los dos –el Presidente entrante y el Presidente del Congreso- escogieron presentar el problema de la coca y sus posibles soluciones. Aunque no hubo mucho tiempo para centrarse en el tema (en medio de discursos que por momento parecían una lista de mercado), los planteamientos generales fueron marcadamente distintos.

Mientras Duque hizo énfasis en la complejidad de los problemas que hay en los territorios afectados por el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito como la coca, Macías sacó un recetario simplista que –así, solito–no ha logrado hasta ahora resolver el problema de la coca en dos décadas de esfuerzos antinarcóticos.

Para Duque, al menos en su discurso de posesión, el problema no está en las plantas mismas y la solución, en cambio, está en las comunidades y los territorios. Para Macías, en cambio, las comunidades prácticamente no existen: no hubo una referencia, siquiera tímida, a éstas y a la necesidad de transformar las condiciones en los territorios que habitan.

El diagnóstico de Duque

Aunque Duque insistió durante la campaña electoral en que Colombia está “nadando en coca”, su discurso ayer fue menos efectista y más enfocado en el problema macro. Su diagnóstico central es que:

Es decir, más allá de las hectáreas de coca, el problema está en que –sin desmantelar los grupos criminales que mueven el negocio- la amenaza seguirá estando latente.

El diagnóstico de Macías

En cambio, el diagnóstico que Macías presenta con gran efectismo se cae de su propio peso.

Es cierto que Santos sí le entrega a Duque el país como primer productor de coca del mundo. Como también que así se lo entregó Álvaro Uribe –a quien Macías rindió un sentido tributo- a Santos en 2010. Y como se lo entregó Andrés Pastrana, tras el fracaso del Caguán, a Uribe en 2002. (Los datos del censo anual de coca solo llegan hasta ahí, de modo que no es posible saber si ocurrió lo mismo entre Ernesto Samper y Pastrana).

Como muestra esta gráfica de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) -a partir de los datos de UNODC (el brazo antidrogas de Naciones Unidas)- solo una vez en los últimos dos decenios Colombia no ha sido el primer productor de coca: en 2013, cuando Santos ya gobernaba y el país tuvo su pico histórico más bajo.

Esta inexactitud de Macías aparte, el elefante en el salón —como dicen los gringos— está claro: el gobierno Santos cierra con la triste ironía de haber tenido la cifra más baja de cultivos de coca de la historia reciente (44.000 hectáreas en 2012 y 2013) para luego despedirse con la más alta (144.000 hectáreas en 2016 y —todo parece indicar, aunque las cifras oficiales del censo anual de Naciones Unidas para 2017 aún no han salido— 177.000 en 2017). (Por cierto, la cifra de la coca de 213.000 hectáreas que Macías usa no es respetada en los círculos de drogas, porque es una medición del Departamento de Estado gringo a partir de un muestreo de un 13% del país, en tanto —sin que sea perfecta— Naciones Unidas trabaja con las imágenes satelitales de todo el territorio).

El hecho es que el descenso continuo de la coca, que venía desde el final del gobierno Uribe y continuó durante el inicio del de Santos, tuvo un fuerte revés a partir de 2014.

A ello contribuyeron una suma de factores, incluyendo la llegada de otros grupos criminales al negocio, la devaluación del peso frente al dólar (se volvió de nuevo más rentable exportar droga), la caída del precio internacional del oro (en muchas regiones la gente pasaba de una actividad ilícita a la otra) y –también- las expectativas del punto sobre drogas firmado en La Habana, que generaron un incentivo perverso alimentado por las FARC de que quien tuviera coca se beneficiaría de inversión estatal.

En todo caso, el número de hectáreas de coca no es el problema, sino uno de los síntomas del problema. Y el balance en sustitución que le dejan Santos y Rafael Pardo es bastante agridulce.

La solución de Macías

¿Cómo resolver entonces el problema de la coca? Macías se queda corto en proponer soluciones novedosas, pero deja servida una conocida de tiempo atrás.

La primera solución de Macías –“acabar la erradicación voluntaria”- parte de una falacia. Ese argumento —que Duque repitió en campaña pero no tras la elección— insiste en que la sustitución de coca fue opcional durante el gobierno Santos para los campesinos que la tienen sembrada.

 La realidad es que el Acuerdo de paz privilegia la sustitución concertada con las comunidades (por eso se llama ‘voluntaria’), tomando en cuenta la lección histórica en Colombia de que las opciones represivas –como la fumigación aérea o la erradicación forzosa a mano— no generan cambios reales en los territorios y la gente vuelve a sembrar.

Un ejemplo de esto es Luz Dary Díaz, una ex cocalera en Putumayo –cuya historia contó Proyecto Coca– que resembró las tres veces que la fumigaron y una que la erradicaron. (Por no hablar del costo humano de estas estrategias forzosas, como el que describe Edgar Bermúdez, un policía que quedó ciego y olvidado por el Estado tras pisar una mina antipersonal en un operativo de erradicación de coca en 2005).

En los casos en que no quieran firmar el acuerdo voluntario de sustitución, el Acuerdo de paz es claro en señalar que aplica la forzosa. Literalmente dice, en su página 107, que:

¿Es la segunda solución de Macías –la aspersión aérea- la mejor estrategia contra la coca? Ni sí, ni no, como contamos en este reportaje sobre sus mitos y sus realidades.

No es cierto que la fumigación de la coca haya sido la mejor solución para la coca, pero tampoco que no sirva para nada. Como mostró la Comisión Asesora para la Política de Drogas –un grupo de 11 expertos colombianos que hicieron un informe con recomendaciones para la estrategia nacional— el año en que Colombia tuvo una cifra históricamente baja de coca también fue —hasta ese momento— el año en que menos se fumigó.

La explicación de que la coca comenzara a caer es que, hacia 2007, Colombia comenzó a cambiar —o al menos combinar— estrategias: no solo se concentró en los cultivos, sino que reforzó las interdicciones de cargamentos de cocaína saliendo del país. Como muestra esta otra gráfica de la Comisión Asesora, los años con menos coca también fueron los años en que más incautamos cocaína y más destruimos cristalizaderos.

La fumigación sí sirve para disuadir a los campesinos de sembrarla, como le cuentan a uno en zonas cocaleras. Pero, tras las fumigaciones, hay un porcentaje muy alto de resiembra.

Por eso, en el mejor de los casos, la fumigación no es sino un pañito de agua tibia que no resuelve problemas como el abandono estatal, la falta de asistencia técnica —como veterinarios y agrónomos— para cambiarse a otros productos, a falta de vías para sacarlos de sus fincas o la falta de redes comerciales para venderlos.

El problema entonces no es que no sirva, sino que cuesta muchísimo y logra relativamente poco. Pero ni siquiera es posible entender su eficacia porque la mayor parte de la información sobre el programa de aspersión —presupuesto, metas— no ha sido pública nunca.

Y todavía el nuevo gobierno tendría que resolver otro escollo: en 2015 el Gobierno suspendió las fumigaciones aéreas de coca después de que la Organización Mundial de la Salud –que depende de la ONU— decidió reclasificar el glifosato como una sustancia que puede causar cáncer, tras una investigación científica que detectó una relación directa con el cáncer del sistema linfático. Esa decisión la avaló la Corte Constitucional, condicionando que regrese la fumigación a que se pruebe que no representa un riesgo para la salud y el medio ambiente.

Al final, Macías lanza un salvavidas que deja abierta la puerta para una solución más integral consistente en buscar alternativas económicas e inversión social para los campesinos (a quienes, en todo caso, no menciona):

La solución de Duque

Duque, a diferencia de Macías, hace una lectura más compleja de lo que sucede en los territorios donde hay coca, que están –no coincidencialmente— entre aquellos más aquejados por muchos de los problemas del país.

Esa reflexión abre las puertas para entender que el problema de la coca va más allá de la erradicación forzosa y, en esa misma línea, que el problema de la droga va más allá de los campesinos que cultivan la coca.

Aunque Duque no menciona el Acuerdo de paz, está bosquejando al final un modelo que parte de una filosofía similar: es necesario diferenciar entre los distintos eslabones de la cadena del narcotráfico y pensar soluciones para los eslabones más débiles (cultivadores y consumidores). Y, en particular, apostarle a la inversión en desarrollo rural integral para que los campesinos tengan alternativas distintas de la coca.

A diferencia de Macías, Duque pone el énfasis en que ese trabajo se debe hacer “de la mano de las comunidades”. Esas seis palabras constituyen una gran diferencia porque reconocen que, sin montar a los cultivadores en el bus, se repite la historia de fumigaciones, erradicaciones forzosas y resiembras. La coca se termina desplazando —en el famoso ‘efecto globo’ del que hablan los economistas— y la vida de la gente no cambia.

En cambio, al hacerlo con la gente incrementan las posibilidades de que las zonas cocaleras cuenten con otras alternativas de vida que sean viables y sostenibles en el tiempo.

Eso, sin embargo, depende de una suma de factores que van más allá de la sola sustitución de la coca. Por ejemplo, que los campesinos tengan agrónomos o veterinarios que les ayuden a entender si un cultivo es propicio para su tierra, tiene graves riesgos de enfermedades o realmente tiene mercado, como lograron comprobar estos indígenas nasa en Toribío (Cauca) con la gulupa.

Que sin una cadena de comercialización que asegure que pueden vender su producto, como han comprobado estos cultivadores de palmito de El Placer (Putumayo), fracasan los proyectos. Que, sin carreteras veredales se vuelve imposible sacar los productos al mercado, una dramática realidad que algunas comunidades –como esta en Cáceres (Antioquia)- han venido reversando con empresas comunitarias. O que, incluso sin algo tan básico como una conexión de electricidad, hasta exitosas empresas comunitarias como esta cooperativa de panela en Valle del Guamuez (Putumayo) la tienen muy difícil.

Esos bienes y servicios públicos rurales –como vías terciarias, distritos de riego, veterinarios y agrónomos– son centrales para que las 115.000 familias cocaleras que hay en Colombia la dejen y le apuesten a alternativas de vida en la legalidad.

Esos bienes públicos también aparecieron en el discurso de Duque ayer:

Invertir en ellos no solo ayudaría a viabilizar los proyectos legales de los cocaleros y asegurar que su tránsito a otras actividades dure en el tiempo, sino que también abriría la puerta para transformar las condiciones en esos territorios.

Todo esto permitiría medir el éxito de la política de drogas de manera distinta. En vez de contar hectáreas, se pueden plantear preguntas como si, ¿están bajando los índices de pobreza en los municipios con coca? ¿Está aumentando la superficie cultivada con otros productos agrarios? ¿Están los excocaleros encontrando mercados para esos otros productos? ¿Hay mejor infraestructura en vías rurales o en distritos de riego? ¿Hay más agrónomos y veterinarios?

¿Hay más y mejores escuelas, puestos de salud y acueductos veredales? ¿Han disminuido o aumentado las hectáreas de bosque deforestadas en zonas de coca? ¿Se están judicializando a los eslabones de la cadena donde sí se queda la plata, incluyendo no solo el tráfico sino también el contrabando de precursores químicos y el lavado de activos?

Su vice, Marta Lucía Ramírez, hizo eco de esa idea de privilegiar el desarrollo rural para sustituir en su entrevista reciente con El Espectador:

Esa es justamente la visión que tienen cientos de cocaleros y de campesinos que en otra vida vivieron de la coca.

“Yo le diría a Duque que mantenga esa mirada social del acuerdo rural. Colombia hoy tiene una gran oportunidad en su ruralidad. El país se construyó sobre lo rural y tenemos que recuperar esa prioridad para tantos millones de colombianos que viven allí”, le recomienda Juan Antonio Urbano, un cacaotero y ex cocalero de Boyacá. “Necesitamos un ejército pero no con fusiles, sino de técnicos con lápices”.

“Está demostrado, desde nuestra experiencia, que la gente no llega a la coca por falta de dinero sino por falta de acompañamiento y oportunidades (…) Necesitamos que se fortalezca la salud, la educación y, sobre todo, la infraestructura productiva”, dice Hernando Chindoy, un cafetero indígena que tuvo amapola.

“El enfoque concertado no es alcahuetería, como dicen algunos, sino entender cuáles son las necesidades y los potenciales de las comunidades”, dice Wilmar Moreno, un líder de Briceño (Antioquia), el municipio donde arrancó el programa de erradicación voluntaria y sustitución de coca.

Al final, aunque la reflexión sobre el problema de la coca en los discursos inaugurales es escueta, deja entrever dos visiones que convivirán y entrarán en puja en el nuevo gobierno. Queda por ver cuál primará.

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