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Un editorial de ¡PACIFISTA! por Santiago Valenzuela, redactor de paz e implementación

Quizás el plebiscito del 2 de octubre de 2016 fue el punto de arranque. De arranque de un conjunto de sentimientos de frustración, incredulidad y desconfianza que se extendieron por la opinión pública y que hasta hoy no nos dan tranquilidad a los colombianos.

Y esto es así porque ese día muchos cayeron en cuenta de que la paz no era necesariamente un símbolo de esperanza, al menos no un símbolo perfecto.

El acuerdo de paz salió adelante, sí. Pero la renegociación con los voceros del No retrasó la implementación, y luego, poco a poco, el Gobierno empezó a dejar entrever lo que algunos pesimistas habían pronosticado: que no estábamos completamente listos para enfrentar el desafío. Que no íbamos a poder —para poner solo un ejemplo— construir las veintitrés zonas veredales, es decir, dar el primer paso para dejar claro que la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc sería una realidad.

Desde entonces, la implementación del acuerdo ha estado marcada por la polarización entre quienes rechazan y quienes apoyan el acuerdo con las Farc. Y esta polarización se ha derramado como un ácido sobre la agenda de los medios, que, conscientes o no de ello, llevan un año hablando de “obstáculos del proceso”, de “crisis de la paz”, de que “la esperanza se eclipsa”, de que “la cosa va de mal en peor”. Nosotros, desde ¡Pacifista!, por supuesto también.

Pero a veces es útil hacer el ejercicio de pensar que, a pesar de todo, la paz va bien.

No solo porque poco a poco, en las profundidades de nuestra mentalidad y de nuestro comportamiento, la paz ha venido transformándonos como sociedad y como individuos. Sino también concretamente porque ha habido avances en la implementación. Avances cojos, sí. Pero avances en todo caso. ¿O qué otra cosa podemos pensar del fallo de la Corte Constitucional que el pasado martes avaló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? ¿O del reciente nacimiento de la Comisión de la Verdad?

Los avances de la implantación son cojos, en esa no hay duda. Pero en todo caso son avances, y son enorme.

En ¡Pacifista! hemos seguido de cerca los peligros que acechan a la paz, como la conformación de disidencias en San José del Guaviare, el plan de erradicación forzada de cultivos ilícitos en Tumaco, la cooptación de viejos espacios de las Farc por parte de las Autodefensas Gaitanistas y el sabotaje que han liderado algunos políticos para impedir el avance jurídico del acuerdo.

También les hemos hecho un seguimiento juicioso al asesinato de líderes sociales —57 desde que comenzó a implementarse el acuerdo—, así como a los incumplimientos del Gobierno a grupos históricamente afectados por el conflicto, como las minorías étnicas.

Pero también nosotros, que por nuestro oficio de periodistas tenemos el deber de ser escépticos y críticos ante el entusiasmo, nos vemos hoy en la obligación de admitirlo: la paz avanza.

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Y lo hace en diferentes frentes.

El fallo de la Corte sobre la JEP —que sella, por cierto, la participación política de las Farc— es el más reciente. Días antes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, anunció su candidatura a la Presidencia y entregó una lista de excombatientes —entre quienes están Jesús Santrich e Iván Márquez— para el Congreso. Las víctimas consideraron la acción una afrenta, pues estos personajes no han contado toda la verdad sobre su responsabilidad en el baño de sangre de décadas de guerra.

Pero tengamos en cuenta un matiz (solo posible en una Colombia que ya vive la paz): consciente de las críticas, Londoño dijo posteriormente que pondría su candidatura a “consideración de la ciudadanía”. Una decisión correcta, que reduce la distancia que le tienen las víctimas.

La tarde del miércoles, las víctimas recibieron otra noticia. El Senado aprobó la creación de dieciséis Circunscripciones Especiales para la Paz. Esto quiere decir que a partir de 2018 las víctimas que viven en las dieciséis regiones más afectadas por el conflicto armado tendrán una representación directa en el Congreso. Ahora el desafió para el Estado —además de avanzar en el Plan Marco de Implementación del acuerdo— consistirá en garantizar que los grupos al margen de la ley no coopten esas curules. Y también en velar por que las víctimas de Los Montes de María, por dar solo un ejemplo, tengan un espacio directo y de alto nivel en la democracia.

Pero alejémonos de los tribunales.

En algunas regiones afectadas por la violencia, la paz ya se construye. Pese a todas las complejidades y fracasos, un ejemplo parcial es el plan de sustitución de cultivos ilícitos. El Estado, como lo concluyeron las Naciones Unidas, hoy llega a regiones en que históricamente estuvo ausente: Guaviare, Putumayo, Caquetá y sur del Meta.

En Puerto Asís, Putumayo, por ejemplo, las comunidades le han apostado al programa de sustitución y han arrancado noventa y ocho por ciento de las plantaciones de coca. Aquí las antiguas Farc han sido esenciales: han respaldado los procesos y, si mantienen su actitud, podrán generar cohesión entre las familias cocaleras que hoy desconfían del Estado.


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Ahora que la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón va a cumplir un año es posible decir que existen algunas regiones que hoy pueden visitarse sin prejuicio, como el sur del Tolima, donde los caficultores avanzan en procesos de exportación. Miremos también hacia el corregimiento El Placer, en Putumayo, donde el Boque Sur Putumayo de las AUC asesinó a once personas y convirtió la zona en su enclave, desplazando al frente 48 de las Farc. Hoy, según nos contaron fuentes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Policía del pueblo anda con pocas armas. En la noche la gente puede salir a la calle, los niños pueden jugar en el parque, la cotidianidad es otra, y así lo reflejan las paredes de algunas edificaciones con mensajes de memoria y reconciliación.

¿No es esta la paz? Sí, la paz imperfecta, ¿pero la paz? ¿La real, la del terreno, la acaso única paz posible?

Algo similar sucede en municipios como Algeciras, Huila, donde el programa de desminado humanitario avanza. Por estos días, los pobladores hablan sobre la tranquilidad que sienten cuando caminan por los senderos, un acto que antes, de inmediato, les generaba miedo. Según la Campaña Colombiana contra Minas, en la zona 3.541 metros cuadrados han sido despejados de minas antipersonal. Y así como Algeciras existen decenas de municipios donde la paz se siente en cosas tan básicas como poder pasear tranquilo por una camino sin temer lo peor.

En El Placer, Putumayo, donde las AUC perpetraron una masacre, hoy la Policía anda desarmada

Doce meses después del acuerdo, paradójicamente, estas historias pasan desapercibidas. A veces nos importan más los agarrones de los precandidatos, o los coscorrones de Vargas Lleras, o la agenda que nos imponen las grandes casas de medios. No tanto los avances de la paz. No tanto las personas —tan ciudadanos como Vargas Lleras, Claudia López o Álvaro Uribe— que hoy tienen una vida distinta. Distinta gracias a la tinta que quedó sobre el papel del acuerdo, pero también a los esfuerzos mancomunados del Estado, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades y miles de ciudadanos.

La historia de Cáceres, Antioquia, es una de esas que no ha llenado los titulares que merece. En este lugar, como lo contamos el pasado 2 de noviembre, la comunidad demuestra que, si las familias que viven de estos cultivos pueden unirse para buscar soluciones a temas prioritarios como las vías en mal estado, la sustitución de cultivos de coca es posible y la cosecha de alimentos puede dejar de ser una utopía.

Quizás no solo ahora que veremos a una parte del país celebrar un año del acuerdo (y a la otra parte, lamentarlo), sino también después, en los momentos difíciles que se nos avecinan, historias como la de Cáceres o El Placer puedan recordarnos que la paz está viva.

Coja, imperfecta, muchas veces frustrante, pero al fin y al cabo viva.

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