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Por: Redacción Judicial – El Espectador

El fantasma de las ejecuciones extrajudiciales sigue rondando a la Fuerza Pública colombiana. El pasado viernes 16 de marzo, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos dio a conocer sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. Uno de los puntos clave que se abordan en el cuarto capítulo de este informe es La seguridad ciudadana en un contexto de paz, en el cual se resalta el tema de las ejecuciones extrajudiciales que aún siguen ocurriendo en el país.

“Cinco presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas en el marco de operaciones de seguridad ciudadana realizadas por las fuerzas militares, lo que demuestra los riesgos de involucrar a los militares en tareas policiales. Otros tres casos presuntamente ocurrieron durante operaciones militares en contra del Eln. Tres más están relacionadas con el presunto uso excesivo de la fuerza durante procedimientos policiales de rutina”, señala el reporte, el cual resalta que en estos casos estarían involucrados tanto militares como miembros de la Policía.

En total, la ONU registró 11 casos de ejecuciones extrajudiciales en 2017 en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima.  De esos 11 casos, ocho habrían sido cometidos por el Ejército y  tres, por la Policía. El informe adjudica estos casos a diferentes causas: falta de mando y control por parte de los comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas; la falta de planificación de las operaciones; y la ausencia de disciplina en la estrategia de los mismos entes de seguridad.

En el mismo informe se destacaron tres casos en los que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales:  el 5 de octubre de 2017, en Antioquia, durante la huelga de trabajadores de plantaciones de banano un hombre murió a consecuencia de disparos de la Policía, 14 personas resultaron heridas y otras fueron presuntamente maltratadas. Otro caso ocurrió el  pasado 4 de abril en Cauca: miembros de la Policía habrían maltratado a dos miembros del Cabildo Indígena en Totoro. Por último, en Cali, una niña de 14 años perdió un ojo por las esquilas de una granada lanzada por la Policía en el Día del Trabajador.


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No se trata de un asunto de poca monta. Desde 2008, hace 10 años, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares están prometiendo esfuerzos máximos para erradicar por completo la práctica perversa de las ejecuciones extrajudiciales, que se resume en el asesinato de civiles que luego son presentados como miembros de grupos ilegales o delincuentes. Este escándalo, más conocido como el de los “falsos positivos”, representa hoy más de mil investigaciones abiertas en la Fiscalía y al menos unas 3.000 víctimas. La discusión actual es si estos procesos pueden o no llegar a la JEP y por qué.

La ONU reitera la importancia de que el Estado garantice el fortalecimiento de las instituciones civil en zonas rurales para evitar la intervención no justificada de las Fuerzas Militares, y también con el fin de que no se produzcan distorsiones o cesiones del poder entre la Policía y los militares. El informe registró que esta situación se presenta aún en zonas como Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.

Finalmente, Naciones Unidas observó que en la mayoría de los casos no se respetan los protocolos de intervención en las zonas rurales, incluso cuando la población expresa su deseo de hacer una denuncia ante la Policía.

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