Foto: Christian Escobar Mora/EPA.

El ELN y el gobierno negocian una salida política al conflicto desde febrero de 2017. Foto: Christian Escobar Mora-EPA

Las víctimas, las mujeres, los afros y los indígenas del Chocó le acaban de hacer un llamado urgente al gobierno y al ELN, que están próximos a reanudar las conversaciones de paz en Ecuador. En una carta firmada por seis organizaciones de la sociedad civil, incluida la Mesa Departamental de Víctimas, los chocoanos le pidieron a las partes que dejen a los civiles por fuera de las “acciones bélicas”, no ocupen sus territorios y no ingresen a “escuelas, templos, hospitales, áreas de producción y territorios sagrados”. El pedido es unánime: “que se haga un acuerdo humanitario para que disminuya el conflicto y se avance en la construcción de la paz”.

La situación que se vive en el departamento es alarmante. A comienzos de este mes, el Frente de Guerra Occidental (FGO) del ELN, que opera en esa zona, informó que 15 días atrás le lanzó “200 kilos de bombas de TNT” a un ‘campamento paramilitar’ en inmediaciones del río Truandó, dejando “47 muertos, heridos y desaparecidos”. Una noticia que no tuvo eco en los medios, pero que da cuenta de la guerra silenciosa que se está librando en el Chocó, en la que esa guerrilla juega un papel protagónico.

Mientras las delegaciones del gobierno y del ELN negocian en Quito, los chocoanos viven un auténtico recrudecimiento del conflicto. Analistas y organizaciones sociales no dudan en señalar que, tras el traslado de las Farc a las zonas veredales, el FGO se ha enfrascado en una disputa a sangre y fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por los territorios que quedaron “vacíos”.

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Basta leer los reportes de la Defensoría del Pueblo: el 4 de marzo el ELN y las AGC combatieron en Alto Baudó, causando el desplazamiento de más de 500 personas y el confinamiento de otras 1.200, el 6 de marzo se enfrentaron en la cuenca del río Truandó, y el 27 de abril el defensor del Pueblo, Carlos Negret, le pidió al gobierno que protegiera a la población de las disputas entre ambas organizaciones.

El pasado 5 de mayo, la Defensoría denunció que comunidades indígenas y negras del Bajo Atrato han sido víctimas de desplazamientos, amenazas, reclutamientos forzados e instalación de minas antipersonal por culpa de la disputa que libran el ELN y las AGC por “el control territorial y poblacional, el manejo de las economías ilícitas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión”.

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Pero el FGO no solo ha prendido las alarmas por cuenta de los combates con los “gaitanistas”. Ese frente, que no tiene representación directa en la mesa de Quito, es el responsable de varios secuestros que le han traído serios costos políticos al ELN. El FGO, que comanda “Fabián”, mantuvo secuestrado al excongresista Odín Sánchez desde abril de 2016 hasta febrero de 2017, cuando se pactó su liberación en la fase exploratoria de diálogos. Además, secuestró en noviembre de 2016 al ciudadano ruso Voskanya Arcen Levoni, que se fugó horas antes de su liberación; retuvo en marzo pasado al soldado Fredy Chaverra y a su compañera Lady Betancur, liberados el 25 de abril, y secuestró a ocho personas el pasado domingo 7 de mayo, que fueron puestas en libertad horas después.

El ELN le lanzó 200 kilos de bombas de TNT a un ‘campamento paramilitar’ en cercanías al río Truandó.

Este martes 9 de mayo, el jefe de la delegación negociadora del gobierno, Juan Camilo Restrepo, se pronunció sobre las acciones militares del FGO. Dijo que “todas estas cosas que están sucediendo muestran que el grupo del ELN en el Chocó es bastante suelto, díscolo, y no parece leer con claridad las instrucciones del Comando Central”. Y agregó que “es urgente que haya un representante del frente del Chocó sentado en la mesa para que tengamos la certeza de que todo el ELN está negociando”.

El investigador Ariel Ávila, que ha estudiado en terreno al FGO, opina que las últimas acciones de esa estructura no dan cuenta de fracturas ni posibles disidencias, sino que responden a las lógicas propias de la negociación: “El Frente de Guerra Occidental perdió la discusión en el V Congreso del ELN sobre si era o no el momento adecuado para iniciar un proceso de paz. Como finalmente triunfó la posición de que era necesario negociar, el FGO aceptó ir por la paz, pero dejando claro que todo debía ser bilateral. En ese sentido, lo que dice ‘Fabián’ es que que los secuestros y los combates están cobijados por las reglas pactadas con el gobierno: que no hay concesiones unilaterales y que se negocia en medio del conflicto”.

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En cuanto a los combates con las AGC, Ávila asegura que no se ejecutan “por sabotear el proceso de paz, sino por una expansión de ambos grupos: las AGC movilizándose de norte a sur y el ELN de sur a norte”. De acuerdo con el investigador, una muestra fehaciente de que el FGO está decidido a conquistar antiguas zonas de operación de las Farc es el hecho de que la liberación de Odín Sánchez se haya realizado en la comunidad indígena Noamaná, antes bajo control del bloque móvil Arturo Ruiz de esa guerrilla.

Para las comunidades y las organizaciones sociales del Chocó, buena parte de la responsabilidad por la crisis humanitaria recae sobre el gobierno. Desde la semana pasada, indígenas y afros están concentrados en el municipio de Riosucio para pedirle al Ejecutivo que brinde seguridad en la zona. De acuerdo con la Defensoría, las comunidades exigen “el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las Farc, que garantizan la no repetición de los hechos victimizantes, la entrega de los territorios libres de actores armados y minas antipersonal, y el reconocimiento de estas comunidades como sujetos de reparación colectiva”.

Claudia Palacios, coordinadora en Chocó de la Ruta Pacífica de las Mujeres, dice que “las comunidades están muy preocupadas por los incumplimientos frente a los acuerdos de La Habana, en los que está implícito que las zonas de donde salían las Farc iban a ser ocupadas por el Estado. Contrario a ello, nuestro territorio está siendo totalmente ocupado por el ELN y por bandas criminales”. Palacios denuncia, además, que el ELN está instalando minas antipersonal en el Bajo Atrato, lo que ha limitado el acceso de los pobladores a las zonas de pesca, de siembra, de aprovechamiento de maderas y de minería artesanal, que son las únicas fuentes de ingreso en la región.

Diana Mosquera, de la Diócesis de Itsmina, también opina que el Gobierno y el ELN no han tomado ninguna medida para aliviar la presión sobre la población civil. Por eso, dice que es urgente que las partes escuchen a los chocoanos: “Esta mesa de diálogos tiene que beneficiar a la población con la disminución del conflicto, pero también con su participación directa en las conversaciones. Es necesario descentralizar los diálogos y hacer un recorrido por las zonas afectadas para que los negociadores tengan idea de qué es lo que quiere la gente”.

Además de enfrentar los embates del conflicto, los habitantes del Chocó desarrollan un paro cívico regional para exigirle al gobierno que cumpla el pliego de acuerdos pactado durante un primer paro realizado en agosto de 2016. Entonces, el Ejecutivo prometió pavimentar carreteras, construir hospitales, mejorar la prestación de los servicios públicos de agua y energía, y ofrecer garantías de seguridad. Promesas que, de acuerdo con los manifestantes, se quedaron en el papel.

Muy lejos de ese escenario, en Quito, el Gobierno y el ELN se encontrarán el próximo 16 de mayo para iniciar el segundo ciclo de diálogos. Las partes retomarán las discusiones sobre el punto de participación de la sociedad y el subpunto de medidas humanitarias. Mientras las delegaciones toman decisiones de fondo, los chocaonos continúan soportando los rigores de la pobreza y de la guerra.

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