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Foto: César Romero-CNMH

Bojayá ha sufrido como pocos municipios el conflicto armado en Colombia. Ahora se enfrenta a un nuevo escenario de violencia. Foto: César Romero-CNMH

“Estábamos empezando a confiar en un Estado que durante años nos abandonó y nos desprotegió. Ahora no sabemos qué hacer”, dice Leyner Palacios al otro lado del teléfono. Está en Quibdó, Chocó, recién llegado de participar en la Cumbre de Premios Nobel de Paz, en Bogotá, donde recibió la medalla al impacto en la comunidad por su labor con la gente de Bojayá, afectada como casi ningún otro pueblo en Colombia por el conflicto armado.

Leyner aprovechó su participación en la Cumbre para entregarle al alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, una grave denuncia que redactaron varios cabildos indígenas y consejos comunitarios de Bojayá: el pueblo “esta amenazado por un movimiento de tropas paramilitares ubicadas en Playa Guaca, perteneciente al municipio de Bahía Solano. Ya la comunidad indígena Nuevo Olivo, ubicada en el río Uva, afluente del río Bojayá, vecina de Playa Guaca, se desplazó en su totalidad”. Son 80 personas que tuvieron que irse del territorio, asediadas por unos 200 hombres armados y uniformados.

Este pueblo, que sufrió en carne propia la guerra y que le apostó a la paz durante el plebiscito del pasado 2 de octubre (el 96 por ciento de los votantes apoyó los acuerdos de paz firmados por el Gobierno y las Farc), vuelve a caer en la incertidumbre. “En Bojayá dicen la palabra ‘paramilitares’ y la gente sale corriendo”, dice Leyner.

A la masacre de mayo de 2002, en la que más de cien personas murieron dentro de la iglesia del pueblo durante un combate entre las Farc y los paramilitares, se suma el pavor que durante los años 90 los ‘paras’ le causaron no solo a Bojayá, sino al Chocó entero. “Ya vivimos el proceso del 96, en el que llegaban a picar cuerpos, a cortar cabezas y a tirar los pedazos de nuestra gente al río”, dice Leyner.

Ante la petición de las comunidades, Sergio Jaramillo gestionó una reunión que tuvo lugar este martes, en Quibdó, con los funcionarios encargados de solucionar la grave situación. En el encuentro estuvieron el general Jorge Salgado, comandante de la Séptima División del Ejército; un alto mando de la Policía, y representantes de los 32 cabildos y las 18 comunidades campesinas y afro que hay en Bojayá. Los resultados fueron similares a los de otras ocasiones: el Estado se comprometió a garantizar la vida de los bojayaseños.

Leyner dice que los hombres armados que se han visto en la región operan bajo el nombre de Los Urabeños, una organización sucesora del paramilitarismo que se conoce en diferentes regiones del país con distintos nombres: el Clan Úsuga, el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¡Pacifista! conoció una imagen en la que uno de esos hombres, uniformado y con fusil al hombro, camina las trochas de uno de los pueblos que aparecen en las denuncias para, según la comunidad, invitar a la gente a que se oponga a la implementación de los acuerdos de paz.

Foto: Cortesía

El hombre en la foto es, según la comunidad de Bojayá, un paramilitar que invita a la gente a no apoyar la implementación de los acuerdos de paz. Foto: Cortesía

En otro aparte, los líderes de esta zona del país señalan en sus denuncias que las “amenazas, control social, extorsión, retenes ilegales y asesinatos y diversas violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos de las comunidades se realizan con la clara complicidad de autoridades locales y regionales, civiles y militares, pues se ubican cerca a los puestos de control de la Fuerza Pública y circulan libremente en pleno día en vehículos reconocidos sin que nadie parezca verlos”.

Mientras varios funcionarios del Gobierno, como el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirman que el paramilitarismo no existe, Leyner Palacios contesta que “no se puede tapar el sol con una mano. Ellos están actuando y eso se nota en toda Colombia, en el Atrato es evidente. Están aquí y todos los vemos, están convocando a reuniones, están operando. No se puede decir que no existen”.

Estos grupos ilegales no solo están en Bojayá. La comunidad chocoana denunció hace poco la presencia de 400 hombres armados y uniformados en el casco urbano del municipio de Río Sucio, en un sitio conocido como La Coquera, de la vereda San José de Balsa. También han visto gente con fusiles en Vigía del Fuerte, en Bahía Solano y en el Carmen del Darién.

Los representantes de los cabildos y los consejos comunitarios están pensando, incluso, en desplazar sus comunidades hacia Quibdó si el Gobierno no hace algo al respecto. “A la presencia militar en la zona hay que sumarle un apoyo institucional. El Estado debe empezar a garantizar derechos para que se acabe la guerra”, señala Leyner Palacios.

Lo cierto es que la comunidad de Bojayá, que vive en medio de la falta de oportunidades y de toda clase de carencias, tiene miedo. “¿Será posible que se vuelva a repetir la tragedia?”, concluye Palacios.

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