Foto: Presidencia

Eduardo Díaz lidera la negociación con los campesinos cocaleros en varias partes del país. Foto: Presidencia

En los últimos días, campesinos de Cauca, Putumayo, Nariño y Meta han chocado con el Ejército. La fuerza pública llegó a decenas de cultivos, equipos en mano, para erradicar de manera forzada plantaciones de coca. Los campesinos, como era de esperar, lo impidieron. Esto produjo fuertes enfrentamientos durante las últimas semanas, que han dejado decenas de heridos y la sensación de que la relación entre el Estado y los cocaleros es cada vez más tensa.

Mientras tanto, el Estado mantiene una línea ambigua en su política de reducción de cultivos ilícitos. Por un lado, insiste en arrancar a la fuerza y sin mayor consideración las plantaciones, pero, por el otro, la Agencia Nacional de Sustitución de Cultivos trata de poner en marcha más de diez planes para que los productores abandonen la hoja de coca. Según Eduardo Díaz, director de la agencia, esta iniciativa da elementos para avanzar en la sustitución “de 60.000 hectáreas”.

¡Pacifista! habló con Díaz sobre cómo construir confianza con los campesinos y, al mismo tiempo, enfrentar las mafias de la coca, sobre la relación del gobierno con la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – Coccam, sobre la responsabilidad de las Farc en el aumento de los cultivos y sobre la posición de Colombia ante la Convención de Estupefacientes.

 

¿Cómo van los programas de sustitución de cultivos ilícitos en el país?

A partir del acuerdo con las Farc hace dos meses, hemos venido trabajando en lograr acuerdos con diferentes comunidades para iniciar la sustitución concertada. Lo hemos hechos en Tumaco, Guaviare, Putumayo, Antioquia, Córdoba, Catatumbo, Arauca, sur del Meta. Si estos acuerdos son exitosos, podríamos dar cuenta de más de 60.000 hectáreas sustituidas voluntariamente.

 

¿Cómo ha sido el proceso de llegar a acuerdos con comunidades tan resistentes como las cocaleras?

Muy difícil. Primero, porque son territorios a los que nunca había llegado el Estado. Pero también porque son territorios donde estaba la guerra y hay actores que se benefician de la coca. Es cierto que hay campesinos que se vincularon al tema de la coca por pobreza, pero también que hay actores que se han beneficiado por cuenta de eso. Esto tiene dos caras. En la medida en que camine el proceso de paz y las Farc, como lo han hecho, se comprometan con la sustitución, avanzamos. Pero también nos hemos enfrentado con actores que no quieren que se acaben los cultivos. No es fácil. Levantar el compromiso tanto de las instituciones como de los campesinos es titánico.

 

Mientras avanza la sustitución, el Estado sigue erradicando de manera forzada. ¿Por qué?

El Estado nunca va a abandonar la erradicación forzada, porque cultivar coca es una actividad ilegal que le cuesta mucho al país. Mientras el proceso de paz estuvo en marcha aumentaron de manera desmedida los cultivos. Hay desconfianza de los campesinos hacia el Estado, pero también de las instituciones hacia el crecimiento de esos cultivos. No esperábamos que los cultivos crecieran en esa magnitud. Además, no todo el mundo va a estar de acuerdo con sustituir. Los campesinos pequeños probablemente sí, pero hay cultivadores grandes, inversionistas de las ciudades que tienen plantaciones inmensas que no responden a la economía campesina. El Estado nunca va a renunciar a erradicar pero queremos que se imponga la política de acordar con las comunidades la sustitución de los cultivos ilícitos.

 

¿Cómo darle confianza a las comunidades cuando por un lado se le presentan planes de sustitución y por el otro viene el Ejército a seguir erradicando de manera forzada?

Eso no es así, la erradicación forzosa siempre ha existido. Los cultivos tendrían que haber dejado de crecer con los acuerdos, y no pasó. Pasamos de tener 44.000 hectáreas a tener 95.000 en diciembre del año pasado, en medio de las negociaciones. Tratamos de evitar que la erradicación y los planes de sustitución ocurran en el mismo sitio. En Nariño, por ejemplo, hemos logrado acuerdos con algunos consejos comunitarios pero hay otras zonas donde no hay acuerdos y existen grandes plantaciones. Entonces, ¿por qué cuenta de un acuerdo en una zona tienes que ser permisivo con otras? ¿Dónde has intentado hacer acuerdos y no se puede te cruzas de brazos?

No esperábamos que los cultivos de coca crecieran en esa magnitud.

 

¿Los bloqueos deben ser el mecanismo para forzar un acuerdo?

Los bloqueos se han convertido en un mecanismo usado por algunos sectores de un tiempo para acá, esperemos poder llegar a un acuerdo rápidamente. Por ejemplo, yo llevo dos años a Argelia, Cauca, para tratar de lograr un acuerdo comunidades. Allí ha habido bloqueos, y hasta muertos. Y en mis narices, en medio de la conversación, los cultivos siguen creciendo. ¿Eso es serio? Allí no hemos avanzado un milímetro en los acuerdos, seguimos discutiendo sobre lo divino y lo humano y los cultivos creciendo.

 

En muchas zonas, los campesinos dicen que los acuerdos no se han concertado con ellos. ¿Eso es verdad?

No. Estos planes se han concertado con las comunidades. Este trabajo no arrancó ayer, lleva mucho tiempo. Esta iniciativa va más allá de lo que el Estado hacía: estamos hablando de una inversión por familia de cerca de 36 millones de pesos. Esto nunca había ocurrido y es una cosa seria e importante. Habrá quien pida cien millones de pesos, pero nuestra respuesta es: “nosotros no estamos comprando coca, amigo”. Estamos tratando de transformar un territorio, de construir paz . Esto no es un negocio para comprar coca.

¿Cómo es su relación con la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –Coccam?

Yo hubiera preferido una coordinadora para sustituir los cultivos. El punto uno de La Habana tiene que ver con más de 2 millones de familias, mientras que las familias cocaleras son 75.000. Claro que es un tema urgente, ese es parte del combustible que alimenta las dificultades que estamos atravesando, pero el tema grueso en este país es la reforma rural integral. En territorios como los Montes de María, donde no hay una mata de coca, se invisibiliza la lucha por la tierra. Eso me preocupa porque entre otras cosas el punto cuatro (drogas y cultivos ilícitos) está subsumido en el punto uno (Reforma Rural Integral). Yo he sido crítico de la Coccam, pero respetuoso: una organización de esa naturaleza debería desaparecer, porque si la sustitución es exitosa ya no tendría objeto. Eso no significa que no sean unos actores con los que hay que hablar. Son líderes respetables, amigos míos, pero ahorita tienen una camiseta nueva.

Los planes de sustitución no son un negocio para comprar coca.

¿Es peligroso que estos campesinos se organicen?

No me parece razonable que ellos se organicen para algo que van a sustituir. Deberían asociarse para luchar por la tenencia de la tierra. Yo soy amigo de la organización de los campesinos, pero qué pasa con campesinos de otros lados que tienen problemas de tierra y no hay coca. No es bueno que el tema agrario, que es el origen de la guerra, termine siendo ocultado por la problemática urgente de los cultivos ilícitos. La organización campesina no se agota allí, va más allá de los productores de coca. El problema de la paz no es la coca, es la solución de la reforma rural integral.

 

Pero para muchos campesinos cocaleros esa reforma debe comenzar sustituyendo los cultivos…

Es imposible resolver la titularidad de la tierra si hay cultivos ilícitos. En Ecuador, por ejemplo, no hay cultivos de coca porque ese problema  se resolvió desde hace años y tener coca cultivada tendría implicaciones en términos de la extensión del dominio. Aquí es lo contrario, el 90% de los cultivos de coca no tienen titularidad. No existe relación de tenencia de ese territorio, y los cultivos están en tierra de nadie. Pero esa tierra debe ser de los campesinos y para ello, en las zonas cocaleras, deben retirarse esos cultivos. Sin coca es mucho más fácil formalizar la tierra.

Foto: Aitor Saez

Como nunca antes, los cultivos de hoja de coca crecieron en el país. Foto: Aitor Saez

El crecimiento de los cultivos se dio con las Farc en el territorio, ¿la guerrilla tiene alguna responsabilidad en eso?

Hay quienes dicen que, por lo menos, la guerrilla hizo un incentivo perverso. El acuerdo hablaba de sustitución, y la gente pudo haber visto una oportunidad para los productores. Otros dicen que hubo orientaciones expresas de “cultiven”, pero yo no tengo prueba de ello.

 

El impacto internacional de esta problemática es evidente. ¿Cómo quedó parado el país ante la Convención de Estupefacientes de Viena?

Colombia ha liderado el tema de cambiar la lógica de abordar el tema de las drogas. Es cierto que en Colombia han crecido los cultivos, pero la demanda en Estados Unidos también ha crecido. La estrategia de golpear a los eslabones más débiles, que se adoptó en el pasado, no produjo los resultados esperados. Esa guerra contra el narcotráfico no fue exitosa. El presidente Santos puso en marcha una nueva estrategia en el país: golpear muy duro a las redes de narcos, pasar de la confrontación a la cooperación con los campesinos y abordar el consumo desde la lógica de la salud pública.

El problema de la paz no es la coca, es la solución de la reforma rural integral.

¿Cómo vieron la postura de Estados Unidos frente a las drogas, ahora que llegó un nuevo presidente?

Ese gobierno ha hecho cambios en todas sus políticas, cambios que sin duda van a afectar a todo el planeta y por supuesto a Colombia. Pero esperaría que el compromiso de la comunidad internacional con los acuerdos de paz, en especial con el tema de drogas,sea todo lo sólido posible.

 

¿En Viena se habló de la responsabilidades de los países donde llega la cocaína?

Eso ha estado en la agenda desde hace años. En los años noventa, el presidente Barco le exigió a la comunidad internacional que se involucrara en esa lucha, que eso no era un problema solo de Colombia. Él decía en la ONU que la mejor cooperación era la lucha contra las organizaciones criminales en sus países. Ese tema ha venido gravitando sobre el país desde hace mucho años.

 

Organizaciones de la sociedad civil colombiana propusieron en Viena regular el mercado de la cocaína, ¿al gobierno le suena esa propuesta?

Que hablen con Otoniel… los compradores son las mafias, ¿cómo así regulada?. Hablar de eso me parece ingenuo, habría que hablar con Otoniel y con el cartel de Sinaloa, ellos son los que manejan el mercado.

ARTÍCULOS RELACIONADOS