Cultivo de coca. Foto por: James Barbosa.

Cultivo de coca. Foto por: James Barbosa.

 

Por: Luis Felipe Cruz Olivera*

El punto de drogas del acuerdo de paz menciona estrategias para la sustitución de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la lucha contra las finanzas ilegales y los grupos narcotraficantes, atención al consumo y la promoción de un debate internacional en torno a la política de drogas. Sin embargo, se quedó corto en dar una solución integral para las comunidades asociadas al cultivo de la hoja de coca. La vieja obsesión de eliminar esta planta en Colombia se reflejó en el acuerdo y en el anuncio del pasado 27 de enero, cuando el Gobierno y las Farc comunicaron los aspectos centrales del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS). De allí surgen al menos dos problemas.

El primero se manifiesta en aquellas dudas sobre la capacidad real que tiene el Estado para reconvertir la economía de las regiones más afectadas por la coca en tan solo un año. Existe un riesgo grande que tan pronto como el Estado defraude las expectativas de las comunidades, estas resiembren la coca, dejando a la policía y al ejército el camino despejado para la erradicación forzada. Al exigir la erradicación previa, tomar como punto de referencia a las familias y no a los territorios o enfocarse en el objetivo de reducir la presencia de cultivos ilícitos, se están repitiendo los errores que en el pasado hicieron fracasar la sustitución.

Si lo que se quiere es transformar una economía y un estilo de vida, no basta con otorgar por 12 meses una remuneración de un millón de pesos a las familias que erradiquen y limpien los terrenos, ni tampoco que se entreguen dineros para la implementación de proyectos de auto-sostenimiento y seguridad alimentaria. El mercado ilegal seguirá siendo el principal incentivo para volver a la hoja de coca, precisamente porque genera ingresos rápidos para las poblaciones en contextos de pobreza rural.

Si bien el PNIS pretende entregar hasta 10 millones de pesos para un proyecto productivo – junto con créditos especiales – y 3 millones de pesos en asistencia técnica a cada familia, no se sabe en dónde encaja la reforma rural integral. El gobierno no se ha pronunciado sobre la implementación del primer punto del acuerdo en los territorios cocaleros, pero sí se ha anticipado a plantear metas de sustitución y erradicación forzada inverosímiles. Vale la pena preguntarse si este esfuerzo de sustituir ve el problema de la hoja de coca como un asunto de economía del desarrollo rural o simplemente como una cuestión de hectáreas a erradicar, visión propia de una política de guerra contra la “mata que mata”.

Es un error creer que a punta de erradicación y sustitución el país se va a deshacer de 100 mil hectáreas de coca durante el 2017, y más grave aún si esa es la solución “definitiva” al problema. Se necesita que alguien ponga orden en el gobierno para que se saque a la política de drogas del enredo institucional de tener dos agencias con tareas similares (la Dirección Atención Integral de la Lucha contra las Drogas de la Presidencia de la República y la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia) y se articule a las agencias de desarrollo rural. También que se pospongan las acciones de erradicación del ejército y la policía, que ya tienen un decreto para incorporar erradicadores civiles, algo que desconoce normas de DIH que exigen a los actores armados evitar afectaciones por minas a miembros de la población civil.

Decir que estas asociaciones deben acabarse porque la coca es una amenaza al proceso de paz es como vender el sofá para curar la infidelidad.

El segundo problema es el carácter coactivo de la sustitución “voluntaria” y la reducción del margen de acción de las comunidades a la hora de negociar la reconversión económica. Esto quiere decir que se intenta reducir la participación de las comunidades, elemento central del post-acuerdo, a la firma de acuerdos colectivos de sustitución para poder lavarse las manos dentro de un año o dos años, cuando los cultivos vuelvan en razón del incumplimiento del Estado, que nunca construyó la carretera ni generó incentivos para la compra de los productos de los programas de sustitución.

Esta asimetría se ve reflejada en el primer acuerdo colectivo que firmaron comunidades rurales y autoridades –el Director para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, el Gobernador de Vichada, el Alcalde Municipal, el Comandante de la Fuerza de Tareas Ares– en el municipio de Cumaribo. Allí la población se comprometió a erradicar 310 hectáreas a cambio de los beneficios entregados del PNIS, sin que se obtuviera un compromiso de desarrollo rural más allá de incorporar el acuerdo a los planes de desarrollo locales.

A esto se suma la actitud del Director para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas frente a las asociaciones de cultivadores de coca, marihuana y amapola no genera confianza para la construcción del PNIS. Decir que estas asociaciones deben acabarse porque la coca es una amenaza al proceso de paz es como vender el sofá para curar la infidelidad. Nadie duda del problema que representan los enclaves de coca en el país, sin embargo negar la calidad política de los cultivadores lleva al fracaso del acuerdo porque las comunidades quizá no se sientan cómodas negociando con una entidad que no los reconoce como un intermediario legítimo, sino como potenciales criminales.

Parece que seguimos pensando en la política del “plante y pa’ lante”, donde no importaba mucho resolverle el problema de desarrollo a las comunidades, sino reducir la presión política al gobierno generada por la presencia de la producción de hoja de coca. La reiterada miopía de las estrategias del gobierno y del punto sobre solución al problema de las drogas ilícitas para enfrentar el reto del aumento de cultivos de coca en el país, podría superarse si se interpreta el acuerdo siempre a favor de la gradualidad y del bienestar de las comunidades. De lo contrario el Estado estaría negociando con un puñal bajo el mantel, amenazando que si las comunidades no se someten a sus condiciones serán criminalizadas y sus cultivos erradicados.

*Investigador de Dejusticia – @lfcruzo

*Esta columna de opinión representa la voz del autor y no compromete la posición editorial de ¡Pacifista!

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