Esta comunidad ha denunciado ocupaciones ilegales de hogares, enfrentamientos y amenazas en el territorio a causa de grupos armados que desde 2017 se vienen identificando como presuntos paramilitares Gaitanistas, Águilas Negras y disidencias de las Farc. Foto: Santiago Mesa

Los indígenas del pueblo Siona sufren intensos enfrentamientos,  son víctimas de reclutamiento forzado y  amenazas. Organizaciones aseguran que disidencias de las Farc, grupos paramilitares ligados al narcotráfico y petroleras estarían detrás de este problema.

Desde comienzos de este año, los indígenas Siona del Putumayo, conocidos popularmente como los guardianes del yagé, denunciaron insistentemente que la mitad de su población estaba siendo víctima de nuevas minas antipersonales y una serie de toques de queda impuestas por foráneos en su territorio. La situación empeoró a mediados de 2017,  cuando se conocieron una serie de amenazas de actores armados que hacen presencia en la zona fronteriza entre Ecuador, Perú y Colombia. Las 12 comunidades que conforman este pueblo, además, conviven hace cinco años con la compañía británica de petróleo Amerisur Resources, la cual tiene licencias en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo.

Llevan meses enteros pidiendo auxilio, haciéndose notar pese al miedo, pero hasta el momento la situación no ha generado un eco nacional. El río Putumayo ha sido el principal escenario de batalla. Los indígenas denunciaron que los grupos armados prohíben navegar de seis de la mañana a seis de la tarde, impidiendo que las comunidades recolecten los alimentos que necesitan para sobrevivir y que puedan, como lo han hecho históricamente, recoger la medicina tradicional del yagé.

Este pueblo ancestral de “gente de chagra y yagé” se encuentra en exterminio, y los llamados para proteger a las 2.668 personas que habitan en seis resguardos —19.400 hectáreas— cada vez se vuelven más agudos. El más reciente lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que dictó medidas cautelares para que el Estado colombiano tome medidas urgentes para ayudar a la población.

¿Quién quiere exterminar a los guardianes del yagé?

Los líderes indígenas Siona, junto a delegados Nukak de Guaviare y Embera, de Chocó, denunciaron ocupaciones ilegales en sus hogares, enfrentamientos y limitaciones en el libre desplazamiento de personas.  A comienzos de 2017, diferentes grupos armados, identificados como Autodefensas Gaitanistas, Águilas Negras y disidencias de las Farc, comenzaron a amedrantar a la población a través de panfletos. Según la comunidad, en los panfletos anunciaron una limpieza social que se está haciendo realidad: cuatro indígenas y tres mestizos han sido asesinados durante el último año.

Por meses enteros llevan gritando auxilio, haciéndose notar pese al miedo, pero hasta el momento la situación solo empeora

“Son muchos grupos armados: un grupo que se hace llamar Farc, que aparentemente es una disidencia del Frente 48; otro grupo que se hace llamar la Mafia, que reúne exmiembros de varios grupos ligados a actividades de tráfico; civiles armados no identificados asociados a narcotráfico; la Brigada de Selva 27 del Ejército, que protegea  la empresa de explotación petrolera y un grupo llamado Comuneros, el cual también haría presencia en Ecuador”, le explicó a Divergentes Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, una de las organizaciones que presentaron la solicitud de medidas cautelares a la CIDH junto con Amazon Frontlines, entre otros.

Por otro lado, para la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC),  también ponente de la solicitud, la desmovilización de las Farc y su concentración en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) en Puerto Asís abrió la puerta a un fenómeno diferente: la presencia de otros grupos armados que se disputan el control de negocios como la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. “Ejemplo de ello es la banda criminal ‘La Constru’, presente desde hace más de tres años en el territorio como productora de cocaína pero, también, como sujeto agente de otras actividades delictivas, tales como homicidios, secuestros, extorsiones, etc., sobre todo, en el casco urbano de Puerto Asís”, describió la organización en el informe que le dirigió a la CIDH.

Foto: Santiago Mesa

La desmovilización de las Farc y su concentración en zonas veredales abrió la puerta a la presencia de otros grupos armados que se disputan el control sobre la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y el poblacional estratégico en este territorio. Foto: Santiago Mesa

En resumidas cuentas, esta comunidad étnica está sumida en diferentes desgracias al tiempo, sin que la sociedad todavía logre entender la verdadera importancia de los ritos ceremoniales y la espiritualidad ancestral que practican. Algunos voceros de los resguardos nos contaron que buscar las “medicinas para purificar el territorio” se ha convertido en toda una odisea, pues en el trayecto pueden pisar una mina o simplemente tienen ciertos espacios vedados por los grupos armados.

“La relación especial e intrínseca que los pueblos indígenas tienen con su territorio es la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia y la manera en la cual la alegada falta de acceso libre a diversas zonas del territorio de un pueblo indígena puede exponerlos a condiciones de vida precarias o a mayor vulnerabilidad”, asegura la CIDH en su informe de medidas cautelares. En el documento, la CIDH también señala que el Estado debe garantizar que la comunidad pueda desplazarse de manera segura por el territorio para realizar sus actividades culturales y de subsistencia. Por ende, retirar el material explosivo y hacer presencia en el territorio debe ser la primera medida.

Según la comunidad, grupos armados llegaron a la zona anunciando una limpieza social que ya lleva siete personas asesinadas

Mientras se negociaba el Acuerdo de Paz en La Habana, cuenta la OPIAC y el pueblo Siona, la situación “se calmó un poco”, pero ahora hay un ambiente de incertidumbre porque ya no saben quién es quién en el territorio. La Guardia Indígena, por su parte, debe hacer control territorial brindando explicaciones sobre sus procesos y con extremas limitaciones. Otras actividades como la cacería, pesca, recolección y  gobernanza, vinculadas a la realización de ceremonias de toma de yagé y yoco, también se han visto tremendamente afectadas. Las jornadas de educación y salud, así como el transporte de productivos y provisiones, también son muy complicadas de realizar.

Situaciones en particular han llamado la atención de las autoridades. De acuerdo con información otorgada por organizaciones a la CIDH, en marzo de este año se habría instalado un laboratorio de procesamiento de pasta de cocaína en Puerto Silencio, Resguardo Gonzaya, a pocos minutos de donde habitan los Siona. A finales de marzo, además, un actor armado ilegal habría alertado sobre la llegada de otro grupo estaría disputando el control de la zona, solicitando que la población sirviera como informante, y hace unos meses un actor armado ilegal habría dirigido un censo sobre las hectáreas de coca sembradas por cada finquero y la producción que cada uno de ellos deberían entregar. ¿En qué terminará tanto martirio?

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