Foto: Catalina Ballesteros Garzón - Corporación Humanas

Foto: Cortesía de Catalina Ballesteros Garzón – Corporación Humanas

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Una reciente declaración del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tiene muy preocupadas a las mujeres cocaleras. El pasado 18 de abril, en la plenaria del Senado en que se debatió sobre el problema del “pandillismo”, Martínez le pidió al Gobierno que no presente uno de los puntos del acuerdo de paz que el presidente Juan Manuel Santos firmó con las Farc: el que contempla la reducción de penas para mujeres pobres cabeza de familia que hayan sido condenadas por delitos relacionados con drogas.

Esa parte del acuerdo, que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias, fue calificada por el fiscal como “una iniciativa absolutamente dañina”. La razón, según Martínez, es que “si mandamos el mensaje de que habrá un tratamiento diferenciado para la mujer, que ya está involucrada en la industria ilícita de las drogas, las organizaciones criminales terminarán volviéndola carne de cañón”. Por eso, le pidió al gobierno que no tramite ante el Congreso el proyecto de ley para beneficiar a las mujeres, que está expresamente contemplado en el acuerdo que se firmó en 2016 en el Teatro Colón.

No es la primera vez que el fiscal intenta frenar la implementación de ese apartado del acuerdo. A finales de 2016, cuando el Ministerio de Justicia elaboró una primera propuesta sobre el tema, Martínez alegó públicamente que la iniciativa, “lejos de favorecer a la mujer, estimula su utilización por los carteles de la droga y la expone a la revictimización”. El entonces ministro de Justicia, Jorge Londoño, defendió la propuesta y declaró que no solo obedecía a lo pactado con las Farc, sino a recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El documento contemplaba rebajas de penas, prisión domiciliaria por motivos familiares, permisos para trabajo y estudio con vigilancia electrónica, suspensión de ejecución de penas y libertad condicional para mujeres que no fueran cabecillas de organizaciones criminales. El beneficio se aplicaría por una sola vez y la reincidencia en el delito sería motivo suficiente para su inaplicación. Pese a que respondía a lo acordado en La Habana, el texto se quedó frenado en el despacho del presidente. Desde entonces, el tema no se ha vuelto a dinamizar en el alto gobierno: faltan las revisiones del presidente Santos, del alto comisionado para la Paz, del ministro del Posconflicto y de la Comisión de Seguimiento a la Implementación.

Consultada por ¡Pacifista!, una fuente del Minjusticia aseguró que la demora en la presentación del proyecto ante el Congreso se debe a la férrea oposición del fiscal, que tiene asiento en la Comisión Nacional de Estupefacientes, y a que al presidente Santos tiene otras prioridades, como el trámite de las leyes sobre desarrollo rural, regulación de la Jurisdicción Especial para la Paz y reforma política.

Y aunque por ahora se desconoce el contenido del proyecto que el gobierno le presentará al Congreso, el llamado del fiscal generó profundas molestias en el movimiento de mujeres cocaleras y en las organizaciones sociales que las acompañan. El pasado lunes, la oenegé Humanas Colombia, que trabaja con el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas y con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, emitió un duro comunicado en el que declaró que “el fiscal es quien debe entender que la cárcel no protege a las mujeres de ser instrumentalizadas” por los narcotraficantes, que “el enfoque de género pactado en los acuerdos de paz no puede ser negociable” y que el gobierno debe cumplir sus compromisos con la implementación.

Foto: Catalina Ballesteros Garzón – Corporación Humanas

Luz Piedad Caicedo, subdirectora de Humanas, opina que, contrario a lo que declaró Martínez ante el Congreso, el gobierno debe tomar todas las medidas que sean necesarias para beneficiar a las mujeres condenadas por delitos de narcotráfico. La razón es que, según ella, “las motivaciones de las mujeres para cometer esos crímenes están relacionadas con las obligaciones que tienen con su familias y con la sociedad, en términos de tener que ser responsables del cuidado de sus hijos o de adultos mayores, en entornos donde predomina el desempleo”. Y agrega que “no estamos frente a delincuentes peligrosos, sino a mujeres a las que la sociedad no les ha brindado oportunidades para escoger una vida distinta”.

Por eso, Caicedo opina que “en vez de castigar a las mujeres, el fiscal debería perseguir a los narcotraficantes y apoyar la construcción de una política pública para que ellas tengan trabajo y estén protegidas de la violencia”.

No obstante, Martínez fue enfático ante el Congreso: “Esta iniciativa, de llegar al legislativo sin tener siquiera un límite en el tiempo, constituiría un llamamiento a utilizar a la mujer en el narcotráfico”. Quiere decir que, al rebajarles la pena, habría un estímulo para que las organizaciones criminales usen a las mujeres para la comisión de más delitos.

Según las propias cifras de la Fiscalía, entre 2010 y 2017, al menos 56.600 mujeres han sido procesadas por delitos de drogas, frente a los 47.939 hombres investigados por hechos similares.

Las lideresas, por su parte, insisten en que el gobierno debe elaborar y presentar ante el Congreso la ley pactada en Cuba. Leidis Maigual, de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, integrada por cocaleras, opina que las mujeres que transportan pasta de coca en pequeñas cantidades lo hacen por culpa de la pobreza: “Las mujeres que trabajan en los pueblos y a las que les ofrecen la oportunidad de ‘muliar’ lo hacen porque no hay empleo, no hay empresas o ni siquiera pudieron terminar la primaria”. Maigual también pone sobre la mesa el complejo debate sobre la justicia que generó el acuerdo de paz: “Hay muchas mujeres que están presas y que, además, son viudas por culpa de la violencia. Entonces, si les van a dar libertad a los que han asesinado a nuestros esposos, por qué no van a liberar a las mujeres que arriesgaron sus vidas para darles de comer a sus hijos”.

En su estudio de 2016, titulado Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento, el constitucionalista Rodrigo Uprimny y otros cuatro investigadores  del centro Dejusticia concluyeron que la mayoría de las mujeres procesadas por narcotráfico son cabeza de hogar, pobres, desempleadas y sin acceso a la educación superior. El documento resalta que 84 por ciento de las mujeres que están recluidas en cárceles solamente han sido procesadas por delitos de drogas, no fueron judicializadas por delitos violentos y no pertenecen a organizaciones criminales. Mejor dicho, que no han cometido delitos violentos, desconocen a los altos mandos de dichas organizaciones, y por ende, no representan un peligro para la sociedad.

Por ahora, y a pesar de las negativas del fiscal Néstor Humberto Martínez, la pelota sigue en manos del gobierno, que debe presentar el proyecto de ley. En el acuerdo de paz, el presidente Santos se comprometió a presentar el proyecto de manera “prioritaria” y durante la vigencia del fast track.

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